El derecho a la universidad y la ley de presupuesto nacional

En estos meses el Poder Ejecutivo ha estado preparando el proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal. Este expresa el plan del gobierno para cumplir con los compromisos asumidos con la ciudadanía al ser elegido. En el área de la educación el programa del Frente Amplio aspira a alcanzar el 6% del PIB para educación y el 1% para investigación. Esta aspiración será muy difícil de alcanzar si tomamos en cuenta las señales que viene dando el Poder Ejecutivo: hay poco espacio fiscal y hay que ser “parcos” en el incremento del gasto público. También, insisten en que no se pueden tomar medidas tendientes a la transformación de la política fiscal, en especial en materia de exoneraciones otorgadas a aquellos que, según su perspectiva, mueven la economía: grupos concentrados nacionales e internacionales que invierten en el país.

El poco margen que deja este discurso (un tanto derrotista) limita la imaginación y la discusión, en primer lugar en el ámbito parlamentario, espacio en el que la ciudadanía organizada puede solicitar cambios en los montos asignados en las áreas programáticas. También sostiene un clima de falta de esperanza de que algo pueda ser distinto, que resulta desmotivante.

Sin embargo, desde el movimiento sindical y varios académicos se ha traído al debate la posibilidad de generar más recursos a través de la redistribución de la riqueza, en particular a través de un impuesto al 1% más rico de la población. Una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana de agosto de 2025 muestra que el 51% está de acuerdo con implementar un tributo de este tipo. También se han mencionado otras políticas fiscales como el impuesto mínimo global para trasnacionales, la modificación del régimen de promoción de inversiones o la introducción del IVA para compras por internet en grandes plataformas, como la china Temu, las que podrían incorporarse en la ley de presupuesto.

Existen otras posibles formas de aumentar la recaudación para contribuir a aumentar el presupuesto para la educación y la investigación. Por ejemplo, las instituciones de enseñanza privada están exoneradas de impuestos nacionales y municipales, incluidos los aportes patronales a la seguridad social; sin embargo, la universidad pública aporta 19,5%, mientras otros entes autónomos y servicios descentralizados de dominio industrial y comercial aportan 7,5%.¹ Estas desigualdades en contribuciones generan condiciones de competencia desigual en un largo ciclo de creciente mercantilización y privatización de la educación.

En suma, sostenemos que la definición de la capacidad financiera que tiene un gobierno para destinar recursos a ciertos rubros, el “espacio fiscal”, es una decisión política (aunque se argumente con lenguaje técnico, presuntamente carente de ideología). Por ejemplo, desde 2017 viene creciendo el aporte de Rentas Generales para atender el déficit de la Caja Militar que llegó, según resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de junio de 2025, a 583,5 millones de dólares anuales, próximo al 0,7% del PIB. Dato curioso: actualmente el presupuesto de la Udelar representa 0,8% del PIB.

La otra parte del debate es sobre qué priorizar al distribuir los recursos disponibles. Parece haber un acuerdo a nivel social sobre la urgencia de responder a la creciente desigualdad que se expresa mayormente en condiciones de pobreza experimentadas por un gran número de niñxs, adolescentes y sus familias. Si se busca reducir la desigualdad entre ricos y pobres, se requiere invertir en tres esferas para achicar esa brecha: educación, salud y servicios públicos.²

Invertir en educación es invertir en el país y en el futuro de las próximas generaciones

Desde hace muchos años está instalada la demanda de alcanzar un 6% del PIB para la educación pública. Este número proviene de las recomendaciones de la Unesco para asegurar una inversión adecuada para contribuir a la construcción de sociedades más equitativas y reducir la desigualdad. En 2024, según datos oficiales, Uruguay invirtió el 4,7% del PIB en educación. El gasto total en educación terciaria en Uruguay está por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); además, Uruguay gasta menos por estudiante universitario en la región.³ En 2024, el presupuesto de la Udelar representó casi el 0,8% del PIB.⁴

En los últimos años hubo reducción de presupuesto (2020-2022) y posterior crecimiento (2023-2024)⁵. Al mismo tiempo que se redujo el presupuesto para la Udelar, explotó la matrícula estudiantil y sostuvimos las tres funciones universitarias a pesar del contexto de incertidumbre que significó la pandemia. En 2020 había 143.000 estudiantes, mientras que en 2024 hubo 170.000 y la cantidad de horas docentes se mantuvo estancada. La insuficiente inversión en la principal universidad pública que tiene el país afecta el ejercicio del derecho a la educación, limitando el poder de respuesta de la institución a la creciente demanda de jóvenes que acceden al nivel superior. Esta situación impacta la calidad de la experiencia educativa, en particular en las condiciones laborales de docentes y funcionarios, que tienen menos tiempo para cada estudiante y más trabajo sin remuneración extra. El efecto acumulado de la falta de inversión en educación se evidencia en la numerosidad, la precarización laboral y el deterioro de edificios y laboratorios que limitan las posibilidades de mantener y expandir el desarrollo de la enseñanza y la investigación.

La situación está llegando a niveles críticos y requiere atención urgente para evitar estar en un punto de no retorno. Aumentar la inversión pública en educación es fundamental para garantizar el ejercicio de este derecho humano fundamental y reducir la desigualdad social. Evitar el deterioro y revertir el desgaste sufrido en los últimos años en los que hubo una reducción del presupuesto universitario, mientras siguió creciendo la cantidad de estudiantes y la universidad, incrementó su presencia en distintas regiones del país, demanda creación de cargos, becas para estudiantes y mejoras salariales para docentes y funcionarios.

La solicitud presupuestal de la Udelar, construida de forma cogobernada y considerando el contexto económico, se expresa en el Plan Estratégico de Desarrollo 2025-2030.⁶ Entre sus principales objetivos está promover el derecho a la educación y al trabajo en la vida universitaria, garantizando el acceso equitativo y con las mismas oportunidades de ingreso y egreso, así como bienestar para la comunidad universitaria. Entre otras propuestas, se propone equiparar de manera progresiva los salarios universitarios con los de la Universidad Tecnológica (UTEC) para 2026 y con los de la región para el final del quinquenio, y atender la demanda de ingreso al régimen de dedicación total (principal instrumento con el que cuenta la Udelar para afianzar personal altamente calificado dentro de la institución). Asimismo, garantizar condiciones mínimas para el desarrollo de las trayectorias estudiantiles alcanzando el 100% de satisfacción de las solicitudes de beca evaluadas positivamente.

Es imperativo garantizar una inversión suficiente en la educación para los próximos cinco años para poder hacer frente a las enormes dificultades en las que se está desarrollando la enseñanza universitaria y que afecta las experiencias de estudiantes y precariza las condiciones laborales de docentes.

El deterioro de las condiciones laborales y salarios docentes en la Udelar afecta particularmente a más del 60% de sus docentes que tienen cargos de formación (grados 1 y 2). De esta cifra, más del 60% son mujeres. A la vez, aproximadamente un tercio de los/as docentes de la Udelar tiene una carga horaria de menos de 20 horas semanales. Es decir que la gran mayoría del plantel docente que sostiene las tareas de enseñanza, investigación y extensión son personas sobreexigidas, con salarios bajos⁷ y con contratos laborales a término, lo que genera poca estabilidad e incertidumbre a nivel del desarrollo de la carrera. Se ven empujados al multiempleo y, muchas veces, terminan optando por dejar de intentar desarrollar su trayectoria profesional en la Udelar, yéndose fuera de Uruguay o trabajando en otras instituciones públicas y privadas. En este sentido, recordamos una obviedad: la calidad del empleo que ofrece cualquier institución se conecta con las posibilidades de futuro personales y colectivas. En el escenario de ahogo presupuestal en el que se encuentra la Udelar se hace cada vez más difícil garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo de miles de profesionales con alta calificación que forman, a su vez, a futuros profesionales que luego se insertan en distintos ámbitos de la vida del país.

El futuro del país requiere invertir en educación. El nivel terciario es fundamental para formar las capacidades que demandan las transformaciones ecológicas, tecnológicas y sociales del mundo actual. La universidad, además, es central en el terreno de la investigación, contribuyendo al avance del conocimiento, la innovación tecnológica y la creación. Es la institución que en Uruguay aporta más a la producción y democratización del conocimiento, pudiendo dar respuestas a múltiples problemas del país y vinculándose con amplios sectores sociales a través de diversas formas y experiencias de extensión universitaria. También es un lugar donde se crean oportunidades laborales para jóvenes profesionales e investigadorxs que se vuelcan en el desarrollo de capacidades nacionales para alcanzar mejor calidad de vida del conjunto de la sociedad. La Udelar está al servicio del país. Por eso, invertir en la Udelar es invertir en el país. Y es saber cumplir.

Mariana Achugar, Sabrina Álvarez, Graciela Carreño, Andrés Cuña, Nicolás Marrero, Marcelo Pérez, Julio Pereyra, Cristina Rundie y Matías Valdés integran el Comité Ejecutivo de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República.