El Estado excluye: el retroceso en la inclusión laboral de personas con discapacidad

En 2024, sólo el 0,43% de los ingresos a organismos públicos fueron de personas con discapacidad. La ley exige un mínimo del 4%. Esta brecha no es un mero incumplimiento técnico: es una expresión concreta de exclusión institucional.

Uruguay ha sido históricamente pionero en consagrar derechos sociales; sin embargo, cuando se trata de cumplir con la normativa que garantiza la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Estado, los números revelan una realidad muy distinta de la que proclamamos. El informe publicado por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) en mayo de 2025 lo evidencia con crudeza: de un total de 19.810 ingresos al Estado durante 2024, sólo 81 correspondieron a personas con discapacidad.

La magnitud del incumplimiento no sólo es legal: es simbólica y estructural. Significa que más de 700 personas que podrían haber accedido al empleo público –con sus derechos, estabilidad y desarrollo profesional– simplemente quedaron fuera. El retroceso es aún más alarmante si consideramos que en 2023 se había alcanzado el mayor registro histórico (121 ingresos), lo que convierte a 2024 en un año de clara regresión.

Del discurso a la realidad: una inclusión en retroceso

Este escenario se produce a pesar de mejoras normativas. Desde la aprobación de la Ley 20.075 en 2022, el cálculo del cupo obligatorio se actualizó para contemplar el total de “puestos a ser llenados” y no sólo las vacantes generadas. Esta modificación fue una respuesta a múltiples demandas desde la sociedad civil, que reclamaban mayor claridad y exigibilidad. Sin embargo, como ocurre tantas veces en el campo de los derechos, la implementación no ha seguido el ritmo del marco legal. De hecho, apenas seis organismos públicos –entre ellos, Antel, el Banco República, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Flores– cumplieron con la cuota legal. El resto, en su mayoría, ni se aproximó. Más grave aún: ninguna de las personas jurídicas de derecho público no estatal incorporó a personas con discapacidad en 2024, a pesar de estar obligadas legalmente a hacerlo.

¿Quiénes ingresan y en qué condiciones?

De las personas con discapacidad que lograron ingresar al Estado en 2024, el 51% fueron hombres y el 49% mujeres, con una edad promedio de 35 años. El 59% se encuentra en la franja de entre 30 y 45 años. Este dato etario es relevante: muchas personas con discapacidad deben esperar años para acceder a un empleo digno, cuando no quedan directamente al margen del sistema laboral durante toda su vida activa.

En cuanto a la distribución geográfica, Montevideo concentra la mayoría de los ingresos, seguido por Canelones y Flores. La enorme centralización territorial del empleo público inclusivo evidencia otra dimensión del problema: el acceso es desigual según el lugar en el que se viva.

Respecto de los perfiles laborales, el 75% de las personas ingresadas cumplen funciones administrativas, el 19% entraron como auxiliares, apenas el 4% en tareas técnico-profesionales y el 2% en oficios. Esta concentración funcional limita no sólo las trayectorias profesionales posibles, sino también la percepción social sobre lo que una persona con discapacidad puede o debe hacer.

En cuanto al tipo de discapacidad, las dificultades motrices son las más representadas, seguidas por las auditivas y del habla, y luego por las psíquicas o intelectuales. La persistencia de este patrón sugiere que ciertas discapacidades siguen enfrentando más barreras que otras para ingresar al mundo laboral público, ya sea por prejuicios, falta de formación de los equipos evaluadores o ausencia de condiciones adecuadas.

Desde el año 2000 hasta 2024, el total de personas con discapacidad empleadas por organismos estatales y personas jurídicas públicas no estatales fue de apenas 1.018 personas. Esta cifra, a lo largo de más de dos décadas, deja a la vista la insuficiencia del esfuerzo institucional sostenido. Políticas sin planificación son sólo gestos.

La inclusión laboral efectiva requiere más que legislación. Exige planificación institucional, compromiso político y formación especializada. No alcanza con tener la norma. Hay que pensar y presupuestar los cargos, diseñar llamados inclusivos, capacitar a los tribunales de selección y garantizar ajustes razonables en el puesto de trabajo. También hay que derribar los prejuicios funcionales: las personas con discapacidad pueden y deben ocupar todo tipo de tareas, y no sólo las que históricamente se han considerado “posibles”.

Además, sería clave que la ONSC publique y difunda buenas prácticas y experiencias exitosas de organismos que hayan logrado cumplir la cuota e incluso superarla. En lugar de mantenerlas como excepción, debemos transformarlas en modelo. El informe 2024 plantea con claridad una paradoja: hay normativa avanzada y voluntad expresada en los textos, pero hay ausencia de voluntad efectiva en la acción. Y mientras tanto, cientos de personas se siguen quedando al margen.

Una deuda que interpela a todo el sistema

Cumplir el cupo no es una cuestión de caridad o mérito excepcional. Es un acto de justicia. Es asumir que la discapacidad no está en la persona, sino en los entornos que no se adaptan. Y que el empleo, además de ser un derecho, es un factor clave para la autonomía, la inclusión y la vida digna.

Cuando el Estado excluye no sólo incumple una ley: transmite un mensaje de legitimación de la exclusión. Si el propio aparato público reproduce desigualdad en lugar de combatirla, difícilmente podrá liderar transformaciones estructurales hacia una sociedad más justa.

Incluir es garantizar condiciones reales de equidad, diversificar perfiles, descentralizar oportunidades y transformar procedimientos. Y, sobre todo, es reconocer que la presencia plena de personas con discapacidad en el empleo público no debilita la institucionalidad, sino que la fortalece. La inclusión no es opcional. Es urgente, es moral y es posible. La ley ya existe. Lo que falta es decisión.

Nicolás Tauber es estudiante universitario.