La atención de la salud mental en Uruguay atraviesa hoy una contradicción estructural: por un lado, la urgencia de avanzar hacia modelos comunitarios, inclusivos y basados en derechos, y por otro, una presión social e institucional creciente por respuestas inmediatas, cada vez más medicalizadas y centradas en el síntoma.
Esta tensión se agrava en un contexto fragmentado, con vínculos debilitados, una alta percepción de soledad y profundas inequidades sociales que actúan como determinante y también como limitante. Los indicadores de salud muestran que el sufrimiento psíquico es, cada vez más, la expresión de la exclusión social, la precariedad y la erosión de la vida en comunidad.
El desafío de transformar el modelo de atención –de uno biomédico, asilar y hospitalocéntrico, a uno comunitario y biopsicosocial– se enfrenta hoy a fuerzas contradictorias que enlentecen o distorsionan la transición. A la complejidad de la situación actual contribuyen diferentes factores:
Una transición inconclusa del modelo de atención: existe un consenso global sobre la necesidad de abandonar el modelo centrado en el hospital y la enfermedad, para construir un enfoque comunitario, integral y basado en la autonomía de las personas, con un marco legal que reconoce esta orientación hace años. Sin embargo, la traducción de ese consenso en la práctica cotidiana es todavía parcial. La demanda de cambio no siempre cuenta con respaldo presupuestario suficiente, pero sobre todo carece, en muchos casos, del convencimiento real y sostenido de todos los actores involucrados. Se proclama un enfoque de derechos y autonomía, pero las estructuras continúan siendo rígidas, fragmentadas y con procesos de recuperación incompletos y discontinuos y, sobre todo, excluyentes del colectivo.
La cultura de la inmediatez y la medicalización del malestar: el sistema enfrenta una presión externa dual que amenaza sus capacidades reales: se le exige resolver rápidamente padecimientos que muchas veces son reactivos, existenciales o sociales, más que estrictamente patológicos. Ante la falta de tiempo, recursos, dispositivos comunitarios y contención, se tiende a patologizar respuestas normales frente a contextos adversos. El fármaco se convierte en la solución rápida para problemas cuyo origen está en la soledad, la violencia, problemas de vivienda o la precariedad laboral. Así, la medicalización del sufrimiento termina funcionando como una suerte de “tapadera” del problema, pero no de abordaje de su raíz.
La brecha de los determinantes sociales: no podemos hablar de una “salud mental única” cuando las condiciones de vida son profundamente desiguales. La salud mental está intrínsecamente ligada al territorio, al nivel de ingresos, al acceso a servicios básicos y a redes de apoyo. Mientras algunos sectores reclaman bienestar, desarrollo personal y “optimización” de su desempeño, otros conviven con patologías graves asociadas a la exclusión, la violencia, el consumo problemático y la falta de dispositivos de cuidado. El mapa de la salud mental en Uruguay es también un mapa que muestra la desigualdad.
En suma: el desafío no es solo del sistema de salud, sino también político, económico, social y cultural. Se le pide a la salud mental que repare lo que la sociedad no construye –o directamente destruye–, y muchas veces se responde medicalizando el síntoma en lugar de intervenir sobre las causas estructurales.
La realidad de 2026 muestra que Uruguay ya no tiene un problema de diagnóstico, sino de logística de atención. Sabemos que hay que hacer –incluso la ley lo define con claridad–, pero no hemos logrado organizar el “cómo”: cómo organizar una atención continua, integrada, que acompañe procesos y no se limite a intervenciones aisladas y fragmentadas; cómo gestionar los problemas estructurales que son parte de los determinantes y también de los tratamientos.
En este escenario y, pensando exclusivamente desde la mirada de salud, el mayor obstáculo para la reforma de la atención en salud mental no es únicamente la falta de recursos económicos, sino la fragmentación del abordaje, la sobremedicalización y la resistencia al cambio. Los distintos actores –instituciones, equipos, agrupaciones profesionales, comunidades– suelen percibir el cambio más como una amenaza que como una oportunidad, perdiendo de vista que el objetivo común exige el aporte imprescindible desde cada uno. Pero, además, el área salud necesariamente necesita la comprensión y la acción de otras áreas que muchas veces no se percibe como involucradas.
El mayor obstáculo para la reforma de la atención en salud mental no es únicamente la falta de recursos económicos, sino la fragmentación del abordaje, la sobre-medicalización y la resistencia al cambio.
Si se quiere avanzar en la atención de la salud mental, de verdad es necesario:
Reformar los modelos de atención y, en consecuencia, de pago y de organización del servicio, dejando de remunerar actos aislados para pasar a financiar procesos de atención y resultados. Un acto puntual en salud mental rara vez es eficiente; lo que importa es la continuidad y la integralidad del cuidado.
Conectar efectivamente la red de dispositivos, de modo que la persona pueda acceder con fluidez al recurso que necesita en cada etapa del proceso, sin quedar atrapada en derivaciones interminables o en esperas o coordinaciones que cronifican el malestar.
Despatologizar el malestar psíquico y lo reactivo, evitando el error de asumir que todo sufrimiento requiere la intervención de un psiquiatra. Este enfoque saturó el sistema, desplazó otros saberes y redujo la complejidad de la vida a diagnósticos y prescripciones.
En este marco, el protagonismo del primer nivel de atención, con equipos interdisciplinarios capaces de abordar lo social y lo emocional antes de que se conviertan en patologías graves, ya no puede quedar solo en los documentos ni en los discursos. Debe traducirse en presencia territorial, tiempo de escucha, trabajo comunitario y capacidad real de resolución.
La comunidad –escuelas, clubes, centros barriales, organizaciones sociales y culturales– también debe ser reconocida y fortalecida como parte del sistema de atención de la salud mental. No como un “actor secundario”, sino como un espacio central donde se entretejen o se rompen los vínculos que sostienen la vida cotidiana.
Para que esta reforma sea posible, se requieren algunas herramientas:
Una gobernanza clara, que ordene la interinstitucionalidad necesaria, defina responsabilidades y evite la dispersión de esfuerzos.
Un monitoreo real del funcionamiento, que permita ver en tiempo real qué está ocurriendo con la atención, dónde se generan los puntos críticos y qué resultados se están obteniendo.
Definiciones claras de costos por proceso de atención, desde el primer contacto hasta la recuperación, que permitan planificar con realismo y evaluar la eficiencia del sistema.
Un primer nivel de atención verdaderamente resolutivo y articulador, que sea puerta de entrada, pero también de acompañamiento y continuidad, y no un simple filtro burocrático.
Sin embargo, la estrategia más importante para todos los niveles de prevención en salud mental es recuperar la conexión social en el sentido más amplio: la conexión entre personas, entre los equipos de salud, entre las instituciones y con los territorios que habitan.
El país no necesita únicamente más consultas ni más medicamentos. Necesita más continuidad, más redes de apoyo, más coherencia entre lo que su marco normativo propone y lo que su sistema de salud y su entramado social efectivamente ofrecen. Resolver el dilema de la atención de la salud mental hoy implica asumir que la respuesta no está solo en el sistema de salud, sino en la forma en que decidimos organizarnos como sociedad.
Para que la reforma sea real, la articulación y la comunicación efectiva de todos los actores tienen que existir, fortalecerse, aceptarse y persistir.
Fernanda Nozar es profesora titular de Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y fue directora general de Salud.