A fines de abril hubo dos iniciativas en la Cámara de Representantes para formar comisiones investigadoras sobre la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El Frente Amplio (FA) propuso una que analizara la gestión del directorio encabezado por Leonardo Cipriani durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, por la cual el actual directorio de ASSE ya había presentado una denuncia penal. El Partido Nacional (PN), apoyado por el Colorado y el Independiente, impulsó otra investigadora que abarcara desde 2015 hasta la gestión en curso, comandada por Álvaro Danza.
Los proponentes no se pusieron de acuerdo para fusionarlas y, en una sesión plenaria muy caldeada del plenario de Diputados, ninguna moción obtuvo mayoría. A los tres partidos opositores que coordinan como Coalición Republicana, una vez más con el apoyo de Identidad Soberana, les faltaba un voto para sumar 50 en 99; al FA, esta vez sin apoyo cabildante, le faltaban dos. El episodio confirma datos políticos preocupantes y deja planteadas preguntas problemáticas.
Desvirtuadas y devaluadas
El breve artículo 120 de la Constitución establece, en términos muy amplios, que “las cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación”. Su ubicación en el capítulo IV del texto constitucional, después de sendos artículos referidos a pedidos de informes y llamados a sala, indica en forma bastante obvia por qué se le proporcionó al Poder Legislativo esa herramienta. Sin embargo, nada impedía formar comisiones investigadoras sobre cualquier asunto hasta que la Ley 16.698, aprobada en 1995, estableció un acotamiento a “situaciones que se consideren ilícitas o irregulares, a los efectos de asesorar al cuerpo [a la cámara que las forme] respecto al ejercicio de los poderes jurídicos de control administrativo o la promoción de un juicio político” y a partir de denuncias “con fundamento”.
La situación típica de contralor parlamentario se refiere a actuaciones del Poder Ejecutivo en el mismo período de gobierno en el que el Parlamento decide investigar, por lo general a partir de una iniciativa opositora. Con el paso de los años, se ha ido consolidando una tendencia a la indagación retroactiva propuesta desde el oficialismo, luego de una alternancia en el gobierno nacional y acerca de hechos ocurridos en el período anterior. En los últimos tiempos se agregaron prácticas reactivas: cuando uno de los bloques que compiten por el gobierno nacional plantea investigar lo hecho por el otro, este replica con una propuesta que abarca lo hecho por el primero.
El desenlace buscado suele ser que el Parlamento envíe el resultado de las investigaciones al sistema judicial, para que este decida si corresponde formalizar un proceso, y muy a menudo el “pase a la Justicia” se produce cuando esta ya ha recibido denuncias formales y trabaja profesionalmente en el asunto, sin que las actuaciones parlamentarias aporten algo significativo.
Todo esto ha devaluado la herramienta, y la novedad en este período de gobierno es que la composición de la Cámara de Representantes puede derivar en resultados como el de esta semana, que poco enaltecen la potestad de investigación parlamentaria.
Lo que el FA quería investigar en Diputados ya fue denunciado. La oposición puede presentar sus propias denuncias, y debería hacerlo si considera verosímil la existencia de delitos. Los cuestionamientos partidizados a la Fiscalía no ayudan a que su labor sea esperada con respeto y confianza por la sociedad, pero esa desgraciada circunstancia no cambiaría si se hubieran formado una o dos comisiones investigadoras sobre ASSE.
Después pasa lo que pasa
El diputado nacionalista Pablo Abdala afirmó que la sesión del martes para tratar las propuestas de comisiones investigadoras sobre ASSE iba a ser “de alto contenido político”, pero a la vista quedó que no se refería a contenidos de alta política. Hubo estridentes acusaciones cruzadas, que desde la oposición incluyeron tratar a Danza de “delincuente”, compararlo con Al Capone y proclamar, ya muy lejos de lo vinculado con ASSE, que “lo que hoy siente todo el pueblo uruguayo es vergüenza, ¡vergüenza del presidente de la República!”, en referencia a la polémica sobre Yamandú Orsi y su camioneta Hyundai. El oficialismo no se quedó atrás, con referencias a lo sucedido durante el gobierno de Lacalle Pou dentro y fuera de ASSE.
Quienes albergaron esperanzas de que hubiera una percepción de exceso en los parlamentarios perdieron su ilusión ayer, cuando la comisión investigadora de Diputados sobre la compra de la estancia María Dolores terminó su trabajo. Hubo acusaciones de violación de la Constitución, conflictos de interés y posibles “responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales”, pero todo indica que tampoco habrá una decisión mayoritaria cuando este asunto llegue al plenario de la cámara.
No llaman la atención las encuestas que registran alta desaprobación para oficialistas y opositores, así como un importante descreimiento en que la actuación gubernamental de algún partido pueda mejorar la situación del país. El tiempo disponible para el aprendizaje y la rectificación decrece.