La falta de personal para el trato directo en el Inisa, sumado a la baja cantidad de propuestas educativas dentro del sistema, producen más horas de encierro para los y las adolescentes
Con estas decisiones se lesionan los derechos de las y los trabajadores y no se cumple por parte del propio Estado con una norma aún vigente, lesionando derechos funcionales y económicos.
Existen casos de jóvenes sentenciados con más de cinco años de privación de libertad, dado el aumento de las penas máximas que realizó la LUC, lo cual es nefasto para el desarrollo de las adolescencias.
Agrupar a jóvenes de estas características constituye una acción discriminatoria, castigadora, además de un rotundo fracaso en la meta que se debe alcanzar.
Tomamos medidas que en aras de una supuesta protección suman más encierro y conflictividad en las adolescencias, que están impactando muy seriamente las adolescencias privadas de libertad.
Desde marzo se vienen recortando los gastos más importantes del INISA, como funcionamiento y alimentación, que impactan directamente en los derechos de la población atendida.
Esto podría volver al antiguo intercambio de niños con base en las condiciones materiales de las familias, esto es, “ventas de niños y niñas” en forma indirecta o encubierta valiéndose de las necesidades de muchas familias vulnerables.
Lamentablemente asistimos a una ideología que se basa en el miedo y las formas de control y castigo que tienen como centro a las adolescencias. ¿En qué evidencia se basan para aumentar las penas a los/as adolescentes?