Con la presentación de alegatos por parte de los abogados del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, comenzó ayer en Roma el debate acerca de la legitimidad de la ley Alfano, una norma escudo que le da inmunidad al jefe del gobierno.

Los quince miembros que integran el Tribunal Constitucional, el máximo organismo jurídico de Italia, escucharon los alegatos de los abogados de Berlusconi en el marco de la discusión acerca de la legalidad de la normativa. Había sido impugnada por la Fiscalía de Milán, que presentó dos recursos de inconstitucionalidad.

La ley Alfano, también conocida como “laudo Alfano”, debe su nombre al ministro de Justicia del gobierno de Berlusconi, Angelo Alfano, quien en junio de 2008 presentó el proyecto legal, luego aprobado, que dispone la suspensión de cualquier tipo de proceso penal contra los cuatro cargos más altos del Estado italiano: el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Consejo de Ministros, cargo que ocupa Silvio Berlusconi.

La ley, hecha a la medida de Il Cavaliere, ha suspendido los procesos por corrupción iniciados contra el primer ministro por el caso Mills y y por irregularidades en la compraventa de derechos por su empresa Mediaset. Ayer, en el marco de la defensa de la norma, el abogado y legislador Niccoló Ghedini fue el principal expositor. “La ley es igual para todos, pero no lo es necesariamente su aplicación”, expresó. El legislador argumentó que la posición de Berlusconi es peculiar, dado el cargo de máxima responsabilidad que ocupa.

Glauco Nori, abogado representante del Estado en el debate, declaró que el laudo Alfano es “seguramente un daño jurídico, pero un daño menor para el Estado si se compara con el que se produciría si el primer ministro fuera procesado mientras ejerce como tal”. Mientras tanto, Gaetano Pecorella, otro de los juristas que defienden la postura de Berlusconi, dijo que esperaba “que la Corte decida con gran serenidad, teniendo en cuenta solamente los aspectos jurídicos y olvidando las cuestiones políticas”.

En la vereda opuesta se encuentran las autoridades judiciales de Milán. Argumentan que la ley es inconstitucional porque viola la igualdad de los ciudadanos y porque se trata de una norma que no fue aprobada con el procedimiento de modificación constitucional que habría requerido por su naturaleza.

Luego de escuchar los argumentos, los quince integrantes del Tribunal Constitucional se reunieron a deliberar en forma privada y luego anunciaron que su decisión quizá se conozca en el día de hoy, aunque no dieron certeza al respecto.

Si el Tribunal ratifica la validez del laudo, la norma seguirá vigente y los procesos seguirán suspendidos hasta dentro de cuatro años, cuando finalice el mandato de Berlusconi.

Pero si los magistrados entienden que esta norma es ilegal, varios son los caminos legales a los que pueden apelar Berlusconi y su defensa, aunque igualmente sería un golpe tremendo para su gestión, ya deteriorada por los escándalos de todo tipo que lo vienen cercando desde hace unos meses.

El lunes el Tribunal Civil de Milán había encontrado a Il Cavaliere culpable de corrupción en la adjudicación de la empresa Mondadori al grupo Fininvest, propiedad de la familia Berlusconi, decisión que llevó a que el premier deslizara el rumor de que para afrontar el pago de la demanda millonaria que tendrá que abonar a los damnificados por este caso pondría a la venta el club AC Milan, de cuyo paquete accionario es propietario. Según informó la agencia ANSA, Berlusconi ya habría iniciado contactos con Rezart Taci, un empresario albanés del mundo del petróleo que tiempo atrás estuvo a un paso de comprar el club.