Los españoles presenciaron esta semana el desenlace del secuestro del barco atunero Alakrana, con 36 tripulantes, 16 de ellos españoles. El gobierno anunció el martes que los secuestrados serán liberados hoy aunque no aclaró los detalles de la negociación que mantuvo con los piratas somalíes que retuvieron la embarcación en el océano Índico por 47 días.

Aunque aclaró que actuó sin apartarse un milímetro de la legalidad, el caso será analizado por la justicia y ya está en manos de la oposición política. El Partido Popular (PP) está decidido a cobrarle a la administración del socialista José Luis Rodríguez Zapatero lo que considera errores en su gestión de esta crisis.

El líder del PP, Mariano Rajoy, fue el vocero de estas críticas al gobierno. El gobierno “actuó tarde y mal mientras el secuestro estaba en el momento más álgido. No tiene sentido que se pongan medallas por su incompetencia. La imagen de nuestro país ha quedado gravemente dañada”, dijo. El cuestionamiento apunta en particular contra la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por haber viajado a Argentina antes de liberar a los secuestrados.

La portavoz en el Senado del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Carmela Silva, le contestó a Rajoy que él es “el menos indicado” para hablar de cómo gestionar una crisis y le cuestionó su desempeño y el de su partido ante el derrame de petróleo del Prestige en Galicia y los atentados del 11-M contra Madrid, y en la guerra de Irak. En la misma sesión parlamentaria, la del martes, PP y PSOE también se enfrentaron durante la discusión acerca de la reforma propuesta por el gobierno a la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo.

Mientras que el oficialismo defiende la ley que reconoce que existe el derecho a abortar en las primeras 14 semanas de embarazo y el PP condena la norma, otros partidos mostraron matices. Tanto Convergencia i Unió como el Partido Nacionalista Vasco cuestionaron que la reforma permita que las jóvenes mayores de 16 años interrumpan su embarazo sin informarlo a sus padres, indicó Público.

Por su parte, Izquierda Unida cuestionó que la ley establezca el aborto voluntario sólo en las primeras 14 semanas de gestación y que en las siguientes semanas lo condicione a la opinión de un comité de especialistas. Argumentó que las mujeres que recurran a un comité y residan en las zonas más conservadoras de España deberán trasladarse a otras más liberales para no recibir un pronunciamiento negativo para su caso.

Acerca de esta ley también se discute el alcance de las “objeciones de conciencia”, la posibilidad de que un médico se niegue a practicar un aborto porque la práctica es contraria a sus convicciones, y cómo esa opción puede afectar los servicios de salud.

Para el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, no hay discusión. Llamó “herejes” a los legisladores católicos que voten a favor de la reforma en el Parlamento, y dijo que “están en situación objetiva de pecado mortal, y no pueden ser admitidos en la comunión” luego de votar esta norma “que quiere imponer a la sociedad una ideología abortiva y de género”.