Todo indica que Evo Morales logró ayer otro triunfo y fue confirmado en el cargo con un respaldo de entre 61% y 63,2%, de acuerdo con las encuestas a boca de urna. Así, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) estrenó su Constitución Política del Estado, aprobada en febrero en un referendo que significó otra de las victorias políticas del presidente boliviano. Según los sondeos difundidos anoche, al cerrar los circuitos de votación, por los canales ATB, Red Uno y Unitel, Morales triunfó en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, seis de los nueve departamentos del país.
En un lejano segundo lugar quedó su férreo opositor, el conservador Manfred Reyes Villa, ex prefecto de Cochabamba, que obtuvo entre 23% y 24% de los votos y ganó en Santa Cruz, Beni y Pando. El tercer candidato en cantidad de votos, el empresario derechista, Samuel Doria Medina, alcanzó entre 7,7% y 10% de los votos.
Con la nueva Constitución vigente, por primera vez en su historia las poblaciones indígenas de Bolivia contarán con representación propia en el Parlamento, electa en los comicios de ayer. Además de este cambio, la nueva carta magna introdujo otros: permitió que Morales presentara como candidato a la reelección ayer, y habilitó por primera vez el sufragio de 170 mil bolivianos residentes en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos.
Pese a la amplia victoria que le dan las encuestas, Morales se mostró ayer desconfiado acerca de esos números: estaba convencido de que su triunfo sería aun más claro. Reunido con su equipo de gobierno en la residencia presidencial, bromeó ante periodistas sobre que si la televisión hablaba de 60% de los votos a su favor, ese respaldo ascendería a 80%, porque siempre le otorgaban menos del que tenía, indicó la agencia de noticias EFE. Incluso apostó su salario de medio año a que en Cochabamba los números definitivos revelarán un apoyo mayor a su candidatura.
Más temprano, pocos minutos después de emitir su voto en el municipio 14 de Setiembre de ese departamento, el mandatario dijo que el pueblo hacía uso de su derecho a decidir entre profundizar la democracia y retornar al neoliberalismo. Esa dicotomía fue uno de los puntos que remarcó en su campaña electoral.
Morales pasó algunas horas junto a su familia en la región cocalera de El Chapare, antes de dirigirse en la tarde hacia La Paz. Desde allí, el presidente reelecto de Bolivia se dirigió a sus seguidores en la plaza Murillo de la capital.
Uno de los principales objetivos del gobierno, que, según los primeros datos, no habría alcanzado, era obtener la mayoría cualificada en el Congreso boliviano. Esta mayoría de dos tercios de los legisladores le permitiría promover leyes que apunten al reforzar el proyecto de Estado "plurinacional" promovido por el MAS. Fiel a este planteo, Morales ha desarrollado en su gestión una política inclusiva de las minorías indígenas marginadas de los ámbitos de poder en Bolivia.
La oposición, sabedora de que ni siquiera podría forzar una segunda vuelta en las elecciones nacionales, cargó contra el oficialismo, al que se acusó de "totalitarista" en una campaña que tenía por objetivo evitar que el MAS consiguiera las mayorías especiales en el Congreso.
Con esas mayorías, el oficialismo tendría los votos necesarios para impulsar proyectos como la creación de empresas estatales de cemento, leche, papel, coca y la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (IBIH). Morales prometió la creación de grandes compañías hidroeléctricas con el fin de exportar energía y aseguró que en su nuevo período como presidente se explotarán los recursos del Salar de Uyuni, la mayor reserva de litio de todo el planeta.
El gobierno también necesita esas mayorías especiales para elegir a los nuevos miembros de los tribunales nacionales de justicia y del poder electoral, órganos de particular importancia en el afán del MAS de profundizar los cambios institucionales y de impulsar su política estatizadora.
Una vez constituido el nuevo Parlamento boliviano, que pasará a llamarse Asamblea Plurinacional a finales de enero, el oficialismo pretende aprobar un centenar de nuevos proyectos de ley. Uno de los cambios más importantes que impulsa es la reforma total del Poder Judicial, por la cual sus magistrados serán elegidos por votación popular y no por el Parlamento, como hasta ahora. Un problema que enfrenta el gobierno de Bolivia es el del control del Senado por parte de la oposición, que cuenta con 15 de las 27 bancas en la cámara alta.
Con la nueva Constitución, los senadores son 36, unos cuatro por cada departamento del país, y los diputados, 130. La mitad se votan junto a la fórmula presidencial, y la otra mediante listas que varían según la circunscripción. Las dos cámaras fueron renovadas ayer, y si el MAS lograra la mayoría en ellas, sería el primer partido gobernante en alcanzarla desde el año 1952.
Según los sondeos divulgados anoche, el MAS habría obtenido 25 senadores; el Plan Progreso para Bolivia, de Reyes Vila, tendría 10, y el restante correspondería a Unidad Nacional de Doria Medina, informó la Agencia Boliviana de Información.
MAS decisiones
los bolivianos también debieron pronunciarse en 18 consultas autonómicas en diferentes regiones y municipios del país, que se divide políticamente en provincias y departamentos, cinco de los cuales -La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, todos andinos- decidían ayer acerca de su autonomía administrativa. Igual suerte corrió la provincia suroriental de Gran Chaco. En todos los casos las tendencias previas indicaban que triunfaría el Sí.
Doce municipios del país sometieron a votación popular estatutos de autonomía indígena. Mediante la nueva Constitución propiciada por el oficialismo se reconocen los derechos de los indígenas bolivianos y establecen lugares específicos para el acceso de sus representantes al poder. La reforma electoral, aprobada a principios de año, creó siete circunscripciones especiales indígeno-campesinas para asegurar que al menos siete diputados indígenas integren el Congreso boliviano. También asegura la participación indígena en los órganos judiciales y electorales de Bolivia. El gobierno intenta así reparar siglos de injusticia en un país en el cual 63% de los 9 millones de habitantes son indígenas.
La autonomía de estos pueblos originarios implica que puedan incorporar sus propias instituciones al Estado. La autonomía sometida ayer a consulta les otorga la potestad de gestionar sus territorios a través de la administración de sus recursos renovables y la aplicación de su propio sistema de justicia.
Si se aprobaron también estos referendos, como preveían las encuestas, el MAS y su candidato tendrían varios motivos para festejar.
