El presidente brasileño, Lula da Silva, se vio obligado, por presiones del Ministerio de Defensa y de los militares, a comprometerse a revisar el texto legal que crea una Comisión de la Verdad, que comenzaría a funcionar en abril, informó el diario O Estado de São Paulo. El presidente del Colegio de Abogados brasileño, Cezar Britto, criticó la actitud del ministro de Defensa, Nelson Jobim, quien amenazó con renunciar a su cargo. El abogado consideró que “Brasil no se puede acobardar y querer esconder la verdad. Amnistía no es amnesia”, según declaró al diario O Globo.

El proyecto legal forma parte del Programa de Derechos Humanos y establece la necesidad de una comisión para reunir información acerca de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1964-1985), sintetizarla y sacar conclusiones que serán remitidas a los poderes del Estado. El programa, redactado por el ministro de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, también propone la creación de un grupo de trabajo para estudiar si hay leyes de ese período que continúen vigentes y que violen los derechos humanos, y, si las hay, anularlas.

Una de las leyes que permanecen desde la dictadura es la ley de amnistía, decretada en 1979 por el último presidente del período, João Figueiredo. Esta amnistía está siendo estudiada por el Supremo Tribunal Federal a partir de una sugerencia del gobierno que indica que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sí pueden ser juzgados por la justicia penal porque esos delitos no están cubiertos por la norma.

Según Jobim y los jefes militares, el texto es “revanchista y provocativo”, coincidente con el “ambiente de constantes provocaciones” creado desde la secretaría de Vannuchi y la del ministro de Justicia, Tarso Genro, indicó O Estado.

A raíz de esta situación, Jobim presentó su renuncia el martes de la semana pasada, un día después de la presentación del programa, y, en solidaridad, también lo hicieron el comandante del Ejército, Enzo Peri; de la Marina, Moura Neto, y de la Fuerza Aérea, Juniti Saito. Las renuncias fueron rechazadas por Lula, quien prometió a Jobim solucionar el conflicto por la vía “política” y “revisar la parte del documento que generó descontento”, de acuerdo con la información publicada ayer por O Globo. Hasta entonces, no había trascendido la noticia de las renuncias.

Ayer Vannuchi dijo desconocer la crisis militar que revelan los medios brasileños. Reconoció sus diferencias con Jobim pero insistió en que son discutidas dentro del gobierno y en que siempre se llega a un acuerdo. Según el ministro, “es sólo una cuestión de términos”, ya que en el proyecto legal su ministerio quiere señalar a la dictadura como un “período de represión política y conflictos”, mientras que para el Ministerio de Defensa lo correcto sería sólo “período de represión política”.

El proyecto de la Comisión de la Verdad y de la revisión legal del período dictatorial es apoyado no sólo por Vannuchi y Genro, sino también por el ministro de Comunicación Social, Franklin Martins, y la ministra de Presidencia y candidata presidencial del oficialismo a las elecciones de octubre de 2010, Dilma Rousseff, señaló el diario brasileño Zero Hora. Todos ellos han manifestado en forma pública que, mientras siga vigente la ley de amnistía, Brasil estará retrasado con respecto a la región. En Brasil, hubo más de 20 mil personas torturadas y 400 asesinadas como consecuencia de la dictadura.