La presentación de pruebas -instancia denominada plenario- comenzó el 4 de agosto y terminó el viernes pasado. Es la oportunidad que tienen los enjuiciados de aclarar sus puntos, así como de citar a sus testigos para fortalecer sus coartadas. Hacia fines de este año el juez Alejandro Madrid podría fijar las penas. Hay 19 personas ya encausadas y, de acuerdo a las especulaciones que surgen de fuentes judiciales, reflejadas en la prensa chilena por estos días, al menos 15 podrían terminar condenadas. Entre ellas, los uruguayos Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Coppola y Wellington Sarli Pose, todos ellos coroneles del Ejército, los dos últimos aún en actividad.
Durante las dos semanas de audiencias desfilaron muchos de los implicados en la investigación, la mayoría vinculados a los aparatos represivos de Pinochet, como el ex jefe de Inteligencia del Ejército, general (r) Eugenio Covarrubias, acusado de encubrimiento del homicidio. El 7 de agosto Madrid le preguntó cómo había reaccionado el dictador ante el final de Berríos, un dato que era esperado con expectativa. De las crónicas de los diarios La Nación y El Mercurio no se desprende la respuesta que Covarrubias le dio al general golpista acerca de la responsabilidad, aunque surge, acreditado en el expediente, que la operación Berríos tuvo la bendición de Pinochet, que contó con apoyo de militares y policías uruguayos.
Otro ex general chileno, Hernán Ramírez Rurange, fue quien reveló que la financiación del plan provino de los gastos reservados pinochetistas y que se tomó esa decisión “porque [Berríos] no era confiable” y para evitar que declarara en la investigación por el homicidio de Letelier. Ramírez está acusado de secuestro, asociación ilícita y obstrucción a la justicia. Otro de los que testimoniaron fue el agente civil de la Policía del régimen golpista Raúl Lillo Gutiérrez, encargado de custodiar a Berríos desde su salida por Punta Arenas, su paso por Argentina y su llegada a Uruguay, donde, dijo, le contó que estaba “trabajando con elementos químicos, buscando gas sarín para ver su efecto en las personas”.
Complicados
Berríos llegó a Uruguay en 1991 bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle (ver recuadro). En noviembre del año siguiente se lo vio por última vez con vida. Fue cuando logró escapar de la casa de Radaelli, donde lo mantenían cautivo. El rehén pidió ayuda a la Policía, a la que dijo que estaba “secuestrado por militares chilenos y uruguayos”, fue visto por vecinos y asistido por un médico, pese a lo cual no pudo evitarse que lo asesinaran. Berríos quería regresar a Chile y decir lo que sabía sobre Letelier. Pero en 1995 su cuerpo apareció enterrado en las arenas de El Pinar. Se abrió un expediente para investigar los hechos, aunque después de más de una década de “actuaciones” la justicia local archivó el caso.
Pero los datos que están surgiendo en Chile podrían aportar insumos. En el transcurso del plenario en Chile, el juez Madrid solicitará que se realice una serie de diligencias en Uruguay. Por ejemplo, que el Ministerio de Defensa confirme qué rangos tenían y dónde se desempeñaban los tres uruguayos entre 1991 y 1993. También solicitará que la Suprema Corte de Justicia designe un juez uruguayo que establezca despacho y tome declaraciones a seis personas, las últimas que vieron a Berríos vivo. Estas pruebas fueron reclamadas por la defensa de los militares uruguayos.
Fuentes de la SCJ dijeron a la diaria que aún no se recibió ninguna solicitud, como tampoco se tienen noticias al respecto en la Embajada de Uruguay en Chile. Desde la corporación se dijo que se dará curso una vez que lleguen los exhortos y que está prevista, dentro de los acuerdos de cooperación, la posibilidad de tomar testimonios en un país para incorporarlos como prueba en otro. A su vez, ante la pregunta de si podía generarse una reapertura del caso en Uruguay en virtud de las pruebas que están surgiendo en Chile, explicaron que sí, y que incluso la propia justicia de aquel país puede realizar esa petición.
Que confiesen El martes en Radio Uruguay el ministro de Defensa saliente, José Bayardi, reiteró la preocupación del gobierno uruguayo por la demora en conocerse el destino de los militares uruguayos. Después de haber sido extraditados en 2006, el trío se encuentra en un “limbo” jurídico, ya que se encuentran procesados por secuestro y asociación ilícita, pero esperan el fallo en libertad, aunque no pueden salir de Chile. En su momento el gobierno uruguayo se ofreció como garante para que los implicados aguardaran el proceso en su país, lo que fue rechazado por el juez Madrid. Y de acuerdo con las crónicas, la situación de Radaelli, Sarli y Casella es complicada. El viernes, antes de que termine el plenario, pidió declarar nuevamente el mayor retirado Arturo Silva Valdés, sindicado como uno de los que ejecutaron a Berríos y como otro de sus “acompañantes” en el viaje de Argentina a Uruguay. El hombre planteó la necesidad de que sean citados a declarar antes de la condena a los tres militares uruguayos para “confesar” lo que saben del crimen.
Hasta ahora, los uruguayos han negado responsabilidad penal y durante el plenario, si bien asistieron a alguna de las audiencias como observadores, no han brindado testimonio. Sí lo hizo Radaelli al diario El Mercurio el 4 de agosto. Dijo sentirse “sumamente tranquilo” por el resultado del juicio. Tan tranquilo como cuando en 1993 fue fotografiado caminando junto a Augusto Pinochet por las calles de Montevideo.