Las nuevas reglas que impondría la ley de SCA, tal como fue remitida por el oficialismo al Parlamento, obligarían a los poderosos multimedios a resignar varios negocios. Quienes tengan licencias de televisión abierta podrán conservar sólo un canal de cable y no podrán ser operadores de cable.
Si se convierte en ley el proyecto, que el Congreso comenzará a discutir mañana, el Grupo Clarín, el principal enemigo del gobierno, sería el más perjudicado. Debería optar entre sus señales de aire (Canal 13, Canal 6 de Bariloche, Canal 7 de Bahía Blanca, Canal 10 de General Roca y Canal 12 de Córdoba) o conservar el 47% del mercado de la televisión por cable que posee, sumando las cinco empresas en las que participa según un relevamiento del Comité Federal de Radiodifusión: Cablevisión (56%), Multicanal (55%), Cablevisión Digital (48,94%), Teledigital Cable SA (49,94%) y Supercanal Holding (20%, donde es socio de Daniel Eduardo Vila y del ex funcionario menemista José Luis Manzano).
A su vez, estos dos empresarios son los titulares del mendocino Grupo Uno Medios y, observando su mapa corporativo, estarían comprendidos en la obligada sangría, ya que también poseen señales de televisión abierta y de cable, además de contar con una empresa cableoperadora, varias radios AM y FM, y un puñado de diarios del interior del país. En síntesis, los siete grupos más importantes del país podrían perder 276 de un total de 360 licencias de las que son adjudicatarios.
Partido definido
En la óptica del electo diputado de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra, el proyecto de ley de SCA no apunta a defender la libertad de expresión sino a controlar los medios. En diálogo con Radio Continental, Gil Lavedra sostuvo que el proyecto contempla la posibilidad de que el poder cuente con los resortes que le permitan ejercer control sobre los medios, además de regular simultáneamente la publicidad oficial y la ley de acceso a la información.
Tras varias reuniones, los legisladores del Acuerdo Cívico y Social (ACyS), que el radicalismo integra, resolvieron que no darán quórum en caso de que no se trate una “norma clave” como la del acceso a la información y la regulación de la publicidad oficial. Por su parte, Margarita Stolbizer -también diputada electa, integrante del ACyS y cada vez más distanciada de Elisa Carrió- sigue abriéndose surco propio dentro de ese espacio. Consideró, contrariamente a lo que piensan sus correligionarios, que se empiece a discutir de inmediato el proyecto de ley y no en diciembre (con el nuevo Parlamento ya en funciones). Para Stolbizer “consensuar es una buena agenda”, y llamó a reunirse a trabajar cuatro veces por semana en vez de una, con el propósito de consultar a todos los sectores. Por el lado de la derecha, el jefe de gobierno porteño y líder de Propuesta Republicana (Pro), Mauricio Macri, había declarado que era necesario esperar a que el nuevo Congreso esté en funciones, porque si bien se puede discutir ahora, a su entender es ilegítimo, dado que la actual composición del
Parlamento no expresa lo que la gente votó a fines de junio. Los aliados políticos de Macri de Unión-Pro también dijeron lo suyo. El más locuaz fue Felipe Solá, quien manifestó que al proyecto “le han hecho una gran cantidad de correcciones y ahora quieren sacarla ilegítimamente” tratándose de “una ley base para el futuro”. En referencia al kirchnerismo, Solá dijo con ironía que “prefieren que esta Argentina no los interpele, que los interpele los restos de la Argentina que ya pasó”.
Su socio político, el empresario y diputado reelecto Francisco de Narváez, piensa que debe apartarse de la discusión por la sencilla razón de ser dueño de un multimedios. “Corporación De Narváez” puede leerse sobre la puerta de acceso a los estudios de América TV, pero en el mapa corporativo del Grupo Uno Medios, visible accionista del canal junto a Carlos Ávila (fundador de Torneos y Competencias, hoy alejado de la empresa), no se menciona a tal corporación ni al diputado como propietario o accionista de la emisora, aunque es sabido que “El Colorado” maneja a discreción el canal del barrio de Palermo.
El mes pasado, y en medio de una gran mediatización, la Asociación del Fútbol Argentino se desvinculó de la sociedad Grupo Clarín-Torneos y Competencias tras el acuerdo al que llegó con el gobierno. Ahora el fútbol es gratis para (casi) todos, ya que mucha gente del interior está presa de un servicio de TV por cable para acceder a las señales del estatal Canal 7 o del privado América TV, las dos emisoras de aire que transmiten los partidos. Pese a esta imperfección, con esta jugada se allanó el camino para la entrada de la ley de SCA al Congreso, acaso el contraataque fulminante con que el oficialismo pretende liquidar por goleada el pleito con el Grupo Clarín.