El programa fue enviado al Congreso por el presidente brasileño, Lula da Silva, el 21 de diciembre. Uno de los puntos más trascendentes para el país era la creación de una Comisión de la Verdad que investigara, por primera vez, crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura (1964-1985). La función de la Comisión sería de recopilación de información. El ministro de Defensa, Nelson Jobim, y los comandantes militares fueron los primeros en criticar el programa, al que calificaron de “revanchista”, además de interpretar que su objetivo final es derogar la Ley de Amnistía -decretada por la propia dictadura, en 1979- un objetivo que no está incluido en el programa. Los tres comandantes amenazaron con renunciar a sus cargos si Lula no modificaba el texto. El presidente, que hoy retoma sus tareas luego de unos días de vacaciones, se reunirá con Jobim esta semana para revisar el programa.

En una entrevista con el diario brasileño Folha de São Paulo, Jobim dijo que le propondrá a Lula que la Comisión de la Verdad investigue, además de la represión militar, supuestas acciones de la izquierda armada, lo que genera resistencia en los ministerios de Justicia y Derechos Humanos.

Vannuchi dijo al mismo diario que si esto se incluye en el programa renunciará a su cargo, porque “No se puede poner al mismo nivel a torturadores y torturados”. El ministro agregó: “No puedo admitir que transformen el programa en un monstruo político único en el planeta, sin el respaldo de la ONU ni de la OEA”.

No sólo en dictadura

El Programa de Derechos Humanos abarca otros problemas de Brasil y recoge críticas desde distintos sectores. Propone que los conflictos entre los campesinos “sin tierra” que invaden terrenos y los propietarios de esos predios sean resueltos de forma sistemática en tribunales de conciliación, un tipo de mediación que ya se utiliza para resolver estos conflictos en forma “dialogada, pacífica”, dijo el ministro de Desarrollo Agrícola, Guilherme Cassel.

Pero el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, opinó en declaraciones a Folha que el programa crea “inseguridad jurídica” porque modifica las reglas para la reintegración de la posesión de tierras rurales invadidas, “demostrando un cierto preconcepto en cuanto a la agricultura comercial”.

También la presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería, la senadora Kátia Abreu, criticó el programa porque “estimula la violencia en el campo” y a su entender negocia la legalidad de la invasión a la propiedad privada. Dijo que el programa no se limita a los derechos humanos, sino que incluye otros temas de la sociedad que “superan su competencia”, y que “con respecto a la cuestión de la tierra, se pisotea la Constitución”.

Al respecto, Rogério Sottili, en estos días ministro en funciones de Derechos Humanos, señaló en entrevista a Agência Brasil: “En 2003 teníamos 49 muertes por conflictos agrarios, el año pasado tuvimos una sola”. Dijo que la mediación “es el instrumento más moderno” para resolver estos problemas y que los sectores que se oponen a esta práctica son los que “no tienen interés en resolver los conflictos”, y que respecto del programa de derechos humanos, se intenta “politizar la discusión desde el punto de vista de la campaña electoral”.

El programa trata los derechos humanos en distintos ámbitos, por eso incluye desarrollar políticas para promover el respeto a “la libre orientación sexual y de identidad de género”, legislar para reconocer la unión civil entre personas del mismo sexo y permitirles la adopción a esas parejas, además de apuntar a garantizar el uso del nombre social de travestis y transexuales.

La Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis y Transexuales envió un comunicado por el cual defiende el programa, porque promueve el respeto a sus derechos humanos y “reconoce la importancia que tienen los espacios de construcción de políticas públicas en conjunto con la sociedad civil”, informó Folha.

En este punto fue la Iglesia católica la que rechazó algunos puntos del programa, incluidos los que refieren al matrimonio y la adopción por parte de parejas homosexuales. También rechazó el punto que propone el monitoreo de la interrupción voluntaria de embarazos, autorizada legalmente para garantizar su cumplimiento y facilidad de acceso, y otro punto, que cuestiona la presencia de símbolos religiosos en establecimientos públicos.