“Hay que mandar presos a los malos elementos. Si tienen algo de dignidad, estos malos policías deberían presentar sus placas y su uniforme; no merecen llamarse policías”, afirmó ayer el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

Ayer Patricio Franco fue designado comandante de la Policía Nacional de Ecuador. Sustituyó a Freddy Martínez, que no logró imponer su autoridad y renunció por no haber evitado los eventos del jueves. Ese día, una protesta de la Policía y algunos miembros de las Fuerzas Armadas contra un proyecto de ley dejó parte del país y a la ciudad de Quito sin vigilancia Policial. El presidente, Rafael Correa, fue retenido en el Hospital Policial de Quito durante toda la tarde. Había sido ingresado debido a los ataques con gases lacrimógenos que había sufrido más temprano por parte de policías.

Debido al ascenso de Franco, los generales que tenían un rango superior a él y eran allegados a Martínez también renunciaron. El nuevo jerarca policial es un hombre de confianza del presidente, y estuvo al mando de las fuerzas de seguridad que desalojaron, en setiembre, a manifestantes indígenas que protestaban contra otra ley. En esa acción fueron heridos 40 uniformados y murió un docente indígena shuar, Bosco Wizuma. Según sus pares, el disparo que causó su muerte era policial, indicó el diario de Ecuador, El Comercio.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) responzabilizó el jueves, en medio de la crisis, a Correa por la protesta de la Policía. La presidenta de la Conaie, Norma Amay, dijo al diario ecuatoriano El Universo que fue provocada por el autoritarismo y la falta de diálogo al momento de legislar. “Hemos visto cómo las leyes consensuadas fueron vetadas por el presidente de la República cerrando cualquier posibilidad de acuerdo”, indicó. No obstante, la comunidad indígena, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil del país, aseguraron que no apoyarían un eventual golpe de Estado, informó el mismo diario.

El lado positivo

“Finalmente estos criminales infiltrados en la Policía, estos pocos criminales dentro de miles de policías heroicos, le han hecho un favor a la región, porque se ha consolidado la democracia y se ha ratificado la convicción de nunca más permitir el quiebre del orden democrático en la región”, estimó Correa en declaraciones que hizo ayer desde el palacio presidencial de Carondelet.

El canciller Ricardo Patiño estimó que la resolución surgida de la reunión de sus homólogos de la Unasur celebrada en Quito el viernes constituye una “advertencia para los golpistas” y relató que el documento establece “medidas concretas e inmediatas”, como el cierre de fronteras, la suspensión del comercio, del tráfico aéreo y del suministro de energía y otros, en caso de golpe de Estado, informó la página oficial de la presidencia de Ecuador. Además, Patiño indicó que pidió que se añada, en el tratado constitutivo de la Unasur, un protocolo adicional estableciendo una cláusula democrática, por la cual “si algún gobierno de Unasur, si en algún país se produce golpe de Estado y no hay democracia, ese gobierno queda automáticamente expulsado de Unasur; queda aislado”.

Por otro lado, el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, dijo el mismo día que “debe haber justicia, no venganza; reconciliación, no resentimiento. Es duro que un grupo de desquiciados haya afectado tanto la imagen de la Policía, haya atentado contra la democracia, contra la vida del presidente, esto le afecta a la Policía”. En las mismas declaraciones, transmitidas por la televisión nacional de Ecuador, agregó que “se están haciendo las investigaciones pertinentes y hay bastante información relacionada de cómo se fue articulando todo este asunto conspirativo”. Según datos del Ministerio de Salud, citados por EFE, murieron ocho personas y decenas resultaron heridas el jueves. La agencia de noticias AFP cita al ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, y habla de 10 muertos y 274 heridos.

Correa y sus ministros aseguran que la crisis fue causada por la protesta de un grupo de la Policía que no representa a los más de 40.000 integrantes de esa institución.