Si la reforma de la educación impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera en Chile es aprobada en el Congreso, a partir de 2011 los profesores recibirán compensaciones económicas o capacitaciones obligatorias según el resultado de evaluaciones docentes que ya se realizan, y podrán acceder a un “plan voluntario de retiro” y mayores jubilaciones. El plan también se propone motivar el estudio en la Facultad de Pedagogía mediante becas para los mejores estudiantes. Los directores de instituciones educativas tendrán mayor autonomía y atribuciones, y anualmente podrán remover al 5% de los docentes de cada centro, al mismo tiempo que deberán cumplir sus propias metas de desempeño.

También habrá exigencias para el Ministerio de Educación. Se le pide que logre que los estudiantes obtengan mejores resultados en los puntajes de una prueba que se realiza en cuarto de escuela. El aumento pedido es de 10 puntos, cuando en los últimos diez años las calificaciones crecieron menos de tres. Otro pedido del gobierno es que se reduzca la creciente desigualdad en los resultados de esta prueba entre los estudiantes del sistema público y el privado, informó el diario chileno El Mercurio. Piñera, que anunció la reforma en cadena nacional, no precisó datos sobre esa diferencia.

Con esta reforma, en las clases se incorporarán “nuevas tecnologías” y métodos de enseñanza “más eficaces”, indicó Piñera. También se enviarán más cartas y circulares a los padres y otros responsables de los alumnos para que tengan mayor participación en la educación de los menores.

Estas reformas se suman a las que había anticipado el viernes el ministro de Educación, Joaquín Lavín. Definida como “el mayor cambio curricular de los últimos años”, la reforma aumenta en una hora el tiempo semanal destinado a clases de matemática y en dos horas las clases de lenguaje a partir de quinto de escuela. Resta esas horas a las clases de historia y ciencias sociales. Estos cambios se aplicarán a partir del próximo año.

El presidente pretende que toda la reforma también comience a aplicarse en el próximo año curricular, que comienza en marzo, y está previsto que la inversión para poner en marcha este plan sume un total de 10.000 millones de dólares, que se destinarán tanto a la educación pública como a la privada.

La Concertación, la coalición que lidera la oposición chilena, ya anunció que no respaldará la reforma, que fue enviada para su aprobación urgente en el Congreso, y sus mayores dirigentes criticaron, al igual que el profesorado, que no se consultó a varios actores involucrados en la educación.

El Colegio de Profesores reclamó que en conversaciones previas el gobierno se había comprometido a dialogar con los docentes antes de impulsar la reforma, lo que no fue cumplido. El presidente del gremio, Jorge Gajardo, lamentó en declaraciones a Canal 13: “El gobierno sin ninguna consulta va y lanza este proyecto y nos pasa por encima, ¿cómo creen que nos vamos a sentir si estamos tratando de llegar a un acuerdo y ellos van por otro lado con otros proyectos y echan abajo todo?”. Por este motivo ayer los profesores hicieron un paro general y algunas movilizaciones.

Carolina Tohá, presidenta del concertacionista Partido por la Democracia, indicó que la reforma educacional chilena “requiere de grandes acuerdos y de todos los actores haciendo su aporte, y aquí, una vez más, se optó por el camino de sólo consultar a los cercanos al gobierno y a los que ven la educación como un mercado y para hacer negocios”.

El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, señaló que “la derecha cree que las cosas se implementan sin considerar las opiniones de otros actores. Esta nueva derecha es la derecha de siempre, no tiene nada de nuevo”.