La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció durante el acto oficial por el Día Internacional de los Derechos Humanos la creación de un Ministerio de Seguridad, que tendrá competencias del ya existente Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Al frente de la nueva cartera asumirá el miércoles, la actual ministra de Defensa, Nilda Garré. El anuncio llega en pleno conflicto político y social por el desalojo violento de familias que ocupaban el Parque Indoamericano, en el barrio porteño de Villa Soldati.

Al respecto, la prensa argentina hizo distintas lecturas. En Página 12, el periodista Horacio Verbitsky señaló que la nueva cartera “terminará con el insensato autogobierno policial” y encaminará políticamente la acción de las fuerzas policiales, porque “la seguridad no es incompatible con la ley y los Derechos Humanos”. En cambio, el diario La Nación informó que con el nuevo ministerio la presidenta quiere impulsar una solución para la inseguridad pública en general y evitar que este tema reste votos al oficialismo en las elecciones de 2011.

Fernández también aprovechó el acto del viernes para pedir “disculpas si algún país hermano se sintió ofendido” por declaraciones del jefe de gobierno porteño. El opositor Mauricio Macri se refirió la semana pasada a los inmigrantes que se encuentran entre quienes ocupan el parque y declaró: “Parecería que la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los países limítrofes y eso es imposible. Todos los días llegan entre 100 y 200 personas nuevas a la ciudad que no sabemos quiénes son, de la mano del narcotráfico y la delincuencia”.

Durante el desalojo del martes murieron baleados en situaciones confusas el paraguayo Bernardo Salgueiro, de 24 años, y la boliviana Rosmeri Cupeña, de 28. Más tarde, murió uno de los heridos, un joven de 19 años cuya nacionalidad no trascendió. Otro ciudadano boliviano, Juan Castañares, de 38 años, murió en un enfrentamiento entre vecinos de Villa Soldati y los ocupantes del parque.

“No estoy dispuesta a que Argentina se integre al club de países xenófobos”, dijo Fernández. También respondió a Macri el gobierno de Bolivia, que pidió que se investiguen las muertes y que se sancione a los responsables, pero también rechazó las “inapropiadas declaraciones” con “un alto contenido xenofóbico” del jefe de gobierno porteño.

Para atender la situación social de los ocupantes del parque, el gobierno de Fernández propuso ceder tierras en la capital o la provincia para que allí se construyan viviendas. Además, representantes del Ejecutivo nacionai se reunieron co los del gobierno de Buenos Aires para coordinar acciones, pese a que ambos están enfrentados por este conflicto y se culpan por lo sucedido durante el desalojo y por la situación social de fondo.

“La violencia que da violencia no sirve para crear más seguridad: lo hemos visto en las oportunidades más diversas en Argentina. Lo hemos visto en los últimos días con un desalojo que hemos visto los resultados que dio”, dijo la presidenta durante el acto y añadió que “el orden público no puede ser custodiado a costa de vidas humanas”.

La jueza Elena Liberatori, a cargo de este caso, dijo que fue ayer en persona al parque a “certificar que el proceso de pacificación que se ordenó desde la Justicia se esté llevando a cabo”, informó Página 12. Liberatori confirmó que se cumplieron sus órdenes de que se instalaran baños químicos e iluminación y se entregara agua potable y alimento a las familias ocupantes. La jueza consideró que lo que ocurre allí “no es una ocupación de territorio. Es algo más trascendente: es pedir una vivienda digna”.