La prohibición del aborto terapéutico en Chile es un legado de la dictadura de Augusto Pinochet. En 1989, ese régimen decidió cambiar la ley que permitía, desde 1931, la interrupción del embarazo por razones médicas, cuando está en peligro la vida de la madre. Una intervención de ese tipo es la que reclama Claudia Pizarro ante la Justicia chilena.
“Vengo por un derecho que todos tenemos, me refiero al derecho a la vida, que mi hijo no va a tener”, dijo ayer Pizarro a la prensa chilena. La mujer, de 28 años, está embarazada de ocho meses de una hija que sufre una malformación que le impedirá vivir fuera del útero: gestación acránea, no tiene cerebro. Pizarro, que tiene otro hijo de 11 años, reclama su propio derecho a vivir porque le diagnosticaron cáncer de útero y su embarazo le impide recibir tratamiento.
Según el diario chileno La Tercera, la mujer acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago y presentó un recurso de amparo. Su abogado, Alfredo Morgado, no descarta llevar el caso a tribunales internacionales, informó la agencia de noticias EFE.
El martes, senadores del Partido por la Democracia presentaron un proyecto de ley para legalizar el aborto en casos de malformaciones congénitas severas del embrión, riesgo de vida para la madre y también en casos de violación.
El tema está en la agenda y divide el país más allá de los partidos desde que el 15 de diciembre la senadora Evelyn Matthei, de la ultraconservadora Unión Democrática Independiente, que forma parte de la coalición de gobierno del presidente Sebastián Piñera, propuso un proyecto de legalización del aborto terapéutico. Matthei, junto con su colega opositor Fulvio Rossi, del Partido Socialista, presentó una iniciativa para que se autorice esa intervención cuando la vida de la madre corra peligro o el embarazo sea inviable.
También Pizarro llamó a que los parlamentarios tomaran conciencia de “lo terrible que es esperar todo un embarazo para después enterrar a la guagüita [bebé]”. La mujer ya tiene decidido donar los órganos de su hija, a la que llama Rosita, “para ayudar a otra gente”.
Piñera intervino el miércoles por primera vez en la controversia y llamó a proteger “el valor de la vida, especialmente del que está por nacer”. La Iglesia católica también se pronunció en contra de las iniciativas de legalización del aborto terapéutico. El arzobispo de Santiago se negó a emitir una condena “ante un tema tan complicado”, pero declaró: “La vida es el derecho fundamental que todos tenemos” y “la tarea es que la ciencia médica haga su parte, porque hay que seguir los caminos terapéuticos, porque elegir la muerte no es una terapia”.
El proyecto de Matthei contaría, según el diario chileno La Nación, con el apoyo necesario para ser aprobado, incluso dentro de la propia coalición de derecha que está en el gobierno. No pasaría lo mismo con el otro proyecto, que contempla los casos de violación, porque “para eso existe la píldora del día después”, resumió Matthei.