El fundador y editor jefe de Wikileaks, Julian Assange, se entregó ayer a la Policía británica, que había anunciado que sabía dónde se encontraba, y con la cual su defensa pactó una “cita” para su entrega. Assange tiene en su contra una orden de detención internacional emitida a pedido de Suecia, donde está acusado por “un cargo de coerción ilegal, dos cargos de acoso sexual y un cargo de violación, todos los cuales se habrían cometido en agosto de 2010”, indicó la Policía londinense en un comunicado citado por la BBC.

Los cargos de acoso sexual en las leyes suecas incluyen actos ofensivos que pueden estar vinculados al desnudo o a palabras, por ejemplo, señaló la agencia de noticias EFE. Los casos están relacionados con la estadía de Assange en Suecia, país al que viajó para dar varias conferencias sobre Wikileaks. El director de esa organización ha admitido que tuvo relaciones sexuales con varias mujeres en Suecia, siempre con el consentimiento de ellas.

El abogado de Assange en Reino Unido, Mark Stephens, ya expresó sus dudas sobre el procedimiento judicial en Suecia e insinuó que las verdaderas razones que lo motivan se vinculan con la actividad de su defendido en Wikileaks. También criticó a la Fiscalía sueca, asegurando que su cliente se había ofrecido a comparecer en tribunales suecos desde agosto para limpiar su nombre. Indicó que ahora intentará que Assange no sea extraditado a Suecia, ya que desde allí puede ser entregado a Estados Unidos, donde algunos políticos llegaron a pedir que fuera ejecutado.

Robert Gates, el secretario de Defensa estadounidense, calificó de “buenas noticias” la detención de Assange, mientras que en la red social Twitter, Wikileaks indicó: “Las acciones de hoy contra nuestro editor jefe, Julian Assange, no afectarán nuestras operaciones: sacaremos a la luz más cables esta noche como es habitual”. En el mismo sentido se manifestó el diario británico The Guardian, uno de los cinco que accedieron a los cables diplomáticos de Wikileaks y los están publicando.

El diario británico también indicó que la organización no publicará el archivo codificado “insurance.aes256”, una especie de “seguro de vida” de Assange que contiene los cables diplomáticos y “material significativo de Estados Unidos y otros países” y que fue enviado a 100.000 personas de todo el mundo por si algo le sucediera a él o a algún miembro de su equipo.

En su comparecencia ante un tribunal londinense, Assange pidió ayer libertad bajo fianza, que le fue negada por el juez Howard Riddle, quien alegó que “hay bases sustanciales para creer que él podría huir si se le otorga”.

Antes de descartar esta posibilidad, el juez escuchó las declaraciones del cineasta británico Ken Loach, el galardonado periodista australiano John Pilger y la millonaria Jemima Khan, figura de la alta sociedad británica, hermana del diputado conservador Zac Goldsmith. Cada uno de ellos ofreció 31.600 dólares, avalando la fianza de Assange e intentando convencer a la corte de que no se fugaría. Pese a ello, Assange deberá permanecer en prisión preventiva hasta el martes, cuando se celebre la próxima vista del proceso para su extradición a Suecia. En esa instancia probablemente se fije una audiencia de extradición, indicó la agencia de noticias Reuters. La extradición dependerá de si el juez considera que está justificada y que no viola sus derechos humanos, y si se aprueba, Assange puede apelar la decisión.

El abogado de Assange en Suecia, Bjoern Hurtig, dio por hecho que recurriría el fallo si su defendido es extraditado y señaló que la orden de detención es para que declare en los casos en su contra, luego de lo cual debería ser liberado: “Sería desproporcionado mantenerlo detenido”.

Mientras este proceso continúa, el Departamento de Justicia estadounidense revisa su jurisprudencia y busca argumentos legales para presentar cargos contra Assange, según manifestó el lunes el fiscal general, Eric Holder. Uno de esos posibles argumentos es una supuesta violación de la Ley de Espionaje, que establece que quien tenga “información relativa a la defensa nacional” y la conserve o no la entregue al funcionario o empleado “que tenga derecho a ello es culpable de delito”.