Más de una ironía acompañó la caída del candidato de Evo Morales a la gobernación de La Paz, Félix Patzi. El final de su candidatura comenzó apenas unas horas después de que empezara a regir un decreto que endurecía las sanciones para los conductores alcoholizados. Ese mismo día, el 4 de octubre, el candidato del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) a las elecciones de abril fue detenido por la Policía mientras manejaba borracho su auto.

Para colmo, se trataba de un aymara, como Morales. El presidente consideró que Patzi, ex ministro de Educación de su gobierno, ya no era apto para postularse a la gobernación y le pidió que retirara su candidatura. En principio, Patzi aceptó. “Hermano presidente, tú eres muy sabio, muy disciplinado, muy ejemplar. Por eso me has botado y tienes todo el derecho, pero perdóname y que me perdonen también La Paz, El Alto y todas las provincias”, dijo el candidato.

Movimientos indígenas y campesinos que apoyaban a Pat-zi salieron en su defensa y amenazaron al gobierno con piquetes si no mantenía la candidatura del aymara. Con ese respaldo, también el candidato reclamó seguir en campaña hacia las elecciones regionales del 4 de abril.

El reclamo se fortalecía, además, con un pronunciamiento de la justicia comunitaria de los pueblos indígenas, que acaba de crearse, tal como lo dispone la Constitución que entró en vigencia en 2009, y que en este caso se superpuso por primera vez con la justicia común. La Constitución coloca a los dos tipos de justicia en pie de igualdad en cuanto a su jerarquía.

Patzi argumentó al principio que estaba borracho por participar en el velorio de una prima “según ritos aymaras”, informó Página 12, pero el gobierno sabía que fue detenido en plena ciudad de La Paz y que se había emborrachado en el citadino bar La Chopería. Por lo tanto, no correspondía que fuera su comunidad la que lo juzgara.

Pero los partidarios de Patzi recurrieron a la justicia comunitaria, que le impuso como sanción la obligación de fabricar mil adobes de construcción. Al hacerlo, ya habría pagado por su error y seguiría en campaña electoral. Así lo solicitaron sus seguidores a Morales y por eso se hizo más conflictiva la negativa del presidente, el principal impulsor de este nuevo sistema de justicia y un líder que responde a los mismos sectores defensores de Patzi.

El candidato llegó a asegurar que el gobierno, liderado por un aymara pero con un “entorno blancoide”, lo hubiera protegido si él no fuera indígena.

El caso terminó cuando el Órgano Electoral Plurinacional convocó al partido a presentar la documentación para la candidatura a la gobernación, y el MAS presentó los documentos de otro dirigente, que se convirtió en el nuevo candidato oficialista de La Paz, el abogado aymara y ex constituyente César Cocarico.

“Lamento mucho decir que el compañero Félix Patzi cometió un error, pero el pueblo paceño merece respeto y merece un mejor candidato y [...] tenemos a César Cocarico”, dijo el presidente, en el acto de apertura de la campaña electoral en La Paz, informó la agencia de noticias EFE. Queda por ver si afecta al MAS la caída de Patzi y la postulación de Cocarico, pero el oficialismo tiene un buen margen de confianza, ya que en esa región obtuvo 80% de respaldo en las elecciones de 2009.

El juego de la silla

Las reglas que establece la nueva Constitución para la justicia, que se implementan en forma gradual, fueron centro de otra disputa cuando el oficialismo todavía estaba en vías de resolver el caso Patzi. De acuerdo con la nueva Constitución, los bolivianos volverán a votar en diciembre, esta vez para elegir a los miembros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional entre una lista de candidatos propuestos por la Asamblea Plurinacional, el órgano legislativo boliviano.

Pero el gobierno entendió que si seguía esta regla, quedarían vacantes hasta diciembre varios puestos claves del Poder Judicial que hoy no tienen titular. El presidente insistió en que esto detiene el procesamiento de causas judiciales y que “no se puede permitir que la justicia siga parada”.

De acuerdo con los números oficiales, en los juzgados bolivianos hay más de 10.000 causas atrasadas en sus tiempos procesales, y en el Tribunal Constitucional, unos 5.700 expedientes se encuentran sin resolución. Hay más de 8.000 presos, pero unos 6.000 están detenidos en forma preventiva y sólo 2.000 tienen sentencia, dijo el mandatario para argumentar que es necesario que todos los cargos tengan jueces en funciones.

Para atender esa situación, la mayoría oficialista en la Asamblea aprobó la “Ley de necesidad de transición a los nuevos entes del órgano judicial y del Ministerio Público”. Para simplificar, se la conoce como “Ley corta”. Se trata de una norma que permite al presidente designar jueces y fiscales para ocupar esos puestos en forma transitoria hasta que los titulares surjan de las elecciones.

La oposición, que decidió vestirse de negro en señal de luto cuando se votó la “Ley corta”, entiende que significa una intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial y el fin de la independencia de poderes. Acusa al gobierno de perseguir a los jueces que dictan pronunciamientos contrarios a sus intereses y de ser responsable por esas vacantes en el Poder Judicial, y está convencida de que la nueva ley permite a Morales designar a dedo jueces oficialistas.

Por su parte, el oficialismo insiste en que es la derecha que gobernó por años Bolivia la que repartió entre sus partidarios los puestos en el Poder Judicial y que todavía opera desde allí. “Evo Morales no necesita ningún apoyo del Poder Judicial como los anteriores gobiernos que se cuoteaban la justicia. Lo que queremos nosotros es que haya justicia en Bolivia y sea para todos”, dijo.

La semana pasada, con la “Ley corta”, Morales designó por decreto a cinco de los doce integrantes de la Suprema Corte, y el lunes, ellos eligieron como nuevo presidente del tribunal a Julio Ortiz, quien lo integra desde 2005.

Ortiz reemplazó a Beatriz Sandoval, presidenta interina de la corte, quien a su vez reemplazaba al titular, Eddy Fernández, desde mayo, cuando los parlamentarios oficialistas lo acusaron de haber demorado en forma deliberada un juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, recordó la agencia de noticias EFE. Éste es el tipo de ejemplo que menciona la oposición -y el propio Eddy Fernández, en este caso- cuando denuncia persecución judicial del gobierno. Para reforzar este argumento, señala que unos 40 dirigentes opositores fueron denunciados a la justicia desde que asumió Morales, en 2006, por diversos delitos (desde corrupción hasta una matanza de campesinos oficialistas).

Ni corta ni perezosa

En cuanto a la designación de jueces a cargo del presidente, la oposición dice que la “Ley corta” es anticonstitucional y que el gobierno, en el fondo, busca designar jueces contrarios a las iniciativas autonómicas como la que impulsó, por ejemplo, el rico departamento opositor de Santa Cruz, mediante un plebiscito. Pero la oposición cruceña, que ahora reclama respetar la legalidad, convocó a su consulta autonomista pese a que ni el Poder Legislativo ni el Judicial reconocieron su iniciativa autonómica, que el oficialismo considera ilegal y separatista, con o sin “Ley corta”.

El gobierno aseguró que, al aplicar esta norma, no busca elegir a militantes del MAS para ocupar en forma transitoria los cargos de magistrados. Pero también quedó claro que no colocará en esos puestos a líderes opositores autonomistas.

Según explicó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, los nuevos magistrados fueron elegidos con criterios de representatividad regional y de género, entre otros, pero se tuvo en cuenta también que los designados no estuvieran vinculados a “ningún hecho ilícito” ni “hayan estado inclinados a la desunión del país”.

Con la nueva ley vigente, Morales designó por decreto, la semana pasada, 18 jueces titulares y suplentes para la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, las principales instituciones del Poder Judicial de su país, que entre las dos suman 26 cargos. Les pidió iniciar una “revolución en el Poder Judicial” y los convocó a “redefinir la ideología jurídica y la administración de justicia”. Pero, además, el mandatario les indicó: “No se puede perdonar a los separatistas de nuestra querida Bolivia. No es una cuestión política ni ideológica”.