Un acuerdo entre los dos mayores partidos políticos de República Dominicana hizo posible una nueva Constitución que entró en vigencia la semana pasada y que algunos ya reclaman reformar. Sus críticos cuestionan que no fue elaborada por una asamblea constituyente, sino por un grupo de 13 juristas y abogados. Luego fue modificada y aprobada por el Congreso, que actuó como una Asamblea Revisora del texto que envió el presidente Leonel Fernández.

Durante los siete meses de discusión del texto, el punto que generó mayores debates fue el reclamo de organizaciones sociales de que la nueva Constitución reconociera a las mujeres el derecho a interrumpir un embarazo en forma voluntaria. El punto enfrentó a sus defensores con grupos contrarios al aborto, respaldados por la Iglesia Católica, que incluso llamó a los fieles a no votar a políticos que defendían la posición contraria, informó la agencia de noticias EFE.

Triunfó la posición católica y con ella se alinea la Constitución. Declara que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”. Así, la interrupción del embarazo, que de acuerdo a BBC es castigada desde 1948 en el Código Penal dominicano, se hace bastante más difícil de despenalizar en el país. De paso, con ese texto constitucional, todo indica que se cerró, de antemano, toda discusión sobre eutanasia.

La nueva Constitución fue una promesa de campaña de Fernández, líder del Partido de la Liberación Dominicana, quien acordó su aprobación con Miguel Vargas, el presidente de la principal fuerza opositora, el Partido Revolucionario Dominicano.

De época

“¿Constitución del siglo XXI o de la Edad Media?”, fue el título de un artículo de opinión del diario dominicano Hoy firmada por Tahira Vargas. La columnista opinó que el texto constitucional recién estrenado está “plagado de disposiciones conservadoras” y “mutila” a las mujeres “su libertad de decidir sobre su propio cuerpo”. Añadió que “las voces de las organizaciones sociales y de la sociedad civil no fueron escuchadas y se impuso la verticalidad, el poder de los partidos y de la jerarquía eclesiástica por encima de los intereses de la población”. Otra columnista, Lilliam Fondeur, opinó en el diario El Nacional que los dos partidos mayoritarios del país crearon un texto “que niega los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

En cambio, en el periódico Diario Libre, la “redactora senior” Socorro Arias aseguró que la Constitución consagra nuevos derechos y hasta citó a algún político que puso en duda que el aborto sea penalizado en su texto.

Destacó que con este texto constitucional es posible la presentación de proyectos de ley por iniciativa popular, con las firmas de al menos 2% de los votantes, y la figura del “referendo aprobatorio” para las futuras reformas constitucionales que la modifiquen en cuanto a los derechos, deberes y garantías fundamentales que consagra. Destacó que establece un Estado Social y Democrático de Derecho, lo que implica garantías para sus ciudadanos tanto en derechos civiles como en bienestar social.

Varios dirigentes políticos de izquierda firmaron un comunicado recogido por el diario Listín, en el que afirman que ésta “es una Constitución que va a contracorriente de la evolución de la sociedad dominicana” y reclaman “una asamblea constituyente que elabore una Carta Magna genuinamente democrática”. Lo suscribe la coalición que conforman tres grupos políticos: MIUCA-Acción por el Cambio y la Unidad del Pueblo.

“Para siempre”

Al presentar la Constitución, el presidente Fernández aseguró que su texto surgió de la “inteligencia colectiva” del pueblo, el cual queda a salvo, “para siempre”, de golpes de Estado como el que sufrió Honduras. “Lo que ese texto está indicando es que en la República Dominicana nunca más volverá a repetirse la amarga y trágica experiencia de setiembre de 1963 [año del golpe de Estado al presidente Juan Bosch] o por la que en estos momentos ha tenido que atravesar la hermana República de Honduras”, dijo Fernández, según recogió EFE. “En definitiva, en la República Dominicana jamás se producirá un golpe de Estado”, añadió.

Fernández se refería a la creación de un Tribunal Constitucional, apto para resolver contiendas en temas vinculados a la Constitución, y a que en el caso de Honduras, una corte de estas características podría haber terciado en las acusaciones de ilegalidad que enfrentaron al presidente depuesto, Manuel Zelaya, con la Suprema Corte de Justicia de su país y con el Parlamento, que sirvieron de argumento a quienes le dieron un golpe de Estado.

El gobierno dominicano argumenta además, a favor de esta Constitución, que ofrece una mayor participación de la ciudadanía, con nuevas garantías, al habilitar figuras como el recurso de amparo, el plebiscito y el referendo.

Contra la corriente

A diferencia de otros países que también estrenaron sus constituciones en los últimos años, República Dominicana no habilitó en ella la reelección presidencial consecutiva sino que la prohibió. Varios mandatarios del continente intentaron, con mayor o menor éxito, recorrer el camino inverso al de Fernández y promover reelecciones consecutivas, indefinidas o no. Es el caso de los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela; Álvaro Uribe, de Colombia; Evo Morales, de Bolivia, o Daniel Ortega, de Nicaragua. Además, República Dominicana optó por prohibir en este texto los referendos revocatorios o confirmatorios de cargos, como los que existen en Bolivia y que confirmaron en su puesto a Morales.

Según recordó EFE, esta reforma constitucional llega para cambiar otra, que en 2002 devolvió al país la reelección consecutiva, que a su vez había prohibido otra reforma anterior, la de 1994.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, dijo al diario Hoy que si una mayoría del Congreso decidiera cambiar esta norma y habilitar la reelección presidencial consecutiva, podría hacerlo sólo con la aprobación de la mayoría de los legisladores. No debería convocar a un “referendo aprobatorio” porque este cambio no afectaría derechos fundamentales, garantías o deberes de los ciudadanos, explicó. Pero de inmediato Valentín aclaró que le parecía precipitado hablar de este tema, que “ni siquiera es razonable para los intereses del país”.

Otra discusión que se dio en torno a la nueva Constitución refiere a la posibilidad de enajenación de las costas dominicanas. Para los críticos de esta norma, el texto da vía libre a la venta de playas y los recursos naturales del país.

La organización no gubernamental Participación Ciudadana afirmó que durante el tratamiento del proyecto “los congresistas revisores establecen por un lado el libre acceso a los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pero, por el otro, [que éste debe existir] ‘observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada’”, lo que abre paso a enajenarlos.

En todo caso, quienes son críticos con esta norma que entró en vigencia el martes 26 pueden encontrar consuelo en la historia de la Constitución dominicana, que de acuerdo al diario Hoy, ya fue sustituida por otra o reformada 38 veces.