La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se reunió ayer con los gobernadores oficialistas en la residencia presidencial de Olivos, en un encuentro en el que se habló, entre otras cosas, de la polémica sobre el impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido como “impuesto al cheque”. La oposición y el oficialismo discuten qué porcentaje de lo recaudado por ese impuesto debe ir a las provincias. El gobierno determinó, sin ley que así lo obligue, destinar 30% a los gobiernos provinciales, pero la oposición considera que esto crea una dependencia del gobierno central que se subsanaría con una ley que destine a las provincias el 52% de lo recaudado por este impuesto. “Se evaluaron todas las posibilidades, incluidas la de eliminar el impuesto al cheque si la economía sigue creciendo”, dijo el ministro del Interior, Florencio Randazzo, luego del almuerzo en Olivos, y agregó que “no hubo gobernadores enojados, pero todos quieren tener la mayor cantidad de recursos posible”, citó el diario argentino La Nación.
Los siete gobernadores que apoyan la reforma del impuesto que impulsa la oposición no fueron invitados al almuerzo en Olivos. “Ya habrá otro tipo de reuniones en los que ellos van a estar y se va a hablar con ellos”, dijo la presidenta. A propósito de la ausencia del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, Fernández dijo que “la ciudad de Buenos Aires tiene sus características propias”.
Lejos de Olivos, Macri anunció ayer que presentará un proyecto de ley que, si se aprueba, prohibiría que manifestantes se tapen la cara y porten palos en las marchas. “No hablamos de evitar la protesta pero sí que no sea amenazante”, dijo el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien aclaró que para aplicar esta norma “se filmará [a los manifestantes] para luego apresarlos”.
También sería penada la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios que ejerzan esas tareas sin autorización gubernamental. Podrían pasar de un día a cinco en la cárcel “si se los descubre pidiendo plata”, explicó Montenegro.
“El de Macri me pareció un mensaje burdo, primitivo y ordinario, que nada tiene que ver con una política de seguridad”, dijo Martín Hourest, del bloque Igualdad Social. “A Macri le dan repulsión los encapuchados, entonces los pone presos, y de ahí a la criminalización de la protesta social hay un hilo muy tenue. Ésta es una política regresiva y reaccionaria”, argumentó, de acuerdo a la agencia estatal Télam.
Además, Macri anunció tres proyectos más, uno de los cuales insiste con el uso de la polémica pistola eléctrica por parte de la Policía Metropolitana. “Nuestra ciudadanía está preocupada, tiene miedo. Hay que extremar las medidas para lograr mejorar esta situación”, dijo. El uso de armas eléctricas fue muy cuestionado por la oposición y por organismos de derechos humanos. Macri declaró que entonces existía “demasiado prejuicio” y por eso ahora lo vuelve a intentar.
Los otros dos proyectos proponen llevar un registro de ADN de violadores (y otros delincuentes) y habilitar comisarías para la Policía Metropolitana. “La Policía y la justicia deben proteger a la gente buena”, dijo Macri, al finalizar la conferencia de prensa en la sede del gobierno, informó el diario Crítica.
Macri también fue el protagonista de una denuncia del diario Página 12, según el cual le habría pagado a jóvenes por asistir a un acto de su partido, Propuesta Republicana, el 6 de marzo, en Luján. Los jóvenes militantes habrían recibido desde hamburguesas con refrescos hasta 25 dólares en efectivo por concurrir al acto convocado bajo la consigna “Habla Mauricio y hablás vos”.