El último presidente de la dictadura argentina, Reynaldo Bignone, fue condenado ayer a 25 años de prisión como “coautor penalmente responsable de allanamientos ilegales; robo agravado por el uso de armas; privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas; y la imposición de tormentos agravados”, delitos cometidos contra 56 víctimas. Los crímenes que se le imputan fueron cometidos entre 1976 y 1978, en Campo de Mayo, uno de los principales centros clandestinos de detención de la dictadura, cuando Bignone era subjefe de esa dependencia.
El militar, de 81 años, estaba procesado con prisión desde 2007, pero cumplía arresto domiciliario. Ahora deberá cumplir su condena en una cárcel común de un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Ayer, otros cinco ex represores fueron procesados junto a él con prisión por los mismos crímenes.
Bignone, dictador en 1982 y 1983, leyó un alegato durante 40 minutos en el que negó la existencia de 30.000 desaparecidos, argumentó que sólo se comprobaron 8.000 y negó que existan 500 casos de robo de bebés por parte de militares. Calificó las órdenes dadas a sus subordinados como “legítimas” y aseguró que se libraba una “guerra irregular”. Durante los años en que gobernó, los últimos de la dictadura (1976-1983), Bignone dictó una ley de Pacificación Nacional, una amnistía, luego derogada, que protegía a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Hoy Bignone enfrenta otros dos procesos judiciales en los que se investiga su participación en crímenes cometidos durante la dictadura.