La comisión surgió a raíz del decreto 537/009, aprobado el 30 de noviembre por el entonces presidente Tabaré Vázquez, que habilitó la participación de empresas privadas en el Plan Cardales. Ante dicha resolución, Mujica convocó a fines del año pasado a representantes de los sectores del Frente Amplio (FA) y a dirigentes del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) para acordar una posición respecto de dicho decreto y para discutir las bases de una nueva ley de telecomunicaciones.

El primer documento aprobado por unanimidad en ese ámbito fue un informe presentado al presidente electo y al secretariado ejecutivo del FA, que manifestaba la oposición al decreto 537/009, que finalmente se sustituyó con otro decreto que firmó Vázquez el 1º de febrero de este año. Un segundo documento elaborado por el grupo de trabajo también logró unanimidad, en este caso expresando su postura contraria al nuevo Plan Nacional de Numeración instrumentado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), que comenzará a ejecutarse a partir de julio de este año y por el cual se agrega un dígito más a los números telefónicos.

Según manifestaron a la diaria integrantes de la comisión, “no había motivos de peso” para realizar el cambio en este momento, y a su vez era “inconveniente” realizarlo mientras se comienza a discutir un proyecto de ley para el área de las telecomunicaciones. En este último punto no hubo receptividad, si bien las discrepancias se plantearon cuando todavía participaba en las reuniones el hoy subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño, ministerio del cual depende la Ursec.

Sobre lo que todavía no se alcanza unanimidad es respecto del marco conceptual de la futura ley de telecomunicaciones. El tema de fondo radica en el rol que debe tener el Estado en la gestión de las telecomunicaciones, y si eso implica mantener el monopolio estatal no sólo respecto de la telefonía fija, sino también en el mercado de transmisión de datos y el de telefonía celular. Si bien la discusión todavía no está cerrada, según manifestaron varios integrantes de la comisión, el Partido Comunista, la CAP-L y Sutel acercaron posiciones acerca de este punto.

El plebiscito aquel

El representante de Sutel en la comisión, Gabriel Molina, explicó que el monopolio rige tras el plebiscito de la Ley de Empresas Públicas, en 1992, cuando se estableció el monopolio estatal de las telecomunicaciones y no sólo de la telefonía fija. “La tecnología avanza, pero telecomunicaciones es todo, desde la telefonía celular hasta los datos, pasando también por la telefonía fija; no se puede cerrar el monopolio a la telefonía fija”, opinó.

Sobre la apertura del mercado de la telefonía celular, Molina señaló que la subasta por la cual en 2004 se otorgó el derecho de uso de frecuencias radioeléctricas para telefonía móvil a las empresas Telefónica de España (Movistar) y América Móvil (Claro) fue “absolutamente ilegal”, y aclaró que también la Mesa Política del FA manifestó en ese momento su oposición. Según el dirigente, desde el FA se dijo que “si eran gobierno iban a actuar en consecuencia, y si hubieran actuado en consecuencia hoy no estarían operando en el país estas multinacionales”.

Desde Sutel se admite que la futura ley de telecomunicaciones “no puede desconocer la realidad” del mercado de la telefonía celular, en el que ya están operando empresas privadas, pero de todas formas reclama que los privados “no sigan lesionando desde el punto de vista económico al país”. Según el gremio, sólo el año pasado Antel aportó a Rentas Generales 146 millones de dólares, y si el mercado fuera monopólico las ganancias serían mucho mayores.

Sobre los servicios de transmisión de datos por internet, Molina señaló que si bien la banda ancha fija es monopolio de Antel, la banda ancha móvil sí está en competencia en el mercado, a través de las licencias otorgadas por la Ursec. La postura del gremio es que se suspenda la entrega de permisos y que se revisen los ya concedidos, “para ordenar la casa”.

“Es el momento de barajar y dar de nuevo”, concluyó el dirigente. La comisión no se reúne desde hace dos semanas, pero ya entregó un documento a la senadora Lucía Topolansky en el que se plantea un eventual esquema de competencias y facultades asignadas al Poder Ejecutivo, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y la Ursec. Si bien la comisión aún no se adentró en la discusión de los documentos, se estima que habrá diferentes posiciones que derivarán, a su vez, en varios informes para el presidente.

“Mujica planteó que él no quería unanimidad, que, si había varias visiones sobre el tema, quería varias visiones”, informó uno de los integrantes. Se prevé que en estas próximas dos semanas se profundice el debate, y también se esperan definiciones sobre quiénes serán las autoridades de Antel; ya es seguro, confirman, que la ingeniera Carolina Cosse, que preside la comisión, estará al frente de la empresa pública.