La tercera edición del Programa Nacional de Derechos Humanos brasileña, lanzada en diciembre, fue modificada a partir de reclamos de la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y varios ministerios que presentaron objeciones. Algunos de los proyectos de ley que componen ese programa fueron enviados al Congreso ayer por el presidente brasileño, Lula da Silva.

Una de las modificaciones fue la referida a la interrupción voluntaria del embarazo. El texto inicial instaba a “apoyar la aprobación del proyecto de ley que despenaliza el aborto”, mientras que la versión final llama a “considerar el aborto como un tema de salud pública”, informó Agência Brasil, que tuvo acceso al texto final.

Pese a la oposición de la Confederación de Agricultura y Ganadería, se promoverá otro proyecto de ley que obligará a que los procesos de ocupación de tierras sean mediados por la justicia. En el texto original, la ocupación podía mantenerse durante la mediación, pero en la nueva redacción las negociaciones se harán “sin perjuicio de otras medidas institucionales”.

En cuanto a la polémica Comisión de la Verdad, el primer intento de Brasil de investigar lo ocurrido en la última dictadura, el proyecto indica que debe “examinar y aclarar las graves violaciones de derechos humanos practicadas en el período de 1964 a 1988”. Antes se agregaba que esos delitos fueron cometidos “por agentes del Estado en la represión a los opositores”. Al restarle precisión, se apunta a que se investigue al Estado pero también a los grupos opositores a la dictadura, informó Folha de São Paulo.

Se indagarán las violaciones a los derechos humanos tanto en Brasil como en el extranjero y la Comisión podrá solicitar información y documentos de “órganos y entidades del Poder Público, aunque estén clasificados en cualquier grado”, señala el documento. Agrega que puede convocar a dar testimonio a “personas que puedan guardar cualquier relación con los hechos y circunstancias examinados”, tanto civiles como militares.

Con el objetivo de “promover la reconciliación nacional”, la Comisión estará en funciones dos años, sin posibilidad de prórroga, y será conformada “de forma pluralista” por siete personas, elegidas por el presidente y “de reconocida idoneidad y conducta ética”, informó O Estado de São Paulo. Cada uno de ellos cobrará casi 20 mil dólares.