Los 30 días en los que fue decretado el estado de excepción en cinco provincias paraguayas no serán suficientes para desmantelar al grupo guerrillero denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), indicó el viceministro de Seguridad Interna, Carmelo Caballero. “Ojalá pueda ser lo antes posible”, pero “una organización delincuencial que se formó hace once años, probablemente no pueda ser desmantelada” en un mes, agregó ayer en una rueda de prensa, indicaron el diario paraguayo Última Hora y la agencia de noticias ANSA.

Caballero afirmó que en una reunión con el presidente, Fernando Lugo, los ministros de Seguridad Interior, Rafael Filizzola, y de Defensa, Luis Bareiro Spaini, y altos mandos militares y policiales, se establecieron “líneas de ajuste” para asegurar más comunicación entre “fuerzas amigas” que intentan ubicar a los miembros del EPP.

El anuncio se produjo luego de que el lunes el gobierno paraguayo reconociera que hubo “errores” y “abusos graves” en el accionar de los militares en las provincias en las que rige el estado de excepción. Uno de los hechos en los que esto se puso de manifiesto ocurrió en la noche del sábado, cuando tropas del Ejército coparon una comisaría en el poblado de Jhuguá Ñandú, en Concepción, y atacaron a los policías. “Nos patearon, nos maltrataron y nos pidieron que no contemos nada”, dijo ayer el jefe de la comisaría, Blas Servín, a la radio local 970 AM. Agregó que les robaron una radio y plata.

También en la noche del sábado, los militares irrumpieron en una casa en la que se celebraba una fiesta familiar creyendo -erróneamente- que en ella se encontraba uno de los cabecillas del EPP.

Lugo visitó la zona ayer y ofreció sus disculpas a título personal y en nombre del gobierno, tanto a los policías como a la familia. Les prometió una “investigación profunda” de esos episodios. Lugo ya había ordenado que 24 efectivos de las Fuerzas Armadas, relacionados con estos hechos, fueran retirados de la zona y sumariados, informó el diario paraguayo ABC. Desde la oposición se reclama la renuncia del ministro Spaini, al que considera responsable por la falta de comunicación entre las fuerzas.

Por su parte, un supuesto miembro del EPP llamó el lunes a varias radios y reivindicó el “ajusticiamiento” de cuatro personas, entre ellas un polícia, el 21 de abril en Concepción. Se identificó como vocero del EPP, con el nombre de Máximo Brizuela, y pidió permiso para leer un comunicado “desde los montes del Norte de Paraguay”. La fiscal antisecuestros Sandra Quiñónez señaló que esa expresión es similar a otra, “desde las montañas colombianas”, utilizada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informó el diario paraguayo La Nación.

El secretario general de la Presidencia, Miguel Ángel López Perito, minimizó la importancia de las declaraciones por entender que cualquiera podría haberlas hecho.