El gobierno español trabaja en la redacción del Reglamento de la Ley de Extranjería que entró en vigencia en diciembre de 2009. El texto debía ser aprobado a más tardar el 12 de junio pero recién estará listo, con suerte, antes de fin de año. Las organizaciones de inmigrantes esperan que pueda solucionar un problema que se extiende con la crisis que afecta al país, el de la “irregularidad sobrevenida”.
La irregularidad sobrevenida es la situación que se registra cuando un extranjero con sus papeles “en regla” no puede renovar el permiso de residencia porque se quedó sin trabajo, agotó la protección social por desempleo y no tiene una nueva oferta laboral. Lo mismo ocurre cuando una persona tuvo períodos de desempleo y no pudo aportar a la seguridad social por todo el tiempo exigido: la mitad de lo que dura el permiso de trabajo. Por lo tanto, se puede perder el permiso de residencia a pesar de tener empleo, por el simple hecho de no haber trabajado el tiempo suficiente.
Según Anna Terrón, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, el gobierno también está preocupado por este tema. En entrevista con Europa Press, Terrón dijo el domingo que trata de “ver cómo se puede evitar que personas que han entrado de forma regular, que han estado trabajando, caigan en situación irregular” y admitió que desconoce cuántos extranjeros ya enfrentan ese problema porque es algo “muy difícil de abordar”.
Lorenzo Cachón, sociólogo y presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, un órgano asesor del Ministerio de Trabajo e Inmigración, dijo a la agencia de noticias EFE que la situación es “mucho más grave de lo que ha sido nunca, porque no sólo se irregulariza al inmigrante sino a todos los reagrupados vinculados con él”. Son familias enteras las que pueden quedar “sin papeles” además de perder su fuente de recursos económicos.
De otros tiempos
En la inauguración del XX Encuentro de la Abogacía sobre Derecho y Asilo que tuvo lugar en mayo en Barcelona, Terrón indicó que el reglamento aportará cambios a lo establecido por la ley porque esta norma fue aprobada en otro momento.
Sin embargo, el reglamento debe desarrollar, complementar y hacer cumplir la ley sin ir en contra de lo que ésta establece. La norma aprobada por el Congreso en diciembre fue calificada como un “retroceso” en materia de derechos humanos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
El reglamento en proceso de redacción debería, según la secretaria de Estado, flexibilizar la exigencia de un contrato de trabajo para permitir al inmigrante conservar el permiso de residencia, “aunque sin llegar a desvincular ambos”. Para concluir, se preguntó: “¿Es necesario tener una oferta de empleo para poder residir? Esto responde a una mentalidad industrial del siglo pasado: ahora no vienen trabajadores, sino ciudadanos”.
El documento “Propuestas de CEAR ante el desarrollo reglamentario de la Ley de Extranjería” estima que se debe “incluir a los que no lleguen al tiempo mínimo exigido de trabajo por haber sufrido bajas laborales por enfermedad o accidente, en las razones humanitarias de la vigente ley”, para evitar, justamente, la “irregularidad sobrevenida”.
En mayo, un fallo judicial ordenó la regularización de un ciudadano marroquí pese a que le faltaba tiempo de aporte a la seguridad social. La jueza tuvo en cuenta la situación económica de esa persona e hizo una “interpretación flexible de la norma”, cosa que permite el Código Civil español.
Por otro lado, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración entiende que en estos momentos de crisis económica hay que facilitar la salida de los extranjeros permitiendo su regreso cuando la situación económica sea más favorable. Un extranjero podría volver conservando los derechos que ganó durante su anterior estancia en España. Por ejemplo, no tendría que esperar otra vez los cinco años necesarios para recibir el permiso de residencia permanente, sino que mantendría su antigüedad.
Hasta ahora, si un extranjero se ampara en el plan de retorno voluntario del gobierno español debe comprometerse a no regresar en tres años a España. Esta condición causó rechazos, y de noviembre de 2008 a marzo de 2010 (19 meses) sólo se registraron 12.100 solicitudes.
Si bien las declaraciones de Terrón muestran cierta buena voluntad del gobierno español, por ahora, mientras los extranjeros “con papeles” temen al desempleo, los “sin papeles” temen a la Policía.
Una nicaragüense residente en España que fue detenida tres veces en un año por la Policía dijo a la agencia de noticias AFP que Terrón miente cuando dice que en su país “no hay una política indiscriminada de detención de personas por su aspecto físico”.
Un comunicado con fecha 9 de junio, firmado por más de 30 organizaciones vinculadas a los inmigrantes y encabezadas por la Asociación de Cooperación Bolivia-España (Acobe), denuncia la existencia de redadas policiales a cargo del Ministerio del Interior. “A muchos nos han detenido cerca de juzgados, embajadas, locutorios, estaciones de autobuses, lugares de trabajo, locales de las asociaciones, restaurantes o discotecas”, dijo un joven senegalés al diario español Público.
El informe trimestral del Ministerio de Inmigración y Trabajo indica que el 31 de marzo eran 4.842.499 los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia vigente.