El recién aprobado proyecto de Ley Antiterrorista sienta un “negro precedente para las libertades ciudadanas”, declaró en un comunicado el Frente Guasú, integrado por organizaciones políticas y sociales que apoyan al gobierno del presidente paraguayo, Fernando Lugo. Son varios los sectores de la sociedad civil organizada que alertaron de la posibilidad de que esta ley se utilice para reprimir y evitar protestas. Argumentan que la norma carece de definiciones claras y que deja a criterio de los jueces la potestad de decidir, en cada caso, si una acción es o no terrorista. Lo sería, de acuerdo al artículo 1º de la ley, si fue cometido para infundir o causar terror, indicó el diario paraguayo Última Hora.

El diputado opositor José López Chávez, de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, de Lino Oviedo, celebraba que con esta norma “se erradicará el secuestro, la extorsión y el robo que tienen fines terroristas, así como aquellas actividades que están impulsando los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”.

Desde 2009, cuando secuestró a un empresario ganadero por varios meses, este grupo armado se convirtió en un problema para el gobierno. La oposición, que amenazó más de una vez con juicio político al presidente por no ser lo bastante duro con el EPP, presiona al Ejecutivo para que endurezca las acciones contra esa guerrilla. En ese contexto, el gobierno llegó a decretar el estado de excepción en varios departamentos del país para habilitar a los militares a salir a combatirla.

El estado de excepción fue otra iniciativa del gobierno de Lugo que fue cuestionada por los sectores más progresistas de la coalición que apoyó su candidatura, la Alianza Patriótica para el Cambio, las mismas que se oponen a la Ley Antiterrorista.

“Las libertades ciudadanas en nuestro país, conquistadas con una lucha tesonera de demócratas de todos los colores, pueden quedar seriamente reducidas con la aprobación de la ley”, insistía días atrás el Frente Guasú. Pero el jueves diputados de todos los partidos daban su voto al proyecto, que en mayo obtuvo media sanción en el Senado.

Uno de los grupos políticos que integran el Frente Guasú, el movimiento Tekojojá, organizó semanas atrás protestas de campesinos en Asunción contra la norma. Uno de sus dirigentes, Jorge Galeano, dijo entonces que la ley instala “una posibilidad de que los jueces y fiscales con una cultura autoritaria coarten los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos”. Se referían a una cultura que se forjó durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que se extendió desde 1954 a 1989. Ese período también fue recordado por algunos actores sociales cuando se instaló el estado de excepción.

Según recogió el diario paraguayo La Nación, en un comunicado Galeano calificó de “anticonstitucional” el proyecto y dijo que con él la sociedad va a “quedar en manos de jueces y fiscales de la época de la dictadura e ideológicamente instrumentados por una minoría autoritaria que desatará una caza de brujas contra los luchadores sociales”.

Como la ley contó con la aprobación general de los sectores políticos, los grupos sociales cercanos al gobierno reclamaron a Lugo que aplicara el veto presidencial a esta iniciativa. Esa expectativa se fundó en el hecho de que en diciembre Lugo había retirado el proyecto del debate parlamentario ante las protestas de organizaciones sociales.

Pero luego el Ejecutivo devolvió esta iniciativa al Parlamento. De acuerdo con el diario ABC, lo hizo en respuesta a presiones de organismos internacionales. El periódico Última Hora señaló que con esta norma el gobierno busca evitar que el país sea expulsado del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales, una organización que integran más de 30 países y que tiene como fin combatir la financiación del terrorismo.

Al devolver el proyecto al Parlamento, el gobierno argumentó que ya había cumplido con su compromiso de escuchar las críticas al proyecto y que incluso le introdujo alguna modificación a ese texto legal. “El Ejecutivo cumplió su promesa. Nosotros habíamos recibido notas de organizaciones de derechos humanos que pedían más revisión” y se hicieron cambios al proyecto, dijo el asesor jurídico de la presidencia, Emilio Camacho, indicó el diario paraguayo La Nación. El asesor añadió que algunas críticas apuntaban a que “existían conceptos muy genéricos que podían afectar las garantías individuales”, así que “se afinó algo”. A su entender, éste es “un proyecto bueno, que respeta claramente los derechos individuales y hace que Paraguay cumpla con la Comunidad Internacional”.

La nueva norma establece penas de entre cinco y 30 años de prisión para los procesados por hechos de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo.

Durante su consideración en el Senado, un integrante de esa cámara, el oficialista Sixto Pereira, dijo que “éste es un proyecto donde tienen que estar todos los actores sociales y políticos” para “velar que no se convierta en un apéndice para criminalizar las luchas sociales, como sucede en otros países”. Pereira y Carlos Filizzola fueron los únicos senadores en oponerse al proyecto. También se resistieron a aprobarlo algunos diputados oficialistas que se retiraron de la Cámara durante la votación de la iniciativa. Pero fueron la excepción.