Una de las primeras iniciativas del nuevo gobierno de coalición de conservadores y liberales demócratas del Reino Unido fue la de comenzar a investigar las acusaciones contra el país de complicidad en casos de tortura en el extranjero. El ministro de Relaciones Exteriores, el conservador William Hague, indicó que la investigación será llevada a cabo por la Justicia y que es necesario que se aclare el papel británico en estos casos.

Una de las acusaciones más graves es la del ex detenido de Guantánamo Binyam Mohamed, quien asegura que fue torturado por agentes de Estados Unidos con la complicidad de los británicos.

Mohamed es un ciudadano etíope que residía en Reino Unido y que fue detenido en Pakistán en 2002, trasladado a Marruecos, luego a Afganistán y por último a Guantánamo, en 2004, como parte del programa de entregas dirigido por Estados Unidos.

En febrero del año pasado fue liberado, después de que Estados Unidos retirara las acusaciones de supuesta participación en complots terroristas. Desde su liberación, Mohamed ha reiterado que fue torturado y que el gobierno británico estaba al tanto de ello, aun siendo firmante del Convenio de Naciones Unidas contra la Tortura, que establece que los países firmantes velarán por que los actos de tortura constituyan delitos.

Varios fallos judiciales británicos exigieron al gobierno que diera a conocer la información que la CIA le había entregado acerca de las torturas recibidas por Mohamed. Los fallos también indicaron que la relación del Reino Unido con Estados Unidos respecto al prisionero “iba mucho más lejos que la de un espectador o testigo de las presuntas actuaciones indebidas”. El gobierno siempre apeló esos fallos, según indica el informe de Amnistía Internacional (AI) de 2010 sobre los derechos humanos, que también resalta que el Reino Unido hizo caso omiso a los llamados a realizar una investigación independiente sobre el papel de sus agentes.

Lo primero que se torna evidente en el caso Mohamed es que estuvo preso sin juicio durante casi siete años. En las actas judiciales del caso figura el testimonio de un agente del Servicio de Seguridad británico (MI5), quien se identifica como “Testigo B”, que interrogó a Mohamed en 2002, informó el diario español El País tras acceder a los documentos de la Justicia. El Tribunal Supremo británico concluye que el “Testigo B” y “personas con más autoridad” debieron leer informes sobre las circunstancias de encarcelamiento ilegal y malos tratos que vivió el detenido en Pakistán y, pese a ello, siguieron “facilitando” interrogatorios por parte y en nombre de Estados Unidos.

En sus declaraciones, el “Testigo B”, que no reconoce ni rechaza haber torturado él mismo a Mohamed, afirmó que sus acciones fueron autorizadas por “los directivos” del MI5 y consideradas adecuadas “por lo que respecta al Servicio de Seguridad y, creo, al gobierno”.

En las actas judiciales del caso también consta que funcionarios británicos y estadounidenses intentaron aplazar la entrega de documentos que probaban el maltrato recibido por Mohamed a sus abogados defensores. La defensa exigía los textos para probar que si había confesado había sido bajo coacción.

Amnistía Internacional denuncia otros casos en países como Bangladesh, Egipto, Pakistán y Emiratos Árabes, donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos “con el conocimiento, la complicidad y, en algunos casos, la presencia de agentes de inteligencia británicos”, así como que hay pruebas de que “funcionarios británicos habían intentado encubrir la participación del Reino Unido” en esos hechos, tal como en el caso Mohamed.

No sólo el Reino Unido investigará los indicios, también lo hará la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en fallos anteriores concluyó que el gobierno británico violó los derechos humanos de varios ciudadanos extranjeros al haberlos sometido a internamiento, reclusión sin cargos ni juicio. En ese tribunal están en curso otras dos demandas contra el gobierno británico por parte de ciudadanos iraquíes por la muerte de seis de sus familiares, civiles que murieron entre mayo de 2003 y junio de 2004, y por la detención de un civil británico en Irak.

Los demandantes sostienen que los iraquíes murieron por disparos británicos y que dos de ellos fueron duramente golpeados: uno murió a causa de las heridas y el otro fue “forzado a atravesar a nado” un río, donde se ahogó, informó la agencia de noticias EFE. La otra demanda presentada refiere al caso de un ciudadano británico-iraquí que fue detenido en 2004, sospechoso de pertenecer a un grupo terrorista, y liberado en 2007 sin haber sido sometido a un proceso penal. El demandante sostiene que fue torturado durante su detención, la cual, según argumentaron las autoridades británicas, fue “necesaria por razones imperativas de seguridad”.

La Gran Sala del Tribunal debe determinar si el Convenio Europeo de Derechos Humanos firmado por el Reino Unido se aplica a sus tropas fuera del territorio. El representante británico, James Eadie, recordó un fallo de 1999 en el que el Tribunal indicó que ese convenio “no se puede aplicar en todo el mundo”, y defendió las operaciones militares y las detenciones de sospechosos señalando que “son necesarias para garantizar la paz internacional”.