Los sindicatos y gremios panameños convocaron para mañana a un paro de 24 horas reclamando la derogación de una ley que reformó el Código de Trabajo y modificó la Ley Ambiental, entre otras, y que la oposición denomina “ley chorizo” porque embute temas diversos.

Esta norma buscaba, en un principio, introducir reformas en el sector de la aviación civil. Pero las modificaciones al texto original la convirtieron en una amplia reforma impulsada por el gobierno de Ricardo Martinelli, que el 1º de julio cumplió su primer año de gestión.

El proyecto fue aprobado en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, y al promulgarla Martinelli aseguró que “es lo más conveniente para la gente” y que éstas son reformas necesarias para lograr un incremento de las inversiones en Panamá.

Cientos de trabajadores, activistas ambientalistas, estudiantes y grupos opositores protestaron cuando la Asamblea Nacional aprobó la ley. Desde el día siguiente, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), la principal central obrera del país, hizo una “alianza monolítica” para respaldar las acciones de distintos gremios y agrupaciones civiles contra la norma, dijo el coordinador Miguel Ángel Edwards, informó la agencia de noticias ANSA.

La “ley chorizo” modifica por lo menos tres códigos -el de Trabajo, el Penal y el Judicial-, y seis leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ambiental, informó el diario Panamá América.

En el plano laboral, establece que no es obligatorio estar afiliado a un sindicato -antes sí lo era- y que la empresa ya no está obligada a descontar la cuota sindical. También restringe el derecho a huelga, ya que se podrá suspender a los empleados durante un paro y contratar a otros trabajadores para sustituirlos, informó el diario panameño Hora Cero. Además, con la ley aprobada, los empleadores pueden utilizar a la policía para garantizar la “protección” de la empresa y su “operatividad”.

La nueva ley permite que no se apliquen los estudios de impacto ambiental a los proyectos públicos y privados que sean declarados de “interés social” por el gobierno. En cuanto a los policías, se establece que a un agente no se lo puede detener de forma preventiva ni se lo puede suspender del cargo por delitos cometidos durante el servicio, informó la agencia de noticias EFE.

Varios gremios han realizado paros parciales y Conato anunció que las principales medidas de protesta se desplegarán este mes en la ciudad de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro. Mientras, 4.000 trabajadores del sector bananero llevan adelante una huelga desde principios de mes, en reclamo del pago de sus sueldos y la derogación de la “ley chorizo”.

Durante las protestas y la represión de parte de la policía murieron dos manifestantes, según el gobierno, y un número que varía entre cuatro y seis, según los sindicatos. Las dos fuentes coinciden en que más de un centenar de personas resultaron heridas, 18 de ellas de gravedad. El diario de Costa Rica La Nación indicó que desde la semana pasada más de cien personas dejaron Panamá rumbo a ese país por los disturbios en la ciudad cercana a la frontera.

Ayer el presidente Martinelli dijo que “la ley no se va a derogar” y aseguró que la situación en Changuinola es resultado de la “desinformación y una serie de mentiras” de la oposición. El gobierno considera que dirigentes del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) están detrás de los disturbios y de la huelga. El PRD rechazó la acusación y responsabilizó al gobierno por haber aprobado la ley “sin consultas”, informó Hora Cero.

Varios dirigentes sindicales de la región de Bocas del Toro alertaron que si el gobierno insiste en no derogar la ley la situación puede trasladarse a otras regiones del país, mientras la policía detuvo a más de un centenar de dirigentes sindicales el sábado, luego de que se anunciara el paro del martes, aunque no se dieron a conocer las causas de esas detenciones. Ayer la policía detuvo a otro dirigente sindical y había órdenes de arresto contra otros ocho.

Mientras tanto, según informó Panamá América, diversos sectores de la sociedad civil no descartan llevar la polémica ley a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos.