El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó el lunes la última de las cinco leyes pendientes para que se aplique en forma plena la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en 2009. Antes de la Ley de Autonomías y Descentralización, se promulgaron las del Órgano Electoral, del Régimen Electoral, del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial.

En el acto organizado para que el presidente firmara la ley, en el Palacio de Gobierno, Morales expresó su satisfacción y saludó una “fecha histórica e inédita” porque, según consideró, Bolivia avanza en “profundas transformaciones” que se llevan adelante de manera democrática, informó la agencia de noticias EFE.

La Constitución establecía un plazo de 180 días -hasta mañana- para que entraran en vigencia las nuevas leyes con todas las reglamentaciones necesarias.

La Ley de Autonomías y Descentralización establece cuatro niveles de soberanía: departamental, municipal, regional e indígena. Según dijo el ministro encargado del tema, Carlos Romero, “es la ley más importante del país después de la actual Constitución”. Para el responsable del Ministerio de Autonomías, la norma “entraña el reordenamiento territorial y la recomposición del poder político y una reasignación de los recursos económicos”.

La oposición, que controla las regiones de Santa Cruz, Tarija y Beni, no logró su objetivo de repartir los recursos entre el gobierno estatal y las gobernaciones dando mayores beneficios a los estados más poderosos. Tampoco tuvo éxito al intentar derogar la norma, según la cual un representante electo puede ser suspendido por las asambleas regionales si es imputado por la Justicia.

Este fracaso llevó a Jaime Barrón, el opositor alcalde de Sucre, a abandonar su cargo tras ser acusado ante la Justicia de instigar a quienes atacaron a un grupo de indígenas partidarios del gobierno, en un episodio ocurrido en 2008. Barrón dijo que presentó un recurso legal contra la acusación, pero que decidió renunciar al cargo porque de todos modos la Justicia es “manejada” por el gobierno, indicó EFE. El alcalde concluyó que la situación que enfrenta “no es una derrota porque la lucha por la democracia no es derrota”.

En la misma línea, un senador, Germán Antelo, anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra artículos de esta ley que, a su juicio, “da luz verde a la persecución política, da nuevas competencias a las regiones, pero sin recursos, y no reconoce los estatutos autonómicos”. Romero le respondió que la normativa cumple con las expectativas de desarrollo autonómico de las regiones y que los estatutos mencionados deben ser revisados y sometidos a control del Tribunal Constitucional antes de entrar en vigor, según establece la nueva Constitución.

Las reformas también despertaron reparos de tradicionales aliados del gobierno, como los grupos de indígenas amazónicos. Las cinco nuevas leyes promueven la representación de los indígenas en los poderes Judicial, Electoral y Legislativo y abren la puerta a la autonomía para los territorios ancestrales. Pero los indígenas del oriente boliviano consideran que esas normas limitan su participación en el Poder Legislativo y ponen trabas a su autonomía, indicó la BBC.

El gobierno todavía negocia con movimientos indígenas de la Amazonia la suspensión de una marcha de protesta contra la Ley de Autonomías y Descentralización, que avanza rumbo a La Paz y que hoy cumple un mes.