A mediados de 2008 el presidente colombiano, Álvaro Uribe, tuvo que pedir disculpas públicas porque el Ejército de su país bombardeó un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador sin pedir permiso al país vecino. El caso repercutió en las relaciones de su país con Venezuela, que rechazó el bombardeo, y con Ecuador, donde rige una orden de arresto contra el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, hoy presidente electo colombiano.
Sin embargo, ya en sus discursos de campaña, el oficialista Santos dio a entender que el trato con sus vecinos sería más amigable. Desde su victoria se refirió a ellos con tono conciliatorio e incluso invitó al presidente venezolano, Hugo Chávez, y al ecuatoriano, Rafael Correa, a su asunción, el 7 de agosto, en un claro intento de dar un giro a las relaciones, indicó el diario colombiano El Tiempo.
A Uribe “le ha incomodado que el nuevo gobierno proyecte la imagen de que es una especie de salvador de la diplomacia”, indicaron fuentes uribistas a la revista colombiana Semana, y señalaron que así Santos “deja al gobierno saliente como guerrerista y conflictivo”. La semana pasada, Uribe advirtió que la política exterior colombiana no podía ser “meliflua” -dulce y delicada- ni “babosa”.
En ese marco llegó el jueves el llamado del gobierno colombiano a los directores de los medios de prensa para brindar pruebas “inobjetables”, según el comunicado del gobierno, de que líderes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) viven a sus anchas en Venezuela, bajo la mirada del gobierno, por lo que la normalización de las relaciones sería un peligro para la seguridad nacional.
El gobierno saliente pidió al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una sesión extraordinaria, que se celebrará el jueves, para presentar las pruebas, que se exigió a los medios de comunicación no publicar.
La prensa local calificó estos anuncios como sorprendentes e inoportunos, mientras que desde la cancillería venezolana, a través de un comunicado, se los tachó de “patético espectáculo mediático” y de “intento desesperado (del gobierno saliente) por minar el terreno de una eventual normalización de las relaciones bilaterales”.
Chávez dijo que esta nueva crisis se debe a que Uribe “está peleado con Santos” y “lo está saboteando”, y aseguró que si “siguen con su locura” él va a romper relaciones con Colombia, lo que haría “muchísimo más difícil la restitución de las relaciones con el nuevo gobierno”.
El gobierno de Venezuela rechazó las denuncias de que “tolera” la presencia de líderes guerrilleros en su territorio. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, fue autorizado por Chávez a reunirse con la canciller entrante de Colombia, María Ángela Holguín, ex embajadora ante la ONU que renunció por desacuerdos con Uribe. Maduro dijo a los medios que entregó a la embajadora de Colombia en Caracas, María Luisa Chiappe, una nota “rechazando las mentiras y la olla podrida que ha montado el gobierno del presidente Uribe”. También indicó que se llamó a consultas al embajador de Venezuela en Bogotá, Gustavo Márquez.
Además, destacó la presencia del embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, en la conferencia de prensa en la que el ministro del Interior colombiano, Gabriel Silva, se refirió el jueves a las supuestas pruebas. Según el canciller, se trata “de una acción en la que se conciertan, de una parte, la política de acción del Departamento de Estado de Estados Unidos y, lamentablemente, el gobierno saliente del presidente Álvaro Uribe”.
Chávez subió la apuesta. Dijo que Uribe es un “mafioso” que es “capaz de cualquier cosa” y anunció que no asistirá a la investidura de Santos porque debe “cuidar” su vida. El mandatario dijo que había estado dispuesto a ir a Colombia el 7 de agosto para “extender la mano” a Santos y “dar una señal” hacia la normalización de las relaciones, pero que luego cambió de opinión, informó la agencia de noticias EFE. “Hago un llamado al presidente electo”, dijo Chávez, “le pido que se desmarque de Uribe”.