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Jill Shenker, coordinadora nacional de la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos, indicó que los reclamos de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar en Estados Unidos incluyen tres puntos clave para su organización. Uno de ellos es la demanda de que Estados Unidos incorpore un esperado convenio de la OIT para las trabajadoras del hogar. Otro consiste en cambios administrativos en la legislación laboral. En el caso de las trabajadoras con cama, los empleadores deberían mantener un archivo de las horas trabajadas. Si este archivo no se realiza, quedaría bajo la responsabilidad del patrón demostrar cuántas fueron esas horas trabajadas. El empleador debería también aportar pruebas del costo de la comida y del hospedaje que cobre a la trabajadora. En este sentido se reclama un límite en el monto deductible del salario y que si se cobra hospedaje, se brinde un espacio privado, con puerta y llave. Un tercer punto reclamado consiste en la creación de un departamento específico, en el Ministerio de Trabajo, destinado a los trabajadores carentes de protección laboral, para informarles de sus derechos mediante una coordinación con la sociedad civil.
Nueva York se convirtió en el primer estado de su país en proteger a las empleadas domésticas con una ley estatal aprobada el 1º de julio. Las trabajadoras del hogar luchan desde hace siete años por el respeto de sus derechos y están a un paso de una victoria más, que abre las puertas hacia nuevas luchas.
La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, fundada en 2007 por 13 grupos de la sociedad civil estadounidense, reagrupa hoy 30 organizaciones y unas 10.000 integrantes en el país, según nos informó Jill Shenker, su coordinadora nacional. Hace menos de quince días, fortalecidas por la victoria ante el Senado de Nueva York, decidieron en asamblea llevar la lucha a nivel federal para mejorar las condiciones de trabajo de los dos millones y medio de trabajadoras del hogar que, calculan, se desempeñan en Estados Unidos.
La ley de Nueva York terminó en el estado con una situación heredada de los años 30. Entonces, en Estados Unidos, las trabajadoras domésticas -al igual que los trabajadores rurales- quedaron fuera de la Ley de Condiciones de Trabajo Justo, que resguarda a los demás sectores. El entonces mandatario estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, lo dispuso así para asegurarse el apoyo de los senadores blancos y segregacionistas del sur. Por lo tanto, hasta hoy, fuera del territorio neoyorquino, la trabajadora del hogar queda sujeta a la buena voluntad de sus empleadores.
La nueva ley establece derechos básicos: el pago de horas extra por encima de las 40 horas semanales (44 para las que viven con sus empleadores), un día libre por semana, feriados, tres días de vacaciones pagas después del año de antigüedad, licencias por enfermedad, indemnización por despido, protección contra las discriminaciones laborales. La ley de Nueva York también prevé una protección específica en caso de abuso sexual, informó la agencia de noticias EFE.
A fuerza de presiones por parte de las mujeres organizadas en Nueva-York, “la legislatura ha tenido que tomarlas en cuenta y hacer lo que debían haber hecho muchos años atrás”, dijo a la diaria Jill Shenker, coordinadora nacional de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, en una entrevista por correo electrónico.
En el estado de Nueva York se estima que 250.000 personas -en su gran mayoría, mujeres - ejercen el trabajo doméstico.
De Estados Unidos al mundo
La Alianza de trabajadoras del hogar espera, como muchas otras organizaciones en el mundo, obtener la aprobación de un Convenio-recomendación para el Trabajo Decente de las Trabajadoras del Hogar por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ocasión de la 99ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, que se desarrolló del 2 al 18 de junio, se acordó que se elaboraría ese acuerdo en 2011. La Comisión sobre trabajo doméstico de la OIT entregó un informe con recomendaciones en el sentido de que si se llegaran a integrar al convenio definitivo, obligarían a todo país que lo ratifique a respetar una serie de derechos básicos, similares a los que aprobó Nueva York.
“Vimos en Ginebra que el de Estados Unidos fue uno de los gobiernos que más apoyaron la medida. Entonces esperamos que pongan en práctica en el país lo que dicen [las autoridades] sobre los derechos y el respeto que las trabajadoras del hogar merecen a nivel internacional”, dijo Shenker.
Uno de los principales problemas a la hora de legislar sobre los derechos de quienes trabajan en el hogar es la informalidad y la dificultad de controlar la aplicación de las leyes. Además, un informe de la Red Internacional de Trabajadores del Hogar, elaborado en 2010 para la última conferencia de la OIT, estima que en Estados Unidos 23% de los empleados en domicilios privados son inmigrantes indocumentados.
Por su especial vulnerabilidad, es indispensable la información y organización de este sector de los trabajadores, sostienen las organizaciones de trabajadoras. Consultada sobre cómo se controlará que se respeten en Nueva York los derechos ganados, la coordinadora de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar dijo a la diaria que, al igual que todas las leyes laborales, deberá ser implementada por el Ministerio de Trabajo y que el Estado deberá defender esos derechos. “Como organizaciones, seguiremos educando a las trabajadoras del hogar sobre sus derechos”, agregó.
Pasaporte del hogar
Un caso particular, dentro del vasto mundo del trabajo doméstico, es el de las numerosas trabajadoras extranjeras que ingresan a Estados Unidos con un visado específico para el personal diplomático. Buena parte de estas trabajadoras “enfrentan muchos abusos, porque su visa está conectada con un empleador específico” y no pueden trabajar para otra persona.
A esto se agrega el problema de la inmunidad diplomática de sus empleadores. “Ayudamos a estas trabajadoras a escaparse de estas situaciones”, relató Shenker. “Queremos tratar el problema de raíz, quitar la inmunidad diplomática y asegurar que los trabajadores migrantes no puedan ser vinculados solamente a un empleador en particular, a través de las Naciones Unidas y la OIT,” señaló. En Estados Unidos existe un visado específico para las víctimas de crimen o de tráfico de personas. Además la Alianza negocia con las embajadas para lograr el pago de los sueldos no cobrados.
En noviembre de 2007, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, según sus iniciales en inglés) hizo una demanda, junto con otras organizaciones, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La denuncia, referida al caso específico de seis mujeres migrantes empleadas por diplomáticos y víctimas de abusos, pretendía llamar la atención sobre esta realidad. En casi tres años, las organizaciones demandantes no han recibido respuesta, informó a la diaria Jennie Pasquarella, una abogada que trabajó en la causa.
El informe estadístico elaborado para la 99ª Convención de la OIT por la Red Internacional de Trabajadores del Hogar recuerda que el organismo internacional considera que más de 100 millones de personas trabajan en servicios domésticos. En América del Sur son 1.200.000 personas, según cifras de 2007. En 2009 se estableció que éste era el “mayor sector individual de empleo femenino” en el continente.
