La Comisión de Legislación General del Senado argentino tiene previsto pronunciarse el martes 6 sobre el proyecto de ley aprobado en mayo por la Cámara de Diputados que autoriza el matrimonio homosexual, y para ello recibió los argumentos de distintos sectores sociales sobre el tema. El 14 de julio le tocará al Senado en su conjunto pronunciarse.

Argentina está a un paso de ser el primer país latinoamericano en aprobar una legislación nacional que autorice el matrimonio entre personas de mismo sexo, y diversos sectores consideran que tienen algo que decir al respecto. Entre ellos, los defensores del casamiento entre hombre y mujer exclusivamente. En primera fila se encuentra la Iglesia Católica, en un país en el que un 90% de la población es de confesión católica.

El obispo de San Isidro y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, desestimó ayer la importancia del tema. “Si uno se pone a pensar en cuáles son los grandes problemas, no creo, con toda sinceridad, que éste sea uno de los grandes problemas de la Argentina”, opinó. “Son varios cientos de miles los jóvenes que no estudian ni trabajan”, agregó en diálogo con la radio argentina Continental. Casaretto dijo que no quiere oponerse “a los derechos que cada uno debe tener”, pero añadió que la unión entre personas del mismo sexo “no se trata de un matrimonio” y consideró que se deben “encontrar las figuras legales para proteger esos derechos”.

Según reportó el diario argentino La Nación, entre las pancartas que se vieron el lunes ante el Congreso, en un acto que acompañó el cierre de las consultas de la Comisión del Senado en Buenos Aires, se pudo leer: “Dios no discrimina. Soy católico y estoy a favor de la igualdad”.

Desde otro abordaje del tema, se pronunció también el abogado constitucionalista, ex ministro de la Corte Suprema y ex ministro de Justicia de Menem, Rodolfo Barra. Según él “la introducción del matrimonio homosexual requiere una reforma constitucional” porque “es tan explosivamente trascendente [el cambio] que debe ser contenido en la Constitución, para que no queden dudas de su validez”.

La abogada Nelly Minyersky le retrucó, en la última sesión de la Comisión en Buenos Aires, con un “no podemos tener la misma mirada hoy que hace 50, 100 años”.

También sumó su punto de vista la abogada e investigadora del Instituto de Ética Biomédica de la Universidad Católica Argentina, Analía Pastore, quien recurrió al desgastado argumento según el cual los niños necesitan un padre y una madre. La senadora Liliana Fellner se mostró entonces preocupada porque “hay madres y padres heterosexuales que crían a sus hijos en soledad. ¿Estos hijos de ninguna forma pueden ser sanos porque no tienen papá o mamá? Porque algunos hemos tenido que criarlos solos o solas”, dijo. Un poco intimidada, según Página 12, Pastore sostuvo que “la ausencia de padre o madre tiene consecuencias en los niños”.

En Argentina ya se celebraron ocho matrimonios entre personas del mismo sexo, el último de ellos ayer. Cada una de estas uniones fue autorizada en forma individual por jueces en diversos lugares del país. Ayer los dos recién casados llamaron a los senadores a no apoyar la iniciativa de abstenerse en lugar de votar en contra.

Respecto al dictamen del 14 de julio, María Rachid, representante de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT), tiene confianza. “Tenemos el compromiso de 38 senadores (sobre un total de 72). Sabemos que hay presiones por parte de la iglesia para que cambien de opinión, pero confiamos en que van a mantener el compromiso. Esperamos que el 14 de julio se apruebe”, dijo a la agencia AFP.

Para evitar la aprobación del proyecto de ley y quizá ganar algo de tiempo, desde sectores del catolicismo reclaman un plebiscito sobre el tema porque “es una vía más razonable que la seguida por los legisladores, muchos de los cuales actúan bajo presión”, según dijo el obispo Antonio Marino. Sin embargo, la Iglesia católica aclaró que la idea de la consulta popular no es oficial sino que partió de un grupo de sacerdotes.

El oficialismo se opone a la iniciativa de plebiscitar este tema. Además, los defensores de la ley responden, en su mayoría, con el argumento de Rachid, de LGBT:“Los derechos humanos no se deben plebiscitar, porque están expresamente incluidos en la Constitución, que dice que todos los habitantes son iguales ante la ley”.