Eliminar ranchadas
El comisionado parlamentario sobre el sistema carcelario, Álvaro Garcé, presentó ayer su informe sobre el incendio ocurrido en la cuadra 1 de la cárcel de Rocha. Sobre las eventuales responsabilidades civiles o penales de la guardia policial, en particular del “llavero”, Garcé recuerda que el tema es abordado por la justicia local. Sin embargo, sí aporta una visión en base a “relatos contradictorios” brindados por la guardia y los reclusos. “Según la guardia, a partir del primer aviso de incendio se actuó con la mayor diligencia posible. Por el contrario, de acuerdo al testimonio de los reclusos alojados en las cuadras 3 y 4, ubicadas frente al pabellón incendiado, la apertura se vio retrasada por una orden -según los denunciantes, dada por la jefatura de la guardia al llavero- de no abrir el sector hasta contar con el aval de la dirección. El llavero expresó que si hubiese recibido la orden de no abrir el pabellón en llamas, jamás la habría cumplido”, señala el documento. Entre los sobrevivientes del sector incendiado, “dos denunciaron la demora, mientras que otros dos manifestaron que los funcionarios actuaron lo más pronto que pudieron”. Garcé destaca que se tiene la certeza de que “la acción personal del llavero [quien rompió el candado de acceso al patio exterior del pabellón y luego, con riesgo de su propia vida, liberó de las llamas a ocho internos] fue decisiva en la existencia de sobrevivientes”. El informe indica también que la relación entre guardias policiales y reclusos era de uno a 42/43, y que en la cárcel había dos extintores sin carga. En cuanto a las recomendaciones, el comisionado advierte que “la posibilidad cierta de incendio afecta a más del 80% de la población reclusa del país”, y que esta vulnerabilidad “se incrementa en las cárceles donde existen ‘tolderías’ o ‘ranchadas’”. A la vez promueve la “inmediata sustitución de las ‘ranchadas’ en todo el sistema penitenciario”, especialmente en Rocha, Maldonado y Colonia, y recomienda el asesoramiento de la Dirección Nacional de Bomberos para incorporar “todos los medios necesarios para la prevención y control de incendios”.
El Ministerio del Interior ya tiene definidas las primeras medidas que ejecutará en el marco de la ley sancionada, cuyo objetivo central es el descongestionamiento del sistema. Gabriela Fulco, asesora en materia de Cárceles del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó a la diaria que se construirán dos complejos penitenciarios de alta seguridad. Uno en un predio aledaño al ex penal de Punta de Rieles, con capacidad para 900 personas, que se distribuirán en dos sectores de máxima seguridad, y uno de media seguridad. Según Fulco, los trámites licitatorios se harán con celeridad teniendo en cuenta que varias empresas nacionales e internacionales ya han mostrado interés en participar. La meta es comenzar las obras a fines de este año, para contar con el establecimiento pronto en el correr de 2011. Para el segundo complejo de alta seguridad aún no se tiene una ubicación resuelta, ya que hay varias posibilidades, dijo Fulco. “Determinar la mejor inserción del complejo es un análisis que lleva un tiempo”, advirtió.
La asesora ministerial señaló que la habilitación para el traslado de los presos de menor peligrosidad en unidades militares permitirá “realizar movimientos de descongestión en las cárceles con mayor precariedad para ir en forma transitoria arreglando sectores y módulos”. Esto, indicó, implicará un proceso de clasificación y separación con categorías que es “imprescindible” para aplicar programas de tratamiento y rehabilitación. Respecto de las prioridades a la hora de concretar ese descongestionamiento, Fulco estableció que hay que “analizar muy bien por cuál se empieza y fijar criterios, porque las urgencias son unas cuantas”. Sobre la cárcel de Rocha, donde se produjo el jueves pasado un incendio en el que murieron 12 reclusos y ocho resultaron lesionados, Fulco reiteró que el establecimiento había sido definido en marzo como “de inminente cierre”. Desde entonces la solución del Ministerio del Interior era llevar a los internos de Rocha a los nuevos pabellones que se están edificando en la cárcel de Maldonado, intención que está condicionada “por los tiempos de la construcción, que escapan a nuestras manos. Ese plan continúa”.
Con facturas
La discusión ayer en el Senado no estuvo exenta de debates y reproches entre la oposición y el oficialismo, pero fue votada por unanimidad por los 29 senadores presentes. El colorado Pedro Bordaberry definió la ley como “un parche” que “no soluciona los problemas de fondo”, y enfatizó en la necesidad de retirar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior y de incluir un capítulo sobre cárceles privadas en el proyecto de ley de asociación público-privada. El nacionalista Carlos Moreira cuestionó a los ex ministros Jorge Díaz y Daisy Tourné, y calificó la Ley de Humanización del Sistema Carcelario como un error, mientras que el senador Rafael Michelini (Frente Amplio) defendió la labor de la actual gestión, que “no niega los hechos”: “Si estamos votando el proyecto de ley que estamos votando es porque la cosa está mal”, admitió.
Bonomi x dos
En tanto, en la Cámara de Diputados los legisladores aprobaron dos convocatorias al ministro del Interior. La primera será hoy a las 16.00, cuando concurra al plenario para brindar información sobre el incendio de la cárcel de Rocha y otros temas vinculados con la seguridad pública. El llamado había sido primero a la Comisión de Constitución y Códigos, a pedido de diputados de Unidad Nacional (Una), pero Bonomi solicitó concurrir al plenario para dar información en un “ámbito más amplio”, según explicó el diputado Jorge Orrico (Frente Amplio). De todas formas, los legisladores de la oposición votaron también una interpelación al ministro, a iniciativa del diputado rochense de Una José Carlos Cardoso.