Un informe titulado “Papel Prensa: la verdad”, de 22.000 folios, fue presentado por la presidenta argentina, Cristina Fernández, anoche en un acto ante gobernadores, parlamentarios, embajadores y empresarios. Allí, Fernández anunció que se pedirá a la Justicia que investigue las circunstancias de la venta de la empresa Papel Prensa durante la dictadura y presentará un proyecto de ley para declarar de interés público la producción de pasta de celulosa y papel de diario.
Afirmó que “el gobierno no quiere apoderarse de la empresa” y agregó que cree “en serio en la división de poderes”. Por eso enviará “al otro poder del Estado”, al Legislativo -en el que, recordó la mandataria, el oficialismo es minoría-, “un proyecto de ley cuyos ejes fundamentales serán declarar de interés público la producción de pasta [de]celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización” porque el control del Grupo Clarín, dueño de la mayoría de las acciones de la firma, la transformó en “una empresa monopólica integral” que “controla la palabra impresa”.
Una Comisión Bicameral de Seguimiento se encargará de que “cada uno de los legisladores opine y vote como mejor les parezca. Y voten ese marco regulatorio”, declaró Fernández.
La investigación fue realizada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la representante del Estado en esa empresa, Beatriz Paglieri. Pretende establecer cómo las empresas dueñas de los diarios Clarín, La Nación y La Razón adquirieron sus acciones en Papel Prensa.
Esta empresa abastece de papel a unos 170 diarios argentinos. Desde 1976, cuando comenzó la última dictadura argentina, 49% de su capital está en manos del Grupo Clarín, enfrentado al gobierno Kirchner. La Nación, otra publicación contraria al oficialismo, posee 22,49% de la empresa, el Estado tiene 27,46%, y la agencia estatal de noticias Télam, 0,62%. El resto -0,43%- es de terceros.
El titular de la bancada de diputados del oficialismo, Agustín Rossi, relató a Télam que el caso Papel Prensa comenzó cuando Osvaldo Papaleo, un miembro del Grupo Graiver, que vendió sus partes de Papel Prensa durante la dictadura a los medios cuestionados, relató ante la Cámara de Diputados, cuando se debatía la Ley de Medios, cómo había ocurrido esa venta. Según Rossi, fue en respuesta a esas declaraciones que se elaboró el informe presentado ayer.
Papaleo denunció en Radio Provincia de Buenos Aires que su hermana Lidia Papaleo de Graiver fue torturada y amenazada para que se desprendiera de las acciones de Papel Prensa en 1977.
Por su parte, los accionistas privados mayoritarios de Papel Prensa, Grupo Clarín y La Nación, publicaron ayer en sus diarios un comunicado en el que denuncian que existe “un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía”, con “una historia inventada” acerca de la venta de Papel Prensa. Aseguran que a diferencia de lo que sostienen sus críticos, la dictadura no presionó la venta, que el caso ya fue investigado en democracia y agregan que “controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre, [...] es controlar la información, y esto es lo que el gobierno viene buscando a través de varias herramientas”. El comunicado también advierte que Moreno fue denunciado penalmente por La Nación y Clarín “por llevar adelante un plan ilegal para hacerse de la compañía”.
Según los dos diarios, otra prueba de la mala intención del oficialismo es que la semana pasada se le retiró la licencia para operar a la firma Fibertel, del Grupo Clarín, que provee servicios de internet por cable y representa 25% de los 4,2 millones de usuarios del mercado.
Antes del discurso de la presidenta, la oposición defendió desde el Congreso a las dos empresas periodísticas, informó la página web del Congreso argentino Parlamentario. El diputado de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, alertó que “el gobierno quiere afectar la libertad de prensa y controlar los medios”. Desde Propuesta Republicana (Pro), Laura Alonso dijo en un comunicado que “los Kirchner son peor[es] que Chávez”, que “están jugando con fuego y empiezan a mostrar su faceta más autoritaria, porque quieren controlar la opinión”.
El diputado del partido Nuevo Encuentro por la provincia de Buenos Aires, Martín Sabbatella, recordó antes de la presentación del informe que si una compañía se siente afectada por una decisión del gobierno tiene derecho a apelar a la Justicia. Agregó: “El Congreso no puede ser el bufete de abogados del Grupo Clarín ni de ninguna empresa”.