Basándose en un decreto legislativo promulgado la semana pasada, 21 militares -todos los integrantes del grupo paramilitar Colina, que operó en la década de 1990- solicitaron ante la Primera Sala Penal Especial de la Corte de Lima, su exclusión del proceso por la matanza de Barrios Altos -en la que fueron asesinadas 15 personas en 1991-, la desaparición del periodista Pedro Yauri y el asesinato de nueve campesinos del Valle del Santa, en la región de Áncash.
La norma establece que cuando un militar o policía es acusado de crímenes de lesa humanidad y es sometido a juicio por más de 36 meses puede pedir que se archive su proceso. Además indica que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad “surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003”, cuando el país adhirió a ella.
Los 21 ex integrantes de Colina sometidos a juicio pretenden ampararse en el nuevo decreto, sosteniendo que la etapa de investigación prescribió, porque el proceso en su contra lleva más de cinco años.
El decreto además permite a los policías y militares acusados por este tipo de delitos seguir sus juicios en libertad, informó el diario Perú 21. Por otro lado, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, afirma que el Decreto Legislativo 1097 no se aplica al juicio contra los ex integrantes de Colina porque ya se encuentra en la etapa de juicio oral, y no en la de investigación, publicó el diario peruano La República.
El presidente del Congreso, César Zumaeta, adoptó la misma línea de argumentos y afirmó al portal Peru.com: “Bajo ningún punto de vista este gobierno puede legislar para favorecer al Grupo Colina, procesado por homicidio calificado. Creo que hay un exceso en la interpretación de la norma”.
Sobre la norma en general, Sánchez advirtió que el decreto “quiebra el principio de igualdad” ante la ley al favorecer a militares y policías. Por esa razón adelantó que el Ministerio Público estudia la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. “Preocupa porque se está introduciendo una norma que prácticamente va a archivar todos los procesos que están en fase de investigación”, sentenció Sánchez.
El ex presidente de la Sala Nacional Antiterrorista, Marcos Ibazeta, sostuvo que la norma favorece a los militares procesados injustamente en procesos demasiado largos, aunque reconoció que podría beneficiar a aquellos que violaron los derechos humanos. Además consideró que el decreto abre la posibilidad de buscar que se califique esos hechos como delitos comunes, que a diferencia de los crímenes de lesa humanidad, sí prescriben. Esto sería posible para cualquier persona -civil o militar- acusada por violar los derechos humanos antes de noviembre de 2003, afirmó Ibazeta.
Entre los que solicitaron la cancelación de sus juicios están los generales Juan Rivero Lazo y Luis Salazar Monroe, el jefe operativo del Grupo Colina, Santiago Martín Rivas, y Jesús Sosa Saavedra, apodado “Kerosene”, porque quemaba los restos de sus víctimas para borrar las huellas de los crímenes del grupo, indicó el diario peruano La Primera. El lunes 13, las vocales Inés Villa Bonilla, Hilda Piedra e Inés Tello, de la Sala Penal Especial de la Corte de Lima, deberán comunicar su decisión de aplicar o no el decreto legislativo 1097 para estos casos.
La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano, que representa a los familiares del periodista Pedro Yauri y de las víctimas de Barrios Altos y Valle de Santa, dijo a La Primera que “el Estado tiene el deber de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos” y que espera que los jueces no otorguen la “amnistía encubierta” que el gobierno pretende entregar con esta norma a los militares procesados.