Malos recuerdos
Algunos acusaron al presidente peruano, Alan García, de pensar en una protección legal para sí mismo al aprobar el cuestionado decreto 1.097. El 18 y el 19 de junio de 1986, durante su primer mandato, García ordenó a las Fuerzas Armadas y a la Policía que intervinieran contra un motín que mantenían en los penales de Lurigancho, Frontón y Santa Bárbara, presos que habían sido miembros de la guerrilla de Sendero Luminoso. La Marina de Guerra fue la encargada de intervenir en el penal Frontón, en la isla San Lorenzo. Allí murieron 111 presos a manos de los militares y sobrevivieron 34. García respondió: “Frontón, aquí estoy como presidente de la República. El pueblo peruano votó por mí en más de una ocasión. He estado ante todos los fiscales de Lima y nada ha pasado porque sé afrontar las cosas con argumento y técnica jurídica. No necesito una ley de amnistía, por Dios, es vergonzante”.
Doce días después de promulgar el controvertido Decreto Ley 1.097, el Poder Ejecutivo peruano presentó un proyecto de ley para derogarlo, y así lo hizo anoche el Congreso peruano, con el voto de 90 legisladores y sólo un pronunciamiento en contra. El texto original, en vigor desde el 1º de setiembre, establecía que los crímenes contra los derechos humanos cometidos por militares y policías deben ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre la investigación judicial, no se dicta sentencia. Además indicaba que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad “rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003”, fecha en la cual el país adhirió a ese convenio internacional.
Los múltiples detractores de la ley denunciaron que la norma es una “amnistía encubierta” para militares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad, porque los procesos abarcan hechos ocurridos entre 1980 y 2000.
Treinta y siete legisladores, que representan el 25% de los congresistas peruanos, presentaron la semana pasada una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto. El tema está en manos del Tribunal Constitucional, que lo admitió a trámite ayer, informó Radio Programas de Perú. Pero este proceso puede tardar meses.
El relator de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, estimó que el decreto genera “un clima de impunidad”. También lo rechazaron organizaciones de defensa de los derechos humanos tanto dentro como fuera del país, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, reportó la agencia de noticias EFE.
El lunes, el escritor peruano Mario Vargas Llosa envió una carta al presidente Alan García para presentar su dimisión “irrevocable” a la presidencia de la Comisión de Alto Nivel para la construcción del Lugar de la Memoria, un monumento para recordar la guerra interna que dejó más de 69.000 víctimas en Perú entre 1980 y 2000.
Vargas Llosa consideró que el decreto es una “amnistía apenas disfrazada” para procesados por crímenes contra los derechos humanos y que existe “una incompatibilidad esencial” entre elevar un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo y “abrir mediante una triquiñuela jurídica la puerta falsa de las cárceles” a los que “cometieron también delitos horrendos”. Además advirtió que esa norma “sólo va a traer desprestigio” al gobierno y que “lo ocurrido es una verdadera desgracia que va a resucitar la división y el encono político” en Perú.
El presidente García dijo a Radio Programas de Perú que “tanto poder no tiene Vargas Llosa”, refiriéndose a que muchos estimaron que la renuncia del prestigioso escritor fue el motivo de la marcha atrás del gobierno respecto a esa ley. “El sábado dije [...] que, habida cuenta de que había muchas interpretaciones y en algunos casos malas interpretaciones, por aquello de que ‘la mujer del César debe ser honesta y también parecerlo’, si la cosa no está clara y debidamente aceptada, deroguemos el decreto y que después el Congreso lo perfeccione”, agregó el presidente.
El jefe de Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, ve a este asunto un “lado positivo: este gobierno democrático sí es capaz de dar un paso atrás cuando hay un hecho controvertido […] lo importante es que ha habido capacidad de rectificación”, manifestó a La República. A su vez, matizó las declaraciones del mandatario y dijo que si bien la derogación estaba siendo evaluada desde el fin de semana, en la decisión se tomó en cuenta la opinión de Vargas Llosa.
Ayer, antes de que el Congreso se reuniera para debatir la derogación de la norma, el Poder Ejecutivo publicó, en la gaceta de normas del diario oficial El Peruano, una fe de erratas, en la que estipula que el decreto se aplica “sin perjuicio de lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional”.
La iniciativa del Poder Ejecutivo que trató el Congreso peruano “con carácter de urgencia” indica que “en resguardo de la vida constitucional y democrática del país, y a efecto de evitar cualquier mal aprovechamiento del Decreto Legislativo Nº 1.097, el Poder Ejecutivo considera pertinente derogarlo”.
Por otro lado, informó el diario peruano La República, a pesar de que el Ejecutivo ya había presentado el proyecto de ley para anular el decreto el lunes, el Ministerio de Defensa peruano publicó un comunicado en el que defiende la norma, de cuya redacción fue responsable, y afirmó que el texto no beneficia a violadores de derechos humanos.