“Va a ser el más grande desafío porque las consultas populares que hemos ganado han sido ‘sí’ o ‘no’ a la Asamblea Constituyente, ‘sí’ o ‘no’ a la nueva Constitución. Ahora tenemos una consulta popular con muchas preguntas, complicadas, bastante largas... Quisiéramos que a todas respondieran ‘sí’”, dijo el martes el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en un acto realizado en Guayaquil. Se refería al proyecto de lanzar una consulta popular con ocho o diez preguntas sobre temas de energía, medioambiente, reforma judicial y de la función pública, que será presentada el lunes a la Corte Constitucional de Ecuador. Está previsto que 67 días después de que se apruebe el texto sea sometido a referendo.

El sábado se cumplen cuatro años de la asunción de Correa en la Presidencia. En ese período impulsó dos referendos: el primero, en 2007, permitió la instalación de una Asamblea Constituyente y el otro, en 2008, permitió aprobar la nueva Constitución.

Uno de los temas que pretende saldar esta tercera consulta es la llamada Iniciativa Yasuní-ITT, lanzada en 2007 para evitar la explotación del petróleo que se descubrió en una zona de la Amazonia declarada reserva de biosfera mundial por la UNESCO. Se acordó que la comunidad internacional aportara al menos 3.500 millones de dólares a Ecuador para compensar al país por las ganancias que pierde al no explotar ese petróleo y preservar la zona. Correa advirtió que por ahora Chile, que aportó 100.000 dólares, e Italia, que hizo un canje de deuda por 35 millones de dólares, son los únicos países que cumplieron con ese compromiso.

La consulta buscaría saber si la ciudadanía considera que “no hay corresponsabilidad de la comunidad internacional con todos los cuidados ambientales y sociales” y prefiere que se explote esa reserva de petróleo. También se consultaría sobre la posibilidad de destinar 7.000 millones de dólares que se obtendrían de esa explotación al cuidado ambiental y la educación.

Pero el tema central del referendo será la reforma judicial. “¿Quién no ha sido víctima de los jueces corruptos y sobre todo en Guayaquil, donde las cortes son socialcristianas? Tenemos que cambiar eso para salir adelante”, dijo Correa en su discurso. Adelantándose a las críticas, que ya comenzaron a surgir, el presidente puntualizó: “Dirán que queremos mano en las cortes... sí, queremos meter mano para bien del pueblo ecuatoriano”. También alertó de posibles campañas en contra del proyecto.

Cumpliendo con las predicciones del mandatario, el juez Hernán Ulloa, presidente de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, solicitó que su gremio tome posición respecto a la consulta, que, según dijo, parece querer “meter mano nuevamente en la Justicia ecuatoriana y conspirar contra su independencia y autonomía”, consignó el diario ecuatoriano La Hora. Por otro lado, estimó que es necesario “convocar a los funcionarios inmersos en el tema de la justicia para combatir en conjunto a la corrupción y delincuencia”.

En cambio, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez Romero, se mostró de acuerdo con la reestructuración planteada en la consulta, aunque abogó por un estudio profundo del tema. “Para ello debemos, nosotros, como jueces del país, aportar con nuestras ideas y sugerencias, para que esta administración de justicia se modernice y actualice, que deje de ser lo que es hasta ahora”.

Otro de los temas sobre el que los ecuatorianos deberán pronunciarse refiere a algunas herramientas para continuar la reforma de la función pública y promover retiros incentivados de funcionarios. “Ojalá todos los ciudadanos nos den el apoyo masivo, necesitamos depurar al sector público de los malos elementos, de la corrupción, de la ineficiencia”, argumentó Correa.