“A nuestro gobierno no le van a temblar las manos y siempre va a poner por delante el derecho de las inmensas mayorías”, dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, cuando defendió el lunes el proyecto de ley que mandó el domingo con carácter de urgente al Parlamento para endurecer las penas para algunos delitos.
Las penas que se endurecen y los nuevos delitos que serán tipificados en esta iniciativa son prácticas que han sido utilizadas durante el conflicto estudiantil, que comenzó hace ya cinco meses.
El proyecto de reforma del Código Penal incluye un endurecimiento de las sanciones contra quienes alteren el orden público en marchas y manifestaciones, y establece como agravantes el saqueo, la acción de invadir o de ocupar inmuebles, impedir o alterar la libre circulación de personas o vehículos y la interrupción de servicios públicos, informó el diario chileno La Tercera. Además agrava las sanciones para quienes intenten ocultar su identidad con capuchas.
Justamente las marchas y la ocupación de lugares de enseñanza han sido herramientas de protesta en el conflicto que mantienen los estudiantes con el gobierno en reclamo de una educación gratuita y de calidad. Las ocupaciones de propiedades privadas también son muy utilizadas por los activistas mapuches en las regiones en las que reclaman sus tierras ancestrales.
La propuesta de Piñera llegó tres días después de que los estudiantes mantuvieran el primer encuentro con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, para intentar destrabar el conflicto. Los líderes del movimiento que reúne a estudiantes, familiares y trabajadores de la educación ya pusieron en duda la continuidad de ese diálogo si esta reforma avanza.
Desde la oposición la iniciativa fue rechazada. Pero el oficialismo defiende la medida. “Chile tiene que enfrentar con decisión y con la ley las continuas alteraciones del orden público que se están produciendo”, sostuvo el líder de la conservadora Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma.
Con el 22% de popularidad que tiene el presidente, no falta quien señale que Piñera impulsa estas medidas para poner un freno a los estudiantes y mostrarse cercano a la extrema derecha, que también lo votó en las elecciones.
“Ya no va a ser gratis atentar contra el orden público, ya no va a ser solamente un control de identidad y al día siguiente todo sigue igual”, sostuvo Piñera el domingo al presentar el proyecto. Ahora, aseguró, “el que atente contra el orden público, contra Carabineros y la policía de Investigaciones, contra la propiedad pública y privada, se va a encontrar con una legislación dura, firme, que va a imponer los castigos que correspondan”.
Con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a su lado, Piñera respaldó la cuestionada actuación de Carabineros en marchas y manifestaciones: “Cuentan con todo el apoyo y el respaldo del gobierno cuando cumplen la difícil tarea de enfrentar la delincuencia y mantener el orden público. Cada vez que uno de sus miembros sufre producto de esta delincuencia [...] están agrediendo a este gobierno.