El gobierno estadounidense expresó ayer su preocupación por las “aparentes irregularidades” en el proceso hacia las elecciones del domingo en Nicaragua, y exigió que se den garantías de que los comicios serán “libres y transparentes, y representarán el deseo del pueblo nicaragüense”, en palabras de la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland.

La vocera puntualizó que el gobierno de Nicaragua no acreditó como observadores a algunas organizaciones locales, que a su entender son confiables, y pidió que las elecciones se celebren “libres de intimidación, violencia y acoso a los votantes”.

Este intento de Washington de llamar la atención del gobierno nicaragüense parece orientado a contrarrestar la presencia que ha tenido en la campaña el presidente venezolano Hugo Chávez, no sólo por sus continuos aportes de índole económica a Nicaragua sino también por su afinidad política con el mandatario nicaragüense que buscará la reelección, Daniel Ortega.

La presencia de Chávez ha sido tal, que durante la campaña se volvió un tema de debate, al punto que cada uno de los candidatos de la debilitada oposición -que intentan arrebatarle el poder a Ortega- tuvieron que declarar públicamente cuál es su postura ante el mandatario venezolano.

Se estima que desde que Ortega asumió como presidente en 2007, Venezuela cooperó con Nicaragua por un monto de 1.600 millones de dólares, por fuera de los beneficios que el país obtiene por ser parte de la Alianza Bolivariana (ALBA).

Ya cuando Ortega fue investido, el presidente Chávez, a su lado, aseguró que no faltaría petróleo, que él se encargaría de ello. La mayor parte de la ayuda venezolana ha sido destinada a planes de asistencia social. De hecho, ninguno de los candidatos se declaró contrario a Chávez, al ALBA, o a su colaboración. En cambio, manifestaron que recibirían esa ayuda pero sin los condicionamientos políticos que, aseguran, existen ahora.

La presidencia no fue el primer cargo político de Ortega, él ya había sido gobernante como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1984) y Jefe de Estado (1985-1990). Ahora, debería dejar su cargo y no podría presentarse a la reelección, según dicta la Constitución nicaragüense. Sin embargo, las fuerzas oficialistas del Poder Judicial determinaron que la ley que prohíbe la reelección consecutiva no es aplicable en este caso, luego de que Ortega presentara un recurso en reclamo de que se protegiera su derecho a ser electo.

Esta movida legal de Ortega fue criticada por propios y ajenos. Intelectuales, organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas y, por supuesto, políticos, se opusieron públicamente a que buscara la reelección, por considerarlo inconstitucional.

Aun así, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene todo a su favor para ser reelecto: los sondeos de intención de voto le auguran una victoria con cerca del 50% de los sufragios. El segundo en los sondeos, Fabio Gadea, cuenta con una intención de voto cercana al 30%. Casi igual de holgada era la victoria que preveían los sondeos a favor de Ortega en 1990, cuando en las elecciones fue derrocado por Violeta Chamorro. Sin embargo, en este caso, la oposición se presenta demasiado dividida y carente de liderazgo, al punto que Gadea, el más votado de los opositores, es reconocido por su trayectoria periodística como locutor y no como político.