-¿En qué medida las bajas en la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muestran que la política del presidente Santos al respecto es exitosa? ¿Es una herencia de su antecesor Álvaro Uribe?
-El cambio real en la lucha contra la guerrilla empieza con la gran reforma militar del gobierno [del presidente Andrés] Pastrana [1998-2002], en el marco del Plan Colombia que comienza en 1999. Se convierte a las fuerzas armadas en una fuerza contrainsurgente. A partir de ahí empieza a cambiar la correlación de fuerzas. Uribe fortaleció ese proceso por el peso que le dio. No sólo en el plano presupuestal, sino político. Convirtió la lucha contra las FARC casi en objetivo central. Durante el segundo mandato de Uribe, cuando Santos fue su ministro de Defensa, empezaron los golpes importantes. En el primer período hubo más presencia y cobertura territorial. Durante el segundo período se hizo una combinación que hasta el momento resultó exitosa con la Dipol [Dirección de Inteligencia Policial], que es la agencia de Inteligencia de Policía más importante de América Latina. Fue formada por el general [Oscar] Naranjo, su actual director, cuando era teniente coronel, con apoyo de los estadounidenses, un equipo de nivel socio-profesional alto y mucha tecnología. A esta inteligencia policial se suma la fuerza aérea. Ahí el apoyo israelí es muy importante, desde el gobierno de Pastrana.
-¿Eso explica la postura colombiana pro israelí en el conflicto en Medio Oriente? -Lo explica mucho. La alianza con Israel ha sido muy importante para la respuesta aérea. A la inteligencia policial y la Fuerza Aérea, se agregan las fuerzas especiales. Si uno mira los grandes golpes que se le han dado a las FARC en esa campaña llamada “contra objetivos de alto valor estratégico” -que son básicamente mandos superiores y medios-, todos tienen las mismas características. Los operativos contra Alfonso Cano, Raúl Reyes, Martín Caballero, el Negro Acacio, combinaron inteligencia policial, bombardeos de precisión y fuerzas especiales en la zona. Esto, por supuesto, está lejos de significar que las FARC estén al borde de la derrota.
Laberinto y salida
Una Comisión del Senado de Colombia volvió a discutir ayer el marco jurídico para el fin del conflicto interno, un proyecto que además de elevar a rango constitucional los mecanismos de justicia transicional para facilitar la desmovilización de los guerrilleros, también pretendía dar la posibilidad a quienes renunciaran a la lucha armada de ser voceros políticos, a condición de que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
Pero la ejecución, el sábado, por parte de las FARC de cuatro rehenes que pertenecían a las fuerzas de seguridad colombianas, mientras se desarrollaba en la zona una operación contra la guerrilla, cambió el panorama y alejó la posibilidad de diálogo.
Según Amnistía Internacional, la muerte de esos cuatro hombres -un quinto pudo escaparse- podría suponer un "crimen de guerra". En ese sentido la organización emitió un comunicado el lunes en el que pidió al gobierno colombiano que se asegure de que los responsables de esos crímenes sean juzgados. Se refería en particular a esas reformas que están en discusión y que pueden suponer amnistías para los guerrilleros y las fuerzas de seguridad. Además Amnistía Internacional llamó a que las FARC traten en forma humanitaria a los detenidos, por ser considerados presos de guerra, de acuerdo con las leyes humanitarias internacionales, y pidió que abandonen los secuestros de civiles.
-¿Santos no cambió nada respecto a Uribe ante las FARC?
-Esto es sólo en lo militar. En lo político sí que cambió. Planteó, desde su elección -y lo acaba de reiterar en Inglaterra [el miércoles 23]-, la idea de una salida negociada del conflicto. En eso tiene una trayectoria. Estuvo muy cerca, en los años 90, de los grupos de la sociedad civil que hicieron gestiones de paz. Por ejemplo, estuvo en el grupo de los que nos reunimos a fines de los 90 en Maguncia, en Alemania, con el ELN [Ejercito de Liberación Nacional, la segunda guerrilla de Colombia]. También se reunió con Raúl Reyes en Costa Rica. O sea que para él los temas de paz no son en absoluto desconocidos. Además, en la elite dirigente, hay en general una propensión a decir que este conflicto se arregla en la mesa [de negociaciones].
-¿O sea que hay consenso sobre la necesidad de negociar?
-Sí, pero lo que dicen es: “no vamos a tener una negociación si no hay certeza de que va a ser exitosa”. No vamos a repetir un Caguán [diálogo de paz que se desarrolló a fines de los 90] que termine en una frustración y sea una oportunidad de publicidad para la insurgencia. Santos le dijo a las FARC: “si ustedes tienen buena fe, estén seguros que voy a tener buena fe”. El presidente que haga la paz en Colombia va a pasar a la historia. Y Santos dice “por supuesto me gustaría, pero no voy a cometer el error de apresurarme si no estoy convencido de que las condiciones están dadas”. Por eso ha reiterado que no se necesitan declaraciones sino hechos. Reclamó como medida unilateral la liberación de los policías y secuestrados que quedan en poder de las FARC. Casi todos son mandos bajos y medios [ver recuadro], ya que los de alto nivel les fueron quitados en operaciones militares. Santos estaría muy dispuesto a negociar, no sólo porque sea buena persona, sino porque la elite sabe que este tipo de conflicto no se resuelve militarmente, y también por un tema de ego. El presidente que llegue a hacer la paz, será hasta premio Nobel, con seguridad.
-¿Las FARC están dispuestas a negociar?
-Creería que sí. Aunque sería un desafío interesante. Las guerrillas que negociaron a fines de los 80, influenciadas por la crisis del mundo socialista, casi habían tomado la decisión de terminar. Allí -como decía un colega nuestro de la Universidad que fue negociador-, el tema era encontrar un camino honorable para entrar a la política. En cambio las FARC irían a negociar, probablemente, sin estar del todo convencidas. Además la sociedad colombiana está menos dispuesta a ceder que hace diez años.
-En política exterior sí, Santos dio un giro muy claro respecto a Uribe.
-Desde que perdimos Panamá, a comienzos del siglo XX, la elite colombiana optó por alinearse con el “polo hegemónico”. En Colombia se le dice “la estrella polar” a Estados Unidos. Ésa fue la política a lo largo del siglo pasado. Hemos tenido una relación de alineamiento muy clara y muy consistente. Por supuesto, el gobierno de Uribe, continuando lo del gobierno de Pastrana, también estuvo muy alineado por razones obvias: aumentar la cooperación militar. Santos va a mantener esto. Pero, sin que haya ninguna ruptura con Estados Unidos, ha planteado una política más pragmática. Estimó que había que recomponer las relaciones con los países andinos, en especial con Venezuela y Ecuador, nuestros vecinos y aliados. Afortunadamente se logra muy rápido. Además Santos le ha devuelto su rol a la cancillería. Uribe era canciller, era todo, fiel al modelo caudillista. Ahora, la cancillería está en manos de una mujer muy capaz, de gran trayectoria, María Ángela Holguín, que ha llevado el tema con mucho acierto. Por otro lado, Santos y [el presidente venezolano, Hugo] Chávez, han manejado muy hábilmente la relación. Como dijo Santos, en tono de broma, “ahora Chávez es mi mejor amigo”. Hizo todo un esfuerzo para mantener también una buena relación con [el presidente de Ecuador, Rafael] Correa. Además, entiende que la integración latinoamericana es muy importante, a diferencia de Uribe, que veía comunistas y fantasmas de la guerra fría.
-Se nota un cambio en la relación con los países vecinos.
-Sí. Santos incluso ha tomado un rol proactivo ante la crisis que hubo en Ecuador por la insurrección policial, por ejemplo. Eso explica también por qué, en acuerdo con Venezuela, estamos compartiendo la secretaría de la Unasur con [la excanciller colombiana] María Emma Mejía [que alterna con] el ministro [venezolano] Alí Rodríguez. Hay un cambio fundamental: Santos despersonaliza la política y diferencia el conflicto interno armado de la política exterior. Uribe hizo una “política farcocéntrica de seguridad”, su único objetivo eran las FARC y descuidó otros problemas como el de los paramilitares y la seguridad ciudadana. Algunos lo asocian a que su papá fue secuestrado y asesinado por las FARC, pero un hombre de Estado no puede manejar las cosas así. A diferencia de Uribe, que trató de presionar a los vecinos para vincularlos al combate contra las FARC, Santos ha dicho: “esto es un problema interno, ustedes por favor, no se metan en ningún sentido; si necesitamos, se lo vamos a decir”. Santos tiene su propio estilo, aunque en general comparte las políticas de Uribe, sobre todo en lo económico, las políticas neoliberales, y de seguridad. Pero durante su juventud Santos tuvo veleidades izquierdistas, un semanario alternativo y fue próximo al ELN. Está a la izquierda de Uribe. Entonces, aunque fueron elegidos por el mismo partido -el Partido de la U-, ambos tienen matices muy grandes y estilos muy distintos.
-Los problemas de seguridad en Colombia están todos vinculados a las FARC?
-No, los problemas de seguridad están vinculados al narcotráfico. Hemos disminuido el número de homicidios, y eso ha sido importante en esta década, pero el año pasado tuvimos más de 17.000. Es una barbaridad. De ésos sólo el 10% tiene que ver con el conflicto armado.
-¿El resto tiene que ver con el narcotráfico?
-No, tiene que ver con la seguridad privada, ciudadana. Son las riñas, los atracos, cuando terminan matando por robar un celular o cuando los amigos se emborrachan los fines de semana, se pelean y se matan. Eso tiene que ver con la cultura colombiana, que tiende a resolver todo tipo de conflicto por la violencia. Eso pasa entre parejas, cuando hay deudas... Por eso, más del 80% de los homicidios no tiene nada que ver con el conflicto.
-¿Cuáles son los principales problemas de seguridad?
-Está el problema del narcotráfico, que en general se expresa en las llamadas “Bacrim”, las “Bandas Criminales”, que a juicio de nosotros, los analistas, son neoparamilitares. Pero la institucionalidad no volvió a hablar de paramilitares porque según ellos, se acabaron con la desmovilización. Es un discurso cada vez más difícil de sostener. Más allá del cambio de nombre, estos grupos son: o bien estructuras de paramilitares que nunca se desmovilizaron, o desmovilizados que retornaron a bandas armadas para servir al narcotráfico. Hoy se habla de unas siete estructuras nacionales que agrupan entre 6.000 y 8.000 hombres. Hay algunas diferencias con los paramilitares, porque una parte de ellos era contrainsurgente. Ahora se dedican al narcotráfico y en algunas regiones hacen acuerdos con las FARC y en otras con el ELN para sacar la droga. Por supuesto que siguen matando líderes sociales, pero ahora es más por el control de la tierra y de las regiones para los grandes macroproyectos económicos. A juicio del gobierno de Santos, las Bacrim son el principal problema de seguridad. Ahora surgió lo de Cano, pero en Colombia, las FARC pasaron a ser menos importantes. El segundo tema de seguridad para Santos es la seguridad ciudadana, la inseguridad en las ciudades. Ése también está muy asociado al narcotráfico, más allá de la manera que tienen los colombianos de resolver los conflictos. Ahí intervienen el microtráfico y el narcomenudeo en las ciudades.
-¿Existe un problema de pasta base en Colombia?
-Eso iba a decir. Empieza a crecer en Colombia, en algunos sectores, el consumo de derivados de coca y de cocaína. Recién en tercer lugar en materia de prioridad para el gobierno viene el conflicto armado con las FARC. Pero detrás de todos los temas está el narcotráfico. Como en el pasado hubo un Cártel de Medellín y un Cártel de Cali, hoy son las Bacrim las que generan inseguridad ciudadana. Ahora Santos acaba de decir en Londres que él cree que habría que discutir el tema de la legalización de las drogas, no sólo de la marihuana, sino también de la cocaína.
-¿Él la ve como una posible solución al narcotráfico?
-Sí. En Colombia creemos que no hay otra salida. El tema es que la política estadounidense impone luchar en contra de las drogas y eso requiere un consenso internacional. Un columnista muy conocido y muy crítico en Colombia, Antonio Caballero, dijo en [la última edición del semanario] Semana que en la historia de Colombia no hubo un presidente que se haya atrevido a decir eso en contra de Estados Unidos. Sólo lo dicen cuando son ex [mandatarios], pero mientras son presidentes no dicen nada. Santos por lo menos lo dijo. Aunque puede ser que el tema no vaya más allá, es una manera de ponerlo en la mesa. En algún momento vamos a tener que discutirlo en el ámbito internacional, como se hizo con el alcohol.
-¿Santos dio alguna otra sorpresa en sus políticas?
-Sí. Por ejemplo, mientras [el presidente chileno, Sebastián] Piñera lleva seis meses en problemas con los estudiantes y sigue en una posición intransigente, Santos, frente a las grandes movilizaciones estudiantiles dijo: “sí, retiramos el proyecto, hagamos una mesa de diálogo y empecemos a concertar un proyecto nuevo”. Eso fue una muy buena sorpresa. Se logró algo extraordinario para nuestra generación, de los que fuimos jóvenes en los años 60 o 70: estos chicos lograron -de forma distinta, pacífica, con una estructura de redes- movilizar a 500.000 estudiantes en todo el país. Crearon una estructura que llamaron la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. El proceso venía de un poco antes, pero hace tres meses que cobró fuerza. En los últimos dos meses toda la educación superior entró en paro y reanudó las clases luego de que Santos retirara la ley.
-¿Qué establecía esa ley?
-Era el modelo chileno: universidades con ánimo de lucro, universidades mixtas. Desde siempre hemos tenido universidades públicas y privadas, pero la educación pública siempre ha sido mayoritaria. La ley generaba una privatización más fuerte. Además planteaba una contradicción entre la educación como derecho y la educación como servicio público. Eso alimentó el debate, entre estudiantes y también entre profesores. Estiman que la educación es un derecho contemplado por la Constitución. Lo que ayudó fue que la ministra de Educación [María Fernanda Campo] presentó el proyecto sin concertar con nadie, ni siquiera con los rectores. Eso generó un consenso en contra de la ley por parte de la comunidad [educativa]: rectores, profesores, etcétera. Además los estudiantes fueron muy creativos. En las manifestaciones, rechazaron a los grupos violentos, innovaron yendo a darle besos a los policías, hicieron teatro y otras cosas. Eso generó una gran simpatía en los medios y en la sociedad y fue lo que llevó a que Santos tomara la decisión de retirar la ley, porque es un hombre que siempre toma el pulso de la opinión pública. Ahora el gran desafío de la MANE -muchos de ellos son de mi departamento de ciencia política de la Universidad Nacional [sonríe]- es lograr una propuesta de consenso. No va a ser nada fácil, pero será una experiencia muy interesante. Un columnista escribió hace un tiempo que lo mejor no es la muerte de Cano: si Santos quiere lograr la paz, que se siente con los estudiantes y redacten en conjunto una ley de educación. Ése es el golpe más contundente contra las FARC.
-¿Por qué?
-Porque eso demostraría que la democracia está funcionando por la vía del diálogo y que no tiene sentido seguir por la vía armada.