Cuando Manuel Zelaya llegó a la presidencia de Honduras, “el nivel de violencia era muy bajo y en su gobierno se incrementó la violencia”, dijo el actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, al canal estadounidense CNN. Así respondió a las críticas del ex mandatario derrocado, que le envió una carta pública en la que denunció que hay “un Estado fallido desde el golpe” que lo derrocó a él, en junio de 2009.

En tres años 23 periodistas, 34 abogados, 58 homosexuales, además de muchos otros profesionales, políticos y activistas, fueron asesinados en Honduras; en su mayoría, esos crímenes permanecen impunes.

En los últimos días, dos asesinatos conmovieron a los hondureños: el de la periodista de radio Luz Marina Paz y el del ex asesor de la Secretaría de Seguridad hondureña, Alfredo Landaverde. Él era uno de los que reclamaban que fuera intervenida la Policía Nacional, luego de que se informara que está infiltrada por el crimen organizado.

Zelaya dijo que su flamante Partido Libertad y Refundación “hace un llamado vehemente al gobierno de Lobo para que cese de inmediato su política de buscar soluciones parciales a los graves problemas y llame inmediatamente a un gran diálogo nacional para construir las bases de la seguridad democrática y ciudadana en el país”. El ex gobernante se refería a medidas que tomó Lobo, como la de habilitar la participación de los militares en acciones de seguridad interna o la prohibición de que dos hombres viajen juntos en motocicleta, práctica usada por sicarios. Otras acciones del gobierno apuntan a la depuración policial.

Luego de recomendarle a Zelaya que recordara los índices de violencia durante su gestión, Lobo concedió: “Soy el responsable de lo que ocurre en el presente y lógicamente tengo que tomar las medidas”. Pero agregó que “en este tema de seguridad, el amigo, el ex presidente Zelaya, no tiene mucho que hablar”.

Según la Oficina de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Honduras tiene una tasa de homicidios de 82,1 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

La muerte de la periodista Paz se dio en un contexto de ataques e intimidaciones contra sus colegas que se intensificó cuando informaron de la implicación de policías en la muerte de dos universitarios. Las mismas intimidaciones sufrieron los fiscales que investigan el caso. El propio presidente admitió que “hay una escalada” en contra de los periodistas, y poco antes de que muriera Paz, el diario hondureño La Tribuna sufrió un atentado.

“Exigimos una investigación exhaustiva de los asesinatos de periodistas, queremos que de una vez por todas se conozca quiénes son los que están matando a los periodistas”, dijo al diario local El Heraldo una de las colegas de Paz que participó en una manifestación el martes frente a la sede del gobierno. Esa protesta fue reprimida por la guardia presidencial porque, según se informó, los periodistas -mujeres, en su mayoría- intentaron acceder a la Casa Presidencial para entregarle un documento a Lobo.

El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Bonilla, dijo luego de la represión que “gracias a Dios no pasó a más”. Pidió “cordura” y “calma” ya que “este tipo de acciones no pueden estar sucediendo cuando se tiene que luchar unidos en contra de la inseguridad”. Aseguró que el presidente no dio instrucciones a los militares y policías para que atacaran a los periodistas.

Pero los periodistas no son los únicos que reclaman que se atienda su situación como blancos de la violencia. Ayer decenas de personas de la comunidad homosexual de Honduras exigieron ante el Ministerio Público en Tegucigalpa que se encuentre a los culpables de los asesinato de 58 de sus integrantes. La falta de seguridad es tal que el propio jefe de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid, dijo ayer que se siente amenazado por los integrantes de su cuerpo.