Mariano Ferreyra tenía 23 años cuando fue atacado y asesinado por una patota de la UF mientras protestaba junto a trabajadores ferroviarios tercerizados, a sus compañeros del Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones políticas de izquierda, en reclamo del reintegro de algunos despedidos y de la incorporación de todos a la planilla laboral estable.
El ataque, que también causó dos heridos graves, reavivó antiguas denuncias sobre la violencia de sindicalistas afines al peronismo, ya que la UF integra la Confederación General del Trabajo (CGT), el mayor conglomerado sindical del país, cercano al oficialismo. La presidenta Cristina Fernández repudió el crimen pero no se salvó de las críticas de la oposición, el cual la acusó, a ella y a su partido, de encubrir a los brazos gordos de los gremios.
Ayer quedó detenido y comenzó a declarar ante la justicia sobre las 21.00 hora local el principal de la UF, José Pedraza, de 66 años, quien está al frente del sindicato desde hace 27 años. Al conocer la noticia de su arresto, el precandidato a la presidencia para las próximas elecciones por el partido opositor Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, escribió en su cuenta de Twitter que esto “puede significar el fin de la impunidad de las patotas sindicales”.
Por su parte, la titular de Generación por un Encuentro Nacional, Margarita Stolbizer, expresó en un comunicado que la detención de Pedraza “significa poner la mirada en dirigentes sindicales enriquecidos” y que “hay otras cuestiones que investigar, como el hecho de mantener un nivel de vida muy alejado del de sus representados”. El hermano de la víctima, Pablo Ferreyra, también se alegró porque “la Justicia está trabajando cada vez con más precisión y se está yendo en la dirección que marcamos desde un primer momento”, según publicó el diario La Nación.
Otro matutino, Página 12, aportó que en los allanamientos realizados hace unos diez días, los investigadores obtuvieron documentos y evidencias que probarían el vínculo de Pedraza y de la cúpula de su sindicato con una de las empresas tercerizadas que paga bajos salarios a los empleados ferroviarios contratados fuera de los convenios colectivos para obviar sus derechos laborales. Esa confluencia entre intereses sindicales y patronales era uno de los motivos de la protesta en la que Ferreyra murió. Pedraza era interrogado ayer por presuntos delitos de “homicidio y lesiones”, aunque no está aún del todo claro cuál sería el grado de participación que, en caso de hacerlo, le atribuiría Wilma López, la jueza de instrucción a cargo del expediente, después de culminar la indagatoria. El sindicalista tenía derecho de no responder a las preguntas de la magistrada y del fiscal Fernando Fiszer, quienes también dispusieron el arresto del número dos del gremio, el secretario administrativo Juan Carlos Gallego Fernández -quien declaró ante la jueza ayer de tarde-, y del delegado, Daniel Alcorcel. Los tres “compañeros” están siendo investigados por los mismos delitos.
Por el asesinato de Ferreyra, ya están procesados los presuntos autores materiales: Cristian Favale y Gabriel Sánchez -supuesto instigador-, Pablo Díaz, y otros cuatro hombres con distintos grados de implicación. Todos cumplen prisión preventiva.
Ante estas acciones judiciales, la UF decretó ayer “el estado de alerta y movilización total del gremio en todo el país” a través de un comunicado. En el documento, el secretario general adjunto, Guillermo D’Angella, y el secretario de Prensa, Raúl Castellano, convocan a “todos los afiliados” de las líneas ferroviarias a permanecer “atentos a las directivas que imparta la conducción” porque “pese a que en ningún momento interfirió la acción de la Justicia, ha detectado una sistemática campaña contra la institución y soportado numerosos allanamientos que afectaron su normal desenvolvimiento”. Desde la Secretaría nacional de Transporte, informó que el paro de los ferrocarriles era total ayer en la ex línea Roca en la que ocurrieron los hechos investigados y parcial en el resto de los trenes.
El hermano del joven asesinado también estimó que el siguiente paso debería ser investigar la supuesta inacción de la Policía durante el ataque. La agencia de noticias estatal Télam, indicó ayer que el fiscal solicitó que se interrogara también a cinco policías acusados de haber “dejado actuar” al grupo que agredió a los manifestantes a pesar de que tenían “los medios para evitar” el ataque de la patota pero “no ordenaron interrumpir la conducta de los nombrados, abandonando a su suerte a las víctimas y poniendo en peligro la vida y la salud de los mismos”. El dictamen fiscal establece que los policías “permitieron que los autores huyan y oculten los elementos utilizados para el ataque” y complicaron la investigación.