Varias organizaciones civiles denunciaron que en Honduras aumentó el abuso contra lesbianas, gays, trans y bisexuales (LGTB). “Nuestros compañeros transexuales son asesinados en las calles con disparos en la cabeza. Nuestros compañeros homosexuales son brutalmente asesinados dentro de sus hogares. Sin embargo, los últimos cinco asesinatos que han ocurrido aquí en Tegucigalpa [capital hondureña] han sido crímenes de odio extremo como no habíamos visto en los últimos años. Las víctimas fueron violadas, acuchilladas, baleadas e incluso estranguladas”, ilustró Yndira Mendoza, directora de la organización lésbica Red Catrachas (gentilicio que significa “hondureñas”).
Según los datos de esta organización, en lo que va del año ya fueron asesinadas cinco personas, que se suman a 21 víctimas mortales del año pasado. Desde junio de 2009, 34 integrantes de la comunidad LGTB fueron víctimas de asesinatos en los que las víctimas fueron baleadas, apuñaladas o quemadas vivas.
Las personas transexuales son consideradas las más indefensas. Según Claudia Spellman, que dirige la Asociación Color Rosa, hay una “imposición social” que condiciona a esas personas a vender servicios sexuales: “No hay oportunidades de empleo, no tenemos acceso a la educación, al trabajo, o a la vivienda, debido a nuestra apariencia y condición”, explicó.
Un día después de que la embajada de Estados Unidos -país del cual Honduras recibe colaboración económica y en el cual tiene beneficios migratorios- manifestara su “preocupación” por los asesinatos y pidiera a las autoridades que investigaran los hechos, varios dirigentes de la comunidad LGTB fueron recibidos por Ana Pineda, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (creado en noviembre y que tiene entre sus funciones la de investigar crímenes de odio).
Pineda lamentó los asesinatos y aseguró que el gobierno “necesita recordar [a la población] que los derechos humanos son universales”. Los activistas se quejaron ante la ministra de la falta de respuesta ante los crímenes de la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, y del fiscal general, Luis Alberto Rubí.
“La homofobia es un acto condenable desde todo punto de vista cuando lo realiza un particular, pero aun peor cuando por acción u omisión lo realiza un servidor del Estado”, afirmó Pineda según el diario hondureño La Prensa.
El 13 de enero, días antes de la reunión con la ministra, los mismos dirigentes, junto con un grupo de integrantes de la comunidad LGTB, protestaron ante la sede del Ministerio Público demandando justicia. En esa fecha se conmemoraba el aniversario del asesinato del secretario del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Walter Orlando Tróchez, cuyos responsables también permanecen impunes.
Problema internacional
David Kato, activista por los derechos de las personas LGTB en Uganda, donde las leyes establecen que la homosexualidad es un delito, fue asesinado el 26 de enero. En octubre del año pasado el periódico ugandés Rolling Stone (no relacionado con la revista del mismo nombre que se edita en numerosos países) había publicado su fotografía junto con las de otras 99 personas a las que señalaba como homosexuales, demandando que fueran ahorcadas (eso les valió a sus editores la clausura definitiva y el pago de una indemnización).
El viernes pasado fue detenido Enoch Nsubuga, quien confesó haber asesinado a Kato, según informó la portavoz de la Policía ugandesa, Judith Nabakooba. Una fuente policial dijo de forma anónima a la agencia EFE que Nsubuga fue amante de Kato y “lo mató por romper una promesa que le había hecho”.
Unas 40 organizaciones de derechos humanos realizaron la semana pasada una vigilia cerca de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y luego se dirigieron a la sede de la misión ugandesa ante la ONU, donde entregaron una carta reclamando una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre la muerte de Kato.
Ecos internacionales
Organizaciones internacionales también se quejaron ante los poderes Ejecutivo y Judicial de Honduras por la impunidad de estos crímenes de odio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno hondureño “prevenir los actos de discriminación y violencia” y lo instó a "investigar, juzgar y sancionar a los responsables y reparar en forma pronta y diligente las violaciones" a los derechos. En un comunicado emitido a fines de enero, la CIDH señaló que ninguno de los responsables de los últimos asesinatos ha sido llevado ante la Justicia. Días después, la Comisión, que integra el sistema de la Organización de Estados Americanos, dispuso medidas cautelares a favor de varios integrantes de la comunidad LGTB hondureña, debido a amenazas y atentados en su contra, informó la agencia de noticias EFE.
Por su parte, la organización Human Rights Watch destacó como otro aspecto diferencial de los asesinatos el hecho de que si bien casi 20 de los ocurridos desde 2004 fueron en lugares públicos, la mayoría ocurrió en los hogares de las víctimas. Además lamentó, en un informe publicado el último día de enero, que los crímenes “contengan cada vez más señales de odio”, ya que los cuerpos demuestran que hubo torturas antes de los asesinatos.
También se indicó que una de las personas transexuales asesinadas había sido atacada anteriormente, por lo cual realizó una denuncia identificando a sus agresores, pero que eso no impidió que la mataran meses después, mientras los sospechosos continuaban (y continúan) siendo buscados por las autoridades.
En febrero, el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos demandó el cese y esclarecimiento de los asesinatos de miembros de la comunidad LGTB en la región, en la cual Honduras es el país donde se han registrado más casos. El titular del estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos hondureño, Ramón Custodio, estimó que en su país, durante los últimos cinco años, "más de 200 miembros de la comunidad Lésbica, Gay, Transgénero y Bisexual han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos cometidas por policías, clientes, familiares y personas desconocidas”.
La trascendencia internacional del problema implicó que el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comentara que es “esencial” que el gobierno hondureño “investigue estos asesinatos y sancione a los autores”, subrayando que los derechos de la comunidad LGTB “no son derechos especiales, son derechos humanos”.
Problema uniformado
Otro de los reclamos de la comunidad LGTB se relaciona con la actitud de los policías. Los activistas sostienen que muchas veces no protegen a las víctimas, y que en otras ocasiones están entre los agresores.
Una persona transexual dijo a la cadena CNN, en forma anónima, que integrantes de la Policía participan en las golpizas y les dicen a quienes sufren abusos que no tienen “ningún derecho”.
De hecho, fue calificada de “excepcional”, en setiembre del año pasado, la condena a un policía que asesinó a una persona transexual que se prostituía apuñalándola 17 veces, en diciembre de 2008. El homicida cumplirá de 10 a 13 años de prisión por su participación en el crimen, que incluyó el secuestro de la víctima antes de su asesinato. Fue la primera condena de un oficial de policía desde 2003 por un crimen contra una persona transexual. Los miembros de la comunidad LGTB que participaron en el proceso como observadores denunciaron haber recibido amenazas, al igual que una testigo y los fiscales de la causa judicial. Las personas que fueron intimidadas recibieron medidas cautelares de protección dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que se hubieran producido decisiones en ese sentido por parte de las autoridades hondureñas.
“La corte debe ser aplaudida por considerar que se cometió un delito grave, pero esperamos el día en que los tribunales entiendan la plenitud del odio detrás del crimen”, dijo en aquel momento la activista Mendoza. “Todavía tenemos un largo camino por recorrer para asegurar que el sistema de justicia comprenda y aborde de forma adecuada la orientación sexual e identidad de género”, añadió la directora de la Red Catrachas.
Mendoza sostuvo que para combatir los “crímenes de odio” son necesarios “cambios en la legislación, además de programas de prevención para terminar con la discriminación en Honduras, porque en estos momentos tenemos que vivir escondidas”, informó el diario hondureño La Tribuna.
Desde entonces no hubo otras condenas por asesinatos de personas transexuales.
El portavoz de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, dijo la semana pasada que se están tomando medidas para mejorar el desempeño de la fuerza pública en estos casos. “Nuestra división de investigaciones criminales ha abierto una investigación para encontrar a los responsables de estos actos para que puedan ser detenidos y procesados”, informó. El titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Marco Palma, aseguró que tres de las investigaciones de los cinco asesinatos de 2011 están avanzadas, y aseguró a fines de enero que en los próximos días se producirían los primeros arrestos. Aún no han sido realizados.
Por su parte, el viceministro de Seguridad, José Romero Luna, dijo que se trabaja en las investigaciones y que su ministerio está dispuesto a colaborar para que se establezcan medidas cautelares a fin de proteger a las personas transexuales. Por otra parte, Romero y Sauceda hablaron en distintas conferencias de prensa pero coincidieron en sostener que quienes integran la comunidad LGTB se exponen a sufrir ataques en la medida en que suelen “frecuentar lugares inseguros”.