Los números parecen ser claros, en todo sentido. El salario mínimo brasileño es de 510 reales (5.814 pesos uruguayos), establecido por el gobierno del ex presidente Lula da Silva mediante una ecuación que incluye la inflación y el Producto Interno Bruto para el aumento anual de la cifra. Mediante este cálculo la administración Rousseff ofrece llevarlo a 6.213 pesos, pero los sindicatos, que fueron tachados de “oportunistas” por Lula, pretenden que sea de 6.612, sobre la base de que el costo de vida creció más que la inflación. La oposición realizó dos propuestas: 6.384 y 6.840 pesos.
Las otras cifras también son claras: la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, donde se realiza la primera votación, cuenta con 513 legisladores, de los cuales 388 son oficialistas, la aprobación se alcanza con 257 votos -la mitad más uno-.
Pero si bien la mayoría de las bancadas oficialistas se comprometieron a respaldar la iniciativa del Ejecutivo, el Palacio de Planalto estima que hasta 50 legisladores cambiarán su voto, a lo cual hay que sumarle que el oficialista Partido Democrático Laboral dio libertad a sus legisladores. Si el apoyo a la propuesta reúne menos de 300 votos, sería visto como un fracaso del gobierno, según coincidieron varios analistas políticos consultados por la cadena O Globo.
Justamente por estos riesgos el gobierno ha tenido que seducir a los partidos de la coalición con ofertas de cargos en negociaciones que fueron llevadas a cabo ayer por la mañana, antes de que comenzara el debate legislativo. En paralelo, los ministros de diferentes partidos fueron impulsados a llamar a los líderes de sus bancadas para disuadirlos de votar las cifras del gobierno. Rousseff se ha mantenido firme ante las protestas que llegaron tanto de los sindicatos como del interior de la coalición, y ha asegurado que incrementar más el salario mínimo pondría en peligro la contención del gasto público.
En base al salario mínimo se calculan sueldos y beneficios estatales, así como pensiones. Cada real de aumento implica un gasto de casi 180 millones de dólares al gobierno, informó la agencia de noticias Reuters Brasil.
Tanto los sindicatos como la oposición, que ya se dijo derrotada, auguran que el planteo del Partido de los Trabajadores será victorioso gracias al lobby desplegado por Rousseff. “Es el imperialismo de Dilma, que dice que quien no vote a favor no tendrá cargos. Es lamentable”, cuestionó el diputado opositor Antônio de Magalhães Neto, de Demócratas. Por su parte, el ministro de Economía, Guido Mantega, advirtió ayer que si la bancada oficialista no respalda el proyecto de la administración, “significa que otros acuerdos pueden no ser cumplidos”.
Durante la votación en el Congreso, las barras estaban pobladas de sindicalistas que aclamaban a quienes defendían sus argumentos y daban la espalda a los que no. El presidente de la Cámara, el oficialista Marco Maia, pidió a los trabajadores que evitaran las manifestaciones y solicitó a Paulo Pereira, diputado del Partido Democrático Laboral y líder sindical, que lo secundara en el pedido, pero no fue obedecido.