En un acto sin precedentes, el juez federal de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez, decidió procesar a un ex juez de menores de la misma provincia argentina, Luis María Vera Candioti, por haber encubierto la apropiación de una menor durante la dictadura. El Centro de Información Judicial informó que en 1977 Candioti, hoy jubilado, dio en adopción a Paula Cortassa, luego de haber alterado su estado civil y su identidad. Paula, que luego recuperó su identidad, es hija del desaparecido Enrique Cortassa y de Blanca Zapata, muerta por heridas que recibió en un operativo de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. La familia adoptiva desconocía el origen de la menor. “En el fallo, señalo que la víctima es alentada por su propia madre adoptiva a esclarecer su verdadera identidad”, dijo Rodríguez a la agencia de noticia AFP. “Es la primera vez desde el retorno a la democracia que se procesa a un [ex] juez por una causa de apropiación ilegal de menores en la dictadura”, dijo el coordinador de la Unidad Fiscal de Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Pablo Parenti.
El fallo dispuso el procesamiento por “alteración del estado civil e identidad, retención y ocultación de un menor de edad” y Paula Cortassa es querellante en la causa junto con Abuelas de Plaza de Mayo.
Por otro lado, comenzará hoy un juicio político a Luis Miret, juez federal suspendido por el Consejo de la Magistratura, debido a su “actitud colaboracionista” ante crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura. Según el dictamen de la acusación que llevó a que fuera suspendido, en 1975, Miret le dijo a un detenido que tenía que “aguantar” la tortura, ignoró las denuncias sobre la violación de una menor detenida en Mendoza al amparo de la “ley antisubversiva” y la dejó en una cárcel para adultos, informó el diario argentino Página 12.
Los principales acusadores son la ex detenida que era menor de edad, su madre y el que era entonces novio de la joven, denunciante en su momento de los hechos ante Miret.
La suspensión del juez se dispuso el 16 de setiembre, y Miret renunció para evitar el juicio político, pero la dimisión no fue aceptada por el Poder Ejecutivo. Ahora debe comparecer ante sus pares en Buenos Aires, y el proceso va a durar siete días. El veredicto puede ser la destitución o la confirmación del cargo del magistrado mendocino.