El gobierno de Juan Manuel Santos “pone en la escena pública y a debate político algo que el mandatario anterior había negado sistemáticamente”, sostuvo a fines del año pasado Antonio Madariaga, vocero de la Mesa Nacional de Víctimas. Éste es uno de los aspectos que más se destacan de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras propuesta por el gobierno con el respaldo de la mayoría de los partidos. A diferencia del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, se reconoce y se pone sobre el tapete la existencia de víctimas de los conflictos colombianos, ya sea a manos del Estado, de guerrillas o de grupos paramilitares. Cuándo comenzaron esos conflictos o cuáles de las víctimas deben ser reparadas ahora, son algunos de los principales puntos que todavía están a discusión. El primer proyecto de ley, presentado por Guillermo Rivera, del Partido Liberal, establecía que se debía reparar a las víctimas por conflictos a partir de 1984. Sin embargo, la ley aprobada en la Cámara de Representantes, que se votará en el Senado el lunes, tiene una modificación y ofrece reparación a las víctimas a partir de 1991.

El Partido Conservador, parte de la coalición de gobierno, informó que el cambio de fechas se estableció en un acuerdo oficialista para “rendirle un homenaje a la Constitución Política”, ya que en 1991 se reformó la carta magna. Esta propuesta fue duramente rechazada por el principal partido opositor, el Polo Democrático Alternativo, que sí respaldaba el proyecto inicial. Debido al cambio, la bancada del Polo se retiró de la Cámara de Representantes, mientras desde el oficialista Partido Liberal, autor del proyecto, se indicó que “para no torpedear el trámite del proyecto” se aceptaba el nuevo plazo. Según el proyecto aprobado, las víctimas de la violencia -por ejemplo, las familias de los asesinados o quienes fueron secuestrados- recibirán reparación integral por vía judicial. Sin embargo, se le critica a la ley que no establece un procedimiento claro para entregar esa reparación. En cambio, los desplazados que fueron despojados de sus tierras -ya sea por ataques directos o por temor a la violencia en ciertas zonas- podrán regresar a ellas.

El proyecto les asigna a fiscales y jueces de Justicia y de Paz tareas de búsqueda de empresas que hayan financiado grupos armados ilegales o que los integren de algún modo. Ellos deberán responder y compensar a los afectados por medio del Fondo de Reparación a Víctimas. Se ordena a la Defensoría del Pueblo que realice los ajustes necesarios para representar judicialmente a las víctimas que así lo pidan. Esto se estableció con el fin de que los abogados de oficio comunes no defiendan en forma simultánea a víctimas y victimarios. Una de las modificaciones al texto incorporó el artículo conocido como “mujeres rurales”, que prioriza la devolución de tierras a las mujeres cabezas de hogar. Los estudios realizados en Colombia por distintos actores calculan que en los últimos 20 años unas 5.600.000 hectáreas fueron abandonadas por la población desplazada víctima del conflicto, y que 2.000.000 fueron directamente robadas. A la hora de poner en práctica la devolución de tierras, el sistema será el siguiente: la víctima deberá anotarse en una Oficina de Registro de Tierras, luego el tribunal administrativo creado por la ley estudiará cada caso y, de considerarlo pertinente, pedirá a quien esté ocupando la tierra reclamada que pruebe su tenencia legítima. Las organizaciones defensoras de las víctimas critican con dureza el método, especialmente por dos razones: temen que el sistema sea también corrompido por los grupos armados y que el procedimiento sea muy engorroso para las víctimas, debido al bajo nivel educativo que la mayoría de ellas puedan tener y lo lejos que puedan vivir de las Oficinas de Registro.

También demandan que se brinden garantías a quienes hoy viven en esas tierras. Entienden que se debería habilitar una instancia judicial para que puedan probar que son propietarios de la tierra para el caso de reclamos ilegítimos.

Otro punto que los defensores de las víctimas plantean es que se deben condonar las deudas de los predios devueltos. En algunas regiones en las que se llevaron a cabo operaciones de retorno, luego de recuperar las tierras las víctimas descubrieron que tenían deudas que habían sido contraídas por quienes poseían ilegalmente el terreno. En los casos en que las deudas superaron las posibilidades de las víctimas, las tierras fueron vendidas a bajos precios a empresas regionales.

Años violentos

El principal punto de controversia refiere al período que abarca la retroactividad de la ley, ya que el plazo de 1991 es rechazado tanto por partidos políticos como por defensores de los derechos humanos y de las víctimas.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado señaló que fijar este plazo, que deja por fuera el recrudecimiento de la violencia que se registró en la década de 1980, es “desconocer la dimensión de los crímenes cometidos con antelación” a 1991, informó el diario colombiano El Tiempo. El diputado del Polo Democrático, Iván Cepeda, dijo que el cambio de fecha fue motivado por sectores conservadores, y lamentó que este proyecto deje por fuera a unas 40.000 víctimas de masacres.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, declaró: “Había que buscar una fecha. Ésta parece la que más corresponde con la expedición de la Constitución, cobija en todo caso un período que coincide con el que ha tenido una mayor violencia en términos de masacres y despojo de tierras”.

Uno de los principales hechos que queda por fuera del margen de esta versión de la ley es el asesinato de los miembros de Unión Patriótica, el movimiento político que surgió de las negociaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos miembros y seguidores fueron asesinados, desaparecidos y torturados sistemáticamente entre 1984 y 1992. Se considera que en la primera mitad de la década de 1980 se disparó el accionar del paramilitarismo, así como el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales. También se dispararon los secuestros, ordenados en la Séptima Conferencia Guerrillera de 1982 por las FARC, así como los homicidios, que en 1983 aumentaron un 100% y un 80% en algunas regiones donde se expandió la guerrilla. Según cifras del Centro de Investigación y Educación Popular y de la Corte Colombiana de Juristas, entre 1988 y 1993 se cometieron 15.050 asesinatos políticos.

En la década de 1980 comenzó el despojo masivo de tierras. El narcotráfico las compró en forma masiva para lavar dinero y asegurarse control territorial, muchas veces obligando a los anteriores dueños a entregarlas. El Comité Permanente para los Derechos Humanos, de carácter civil, indicó que entre 1979 y 1982 se triplicó el número de desaparecidos, que continuó aumentando cada año. Entre 1988 y 1993, según el Centro de Investigación y Educación Popular, hubo 1.154 desapariciones forzadas.

El recrudecimiento de la violencia y el despojo de tierras dejaron ver por primera vez el desplazamiento masivo que comenzó a ser registrado por medios y organizaciones civiles en 1985, y cuya responsabilidad atribuyeron a a la guerrilla, los paramilitares y las Fuerzas Armadas.

Incluso en 2004 la Justicia ordenó al gobierno que superara el subregistro de población desplazada porque no había considerado las fechas previas a 1999, año en que comenzó el registro oficial, pese a que existían cifras de años anteriores. Este es otro de los argumentos de quienes defienden que se fije el efecto retroactivo de la ley hasta 1984.

Sólo en 1980 hubo 13 casos de homicidio colectivo de tres o más civiles, y entre 1982 y 1992 se identifican 37 masacres, según estudios académicos independientes.

Haciendo números

Además de cuestionarle los plazos que contempla la ley, se critica su falta de claridad en cuanto a otros criterios y procedimientos para la reparación económica. En una primera instancia la reparación consistiría en servicios sociales y asistencia humanitaria, sin considerar un pago a la víctima, lo que no concuerda con los conceptos de reparación aplicados por la Corte Constitucional colombiana.

El director de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, creada por esa Corte, Luis Jorge Garay, explicó en entrevista con el portal de noticias y análisis La Silla Vacía que el tribunal entiende que es necesaria para la reparación una entrega que incluya “bienes” y que parta del entendido de que debe buscarse “la recuperación no sólo del patrimonio, sino del proyecto de vida”.

Garay dijo que la recuperación costaría unos 40 millones de dólares, mientras el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, manifestó que “el proyecto es costoso, pero es financiable”. El Estado estima que para reparar a cuatro millones de víctimas el costo sería de 23 millones de dólares.