Cuestión de dignidad
El presidente yemení, Alí Abdalá Saleh, aceptaría la hoja de ruta propuesta por los cinco partidos de la oposición para que deje su cargo durante este año y no en 2013, cuando termina su mandato, informó ayer la agencia oficial de noticias SABA. El plan consta de cinco puntos y exige que “el presidente se comprometa a renunciar a su puesto a fines de año en respuesta a las demandas del pueblo”, que se investiguen los métodos violentos para reprimir las protestas y que éstas sean permitidas si son pacíficas. Saleh aceptaría el plan que surgió de acuerdos entre la oposición y líderes religiosos y tribales porque le permitiría dejar el poder “de una manera honorable y pacífica”.
El gobierno de Libia aceptó ayer la propuesta del presidente venezolano, Hugo Chávez, uno de los últimos aliados que le quedan al presidente Muamar Gadafi, de crear una comisión internacional para negociar una salida pacífica a la crisis que vive el país. Así lo dijo el ministro de Información, Andrés Izarra, a la agencia de noticias Reuters. Agregó que los cancilleres del Alba realizarán una propuesta más concreta sobre la comisión internacional después de reunirse el próximo viernes.
Sin embargo, Said el Islam Gadafi, hijo del líder libio, rechazó la propuesta diciendo de los venezolanos: “Son nuestros amigos y les respetamos y nos gustan, pero están lejos y no tienen ni idea”. Desde la Liga Árabe el portavoz Hisham Yusef declaró ayer a la agencia de noticias EFE que se “está estudiando” la iniciativa venezolana.
Según los analistas de las repercusiones económicas del conflicto, estas consideraciones de un camino hacia la paz bajaron tres dólares el precio del crudo ayer.
Mientras varios países europeos se muestran escépticos ante el pánico, y Estados Unidos ni se pronuncia por considerarlo poco “serio”, la oposición lo rechaza considerando que ya es demasiado tarde. Venezuela espera que sea Lula da Silva, el ex presidente brasileño, quien lidere la comisión, informó Reuters, en base a fuentes gubernamentales venezolanas.
Otro nuevo aspecto se sumó ayer a la crisis libia. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno-Ocampo, anunció que serán investigados Gadafi, su círculo íntimo, incluidos algunos de sus hijos, y varios responsables de las fuerzas armadas, que tienen la autoridad formal por los crímenes cometidos durante la represión de las revueltas que comenzaron el 15 de febrero.
Se indagarán las acusaciones de que las fuerzas leales a Gadafi atacaron a manifestantes pacíficos en varios pueblos y ciudades, especialmente en las últimas dos semanas. “Nadie tiene la autoridad de atacar y masacrar civiles. En cuanto alguien comete crímenes es nuestro deber investigarlo e intentar detenerlo”, dijo el fiscal a BBC, advirtiendo que las órdenes de detención pueden tardar meses en ser emitidas. El único antecedente de un jefe de Estado investigado por esta corte durante su mandato es el del presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, quien está imputado por el delito de genocidio por crímenes cometidos en Darfur y contra quien pesa una orden de detención emitida por la corte con sede en La Haya en julio de 2008.
Ayer la aviación leal a Gadafi volvió a bombardear la ciudad petrolera de Brega, en el oriente, intentando recuperar las zonas que están tomadas por los rebeldes. También se rumoreó por la tarde que una caravana de vehículos de fuerzas del gobierno estaría viajando rumbo a la ciudad para retomarla, luego de que el miércoles los opositores resistieran varios embates de las fuerzas de Gadafi, que causaron 12 muertes. En simultáneo, las fuerzas rebeldes avanzaban ayer hacia el este y lograron capturar a algunos mercenarios leales al gobernante.
Otras tierras
Mientras tanto, ayer comenzó a llegar la ayuda de varios países a la frontera libio tunecina, donde en un campamento a ocho kilómetros de allí se encuentran unos 150.000 refugiados, según Naciones Unidas. La ayuda llegó de la mano de la comisaria europea de Cooperación y Ayuda Humanitaria, Kristalina Georgieva, respondiendo a los pedidos tunecinos de colaboración internacional para repatriar a los refugiados.
También desde Túnez se están repatriando algunos miles de egipcios, que llegaron hasta allí escapando de las revueltas que terminaron con el derrocamiento el 11 de febrero de Hosni Mubarak. El ex presidente egipcio será interrogado en un tribunal de El Cairo por un caso de corrupción, informó ayer la cadena CNN.
También en Egipto, donde un Consejo Militar gobierna de forma provisoria hasta las elecciones previstas para julio o agosto, renunció ayer el primer ministro, Ahmed Shafiq, respondiendo al pedido de los opositores que exigían que se fuera el último miembro del gobierno de Mubarak que permanecía en el Ejecutivo.