El patio trasero

El Senado mexicano aprobó a fines de febrero un proyecto de ley migratoria, que ahora pasó a debate en Diputados donde se estima que podría ser sancionado antes de que termine el período, el 30 de abril. La ley reconocería por primera vez a los migrantes su derecho a la educación, la salud y la regularización de su situación migratoria. Sin embargo, en el texto no se incluyen los procedimientos para garantizar esos derechos. En cambio, sí se limita a 36 horas el tiempo máximo que pueden ser detenidos por el Instituto Nacional de Migración, el cual tiene la facultad de revisar a los inmigrantes y detenerlos hasta su repatriación o regularización.

El primer proyecto de ley, que fue modificado en la votación del Senado, fue cestionado por criminalizar y discriminar a los migrantes indocumentados, ya que se atribuía a la Policía Federal la facultad de detenerlos y multaba a los empleadores que les dieran trabajo. En este sentido, se señalaba que el proyecto ratificaba prácticas, que violan los derechos humanos de los migrantes, en lugar de modificarlas.

Otra crítica que se escuchó desde la presentación y que aún permanece refiere a la nula participación en el proceso de la sociedad civil. Distintas organizaciones trabajan desde hace años por los derechos de los migrantes y se dedican a analizar el fenómeno. Desde ellas también surgieron los cuestionamientos al proyecto, que a su entender carece de garantías jurídicas para los extranjeros, a los que no les asegura, por ejemplo, el acceso a un abogado para asesorarse.

La votación parlamentaria coincidió con la divulgación del último informe sobre migración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual indicó que entre abril y setiembre del año pasado fueron secuestrados 11.333 migrantes en México. Esto se agrega a la matanza de Tamaulipas, donde en agosto de 2010 se encontraron los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos que habían sido secuestrados, presuntamente por el cártel de Los Zetas, y que ante la ausencia de un rescate, los ejecutaron.

Uno de los críticos con esa ley migratoria en debate y con cómo reaccionó el gobierno ante la masacre de Tamaulipas es Emilio Álvarez Icaza, quien fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hasta 2009 y en 2010 fue candidato a presidir la CNDH, la edición nacional de esa comisión. En entrevista telefónica con la diaria, Álvarez Icaza cuestionó también el papel que ha jugado la CNDH.

-¿Cómo percibe la situación actual de derechos humanos de los migrantes?

-Muy lamentablemente, los migrantes se convirtieron en uno de los temas más críticos de derechos humanos en México. Durante mucho tiempo se desatendieron llamados de organismos civiles, de redes de ayuda a migrantes y de organismos internacionales. El costo es que la problemática ha escalado tanto que los migrantes están siendo víctimas de redes de trata y explotación de personas. Ese tema es muy riesgoso tanto por la protección de las personas, como por su efecto doble: golpea todo el trabajo que se hace en Estados Unidos para defender los derechos de los migrantes mexicanos.

-La mayoría de los migrantes proviene de países centroamericanos, ¿cómo ha repercutido la crisis migratoria en la relación de México con estos países?

-Hubo una reacción muy lamentable del gobierno de México a partir de la masacre de Tamaulipas. Lejos de construir una agenda de encuentro con esos gobiernos, se les trasladó la responsabilidad, lo que llevó a un conflicto con países que eran aliados, como Guatemala, El Salvador u Honduras. México y Centroamérica habían actuado como un solo bloque ante Estados Unidos. Cuando en diciembre hubo 20 migrantes desaparecidos, la primera respuesta del gobierno mexicano fue decir “no es cierto”. Si el paradigma es la negación y no la indignación, entonces es el Estado, y en su representación el gobierno, el que no asume la responsabilidad. El problema es que el gobierno de México cambió su entendimiento geopolítico y eso ha tenido un enorme impacto. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en 1994, México juega un papel de frontera sur de Norteamérica, en lugar de frontera norte de América Latina. Esto ha significado un cambio estructural en materia migratoria, porque parte de la migración que va a Estados Unidos se detiene en México. Toda esta crisis migratoria, que es cercana a una crisis humanitaria, porque hay reportes que hablan de más de 10.000 secuestros al semestre, llevó a la discusión de esta nueva ley migratoria.

-¿En qué medida esto puede cambiar si la ley es aprobada?

-La ley tiene algunos elementos que van a resultar muy positivos, pero se le señalan especialmente tres debilidades. La primera es que está construida bajo el paradigma de la seguridad nacional, por lo que las instituciones que intervienen son de seguridad. En consecuencia, y ésta es la segunda debilidad, los procedimientos que se manejan generan contradicciones en términos de la protección de los derechos de los migrantes. La tercera debilidad tiene que ver con el no entendimiento de que el Estado no sólo debe proteger a los migrantes ante la violación de sus derechos por parte del propio Estado, sino también frente a la comisión de delitos. Hay una violación por omisión frente a los crímenes contra migrantes. Ese entendimiento ni siquiera está mencionado en términos de combate al delito. Aun así, esta ley de migración es un avance si se considera como una señal de que la agenda legislativa se está moviendo.

-Habiendo tantas denuncias de violaciones a los derechos humanos en México por parte de diversas instituciones, ¿cómo se garantiza que sí se respeten los derechos de los migrantes?

-Esta ley no garantiza la intervención de organizaciones civiles para monitoreo y vigilancia y no está hecha con la transparencia de rendición de cuentas. Entonces, hay muy pocos mecanismos de control y no hay elementos de certeza para evitar estas violaciones. Por ejemplo, muy pocas organizaciones tienen acceso a las estaciones migratorias, que en realidad son centros de detención.

-En caso de que la ley se apruebe, ¿por qué mecanismo evitaría el secuestro?

-Se tiene que asumir que la ley no es eficiente si es insuficiente, si no va acompañada de una política pública que garantice la protección y que identifique a parte de las estructuras de seguridad como el problema. Hay fuerzas de seguridad infiltradas por la delincuencia, hay denuncias de migrantes que han sido entregados a los secuestradores por entidades de protección, entre otras. En la Justicia en general se tiene que garantizar que las instituciones del Estado que protegen a las personas no sean partícipes del delito, y esto tiene que ver con una política pública para garantizar las condiciones de protección humanitaria a quien transita por este país.

-La votación de la ley coincidió con la presentación del informe de migración de la CNDH, que denunció 11.333 secuestros de migrantes entre abril y setiembre del año pasado, ¿qué sensaciones le generan esas cifras?

-El tamaño del problema pone en evidencia que la CNDH está siendo muy pasiva respecto a su agenda de derechos humanos, uno espera una institución mucho más proactiva, mucho más presente, con mayor incidencia, también por la cantidad de recursos que se le destina -recibe casi 100 millones de dólares de presupuesto anual-. Hay que reconocer que, por ejemplo, la CNDH ha denunciado casos de violaciones de los derechos humanos del Ejército y de la Marina, significativos, pero por la cantidad de casos que existen uno esperaría una acción mucho más fuerte. Tiene una concepción restrictiva de su mandato, hay más esfuerzos en ver en dónde no interviene que en dónde sí interviene.

-El último informe incluye 28 recomendaciones, ¿confía en que serán atendidas por el gobierno?

-Tengo mis reservas. Esta administración no está cumpliendo las recomendaciones ni las sentencias de la Corte Interamericana, la pregunta es: ante eso, ¿la CNDH qué va a hacer? Hay precedentes similares, las defensorías del pueblo de Argentina y Bolivia recurrieron a instancias internacionales. No basta con que la CNDH denuncie públicamente que no se cumplen las recomendaciones, debería subir el costo, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a los mecanismos de Naciones Unidas.