Libia también
El gobierno de Muamar Gadafi en Libia pierde terreno. El este está bajo control de los opositores, que ahora avanzan en el oeste. Desde la capital, Trípoli, las autoridades lanzaron una contraofensiva en la noche del domingo, sin éxito. Según distintas fuentes médicas, serían entre 317 y 347 los muertos en la zona este de Libia entre el 15 y el 28 de febrero. Los miles de personas que huyen del país se agolpan en la frontera con Túnez y desde la ONU se alerta sobre una muy probable crisis humanitaria. Ayer, además, la ONU aprobó la expulsión de Libia de su Consejo de Derechos Humanos, mientras varios países estudian una posible intervención militar.
El corazón de la capital yemení, Sana’a, quedó colmado ayer de manifestantes que coreaban: “El pueblo quiere la caída del régimen, el pueblo quiere la salida de [el presidente] Alí Abdalá Saleh”, informó la agencia de noticias AFP. En el marco de una nueva “jornada de la ira”, la protesta permanente en una plaza frente a la universidad creció y congregó a decenas de miles de personas. De acuerdo a la agencia de noticias EFE, además de las pancartas en contra del gobierno se podía ver banderas de Yemen, de Egipto, de Túnez y de Libia.
El lunes la oposición yemení rechazó la posibilidad de participar en un gobierno de unidad nacional y anunció que mantendría las protestas que comenzaron el 27 de enero. Las manifestaciones se intensificaron en los últimos días y Saleh destituyó ayer a cinco gobernadores de distintas provincias, que fueron trasladados a Sana’a, donde ocuparán otros cargos. Los afectados por los cambios son, en su mayoría, representantes del oficialismo en provincias en las que hubo protestas contra el régimen: Adén -donde murieron varias personas-, Lahech y Abien, en el sur, Hadramut, en el este, y Al Jodeida, en el oeste del país.
Saleh había dicho más temprano, en una reunión con dirigentes religiosos, que si las protestas lo obligaban a dejar el poder, había riesgos de que el país quedara dividido. “No podrán dirigir [Yemen] ni durante una semana”, dijo. Agregó que el país “se dividirá incluso en cuatro partes y no sólo en dos, tal y como estuvo antes”, en referencia a la división que existía antes de que el norte y el sur se unificaran en 1990.
El mandatario lleva 32 años en su cargo, pero últimamente destacados jefes tribales y diputados de su partido le retiraron su apoyo por el uso de la violencia contra los manifestantes, que dejó 17 muertos en dos semanas, recordó la agencia EFE.
Amnistía Internacional estimó que desde el 27 de enero murieron por lo menos 27 personas. La manifestación opositora de ayer, de acuerdo con varios corresponsales, sería la más importante desde el inicio del movimiento. Como ya es habitual, en paralelo el gobierno organizó una marcha de apoyo al presidente, que evitó que los descontentos ocuparan la plaza Tahrir de Sana’a. El presidente, además, dijo ante universitarios ayer que “todas estas protestas las financian los sionistas en Israel y se dirigen en una sala de operaciones en Tel Aviv”. También estimó que el presidente estadounidense, Barack Obama, es culpable de “injerencia” en los países árabes que piden cambios. “¿Qué tiene que ver Obama con los países árabes?, ¿es el presidente de Estados Unidos o el presidente de los países árabes?”, se preguntó.
Túnez reclama
Mientras tanto, en Túnez el gobierno de transición atraviesa una crisis política. Los manifestantes continúan acampando para exigir que se cumplan reclamos pendientes desde la caída del régimen de Zine el Abidín Ben Alí, el 14 de enero. Si bien lograron el domingo la renuncia del primer ministro Muamad Ghanuchi, rechazado porque se mantuvo en el cargo desde el gobierno anterior, los manifestantes reclaman también la formación de una asamblea constituyente que elabore una nueva carta magna y que se convoque a elecciones.
Ayer los ministros de Enseñanza Superior y de Investigación Científica, Ahmed Ibrahim, y de Desarrollo Regional, Ahmed Nayib Chebbi, anunciaron, cada uno por su lado, que renunciaban. Los dos son dirigentes de partidos opositores al régimen de Ben Alí. Ibrahim es del Movimiento de Renovación (ex partido comunista) y Chebbi, del Partido Demócrata Progresista.
Chebbi dijo que “podrá servir mejor a la revolución estando fuera del gobierno” y que su renuncia también se debió a la “indecisión” y la falta de rumbo que tuvo el gobierno de Ghanuchi. El lunes habían renunciado otros dos ministros que se mantenían en sus cargos desde el régimen de Ben Alí.
Ante esta ola de dimisiones, surgió el temor a una intervención militar. “Tengo miedo de que la revolución de los jazmines [así se llama al movimiento que el 14 de enero depuso al presidente tunecino] se transforme en un golpe de Estado”, dijo Chebbi. Estimó que la incapacidad de las fuerzas de oposición a la hora de lograr acuerdos puede desembocar en un vacío de poder. Además, destacó que el 17 de marzo expira el mandato del actual presidente interino, Fuad Mebaza, y que según lo que conversó con el nuevo primer ministro, Beyi Said Essebsi, por ahora no se decidió convocar elecciones presidenciales, aunque sí a una asamblea constituyente. A mediados de julio, habrá elecciones legislativas.
En tanto, fue legalizado ayer el partido islamista tunecino, En Nahda (“renacimiento” en árabe), luego de 23 años de clandestinidad. Antes de su legalización el movimiento ya se había sumado al Alto Consejo para la Protección de la Revolución, una estructura que reúne a la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil tunecina que estaban en la oposición, y que espera desempeñar un papel protagónico en el proceso político que está por venir. Pero aún tiene que lograr un acuerdo con el actual primer ministro, Beyi Said Essebsi.
El futuro egipcio
En otro país transformado por las protestas, Egipto, el consejo militar que gobierna desde la caída de Hosni Mubarak, el 11 de febrero, fijó un calendario provisorio para dar varios pasos hacia una democracia. Según informó la agencia de noticias Reuters, el 19 de marzo está previsto que la población se pronuncie sobre las enmiendas propuestas a la Constitución, entre ellas la limitación de los mandatos sucesivos de un mismo presidente y la supervisión de las elecciones por el Poder Judicial. En junio deberán celebrarse las elecciones parlamentarias y presidenciales seis semanas después.