Un penal contra Obama

“Bueno, nosotros... estamos en una posición, francamente, en la que las perspectivas de cerrar Guantánamo, en el mejor de los casos, son muy bajas debido a la amplia oposición que existe aquí, en el Congreso”, decía en febrero el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, en una comparecencia ante el Senado.

Semanas después, el 1º de marzo, fue el fiscal general, Eric Holder, quien reconoció ante la Cámara de Representantes que desconoce si la cárcel de Guantánamo cerrará antes de que termine el actual mandato de Barack Obama, en enero de 2013. “No sé”, dijo Holder, “haremos todo lo posible”.

Si algo faltaba para echar tierra sobre la promesa de clausurar esa prisión, llegó el lunes. Ese día, Obama emitió una orden ejecutiva que restablece las comisiones militares para juzgar a algunos de los prisioneros de Guantánamo. Esas comisiones eran las encargadas de juzgar a todos los detenidos por terrorismo en tiempos de George W Bush y Obama las había suspendido poco después de asumir la presidencia.

En su plan original para Guantánamo, sólo algunos presos serían sometidos a juicio militar en ellas: aquellos que hubieran violado leyes de guerra y que por ser detenidos en un contexto de combate serían arrestados bajo reglas distintas a las civiles: por ejemplo, sin leerles sus derechos. Además, estas comisiones, cuestionadas por sustituir en forma indebida a los tribunales civiles, serían reformadas para prohibir expresamente que admitieran como pruebas declaraciones obtenidas bajo tortura. Éstas serían ahora las nuevas reglas de las comisiones. La Casa Blanca declaró en su comunicado del lunes que ahora esos tribunales “garantizarán el trato humano de los detenidos”.

Reiteró además que el gobierno mantiene como objetivo “el difícil desafío de cerrar Guantánamo”. Las dificultades que enfrenta ese plan quedaron en evidencia ya en 2009, cuando todavía sonaban los aplausos para Obama por su anuncio de que en un año estaría cerrada esa cárcel.

La prisión de la base militar estadounidense en Guantánamo, Cuba, había sido abierta por el ex presidente Bush en enero de 2002 para enviar allí a los sospechosos de terrorismo detenidos después de los atentados del 11 de setiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.

La cárcel, cuyo nombre quedó vinculado a denuncias de detenciones ilegales y tortura, llegó a alojar a 775 presos acusados de estar vinculados a Al Qaeda o el Talibán. Cuando asumió Obama, había 240 y hoy todavía quedan unos 170.

Detenidos para repartir

El plan original de Obama para cerrar Guantánamo recibió críticas de la oposición republicana, que reclamaba mano más dura para los sospechosos de terrorismo y que creía que su iniciativa pondría en peligro la seguridad nacional. Pero también fue criticado por organizaciones militantes por los derechos humanos que entendían que no garantizaba los derechos de los prisioneros.

Esos detenidos, de acuerdo al plan del presidente, se dividían en cinco categorías. Una de ellas la integrarían quienes pasarían a las comisiones militares. Otra incluía a los acusados de violar leyes de Estados Unidos, que serían sometidos a juicios civiles en juzgados de ese país.

Otros dos grupos eran los de quienes, según fallos judiciales ya existentes, no debían estar encarcelados. Algunos quedarían en libertad en suelo estadounidense, y unos 50, en otros países aliados de Estados Unidos, porque enviarlos a sus lugares de origen podía poner en peligro sus vidas. Para aplicar este plan, la Casa Blanca se encontró con la resistencia de algunos gobiernos extranjeros a recibirlos, pero sobre todo con la del Congreso estadounidense, que votó una iniciativa para impedir que fueran liberados en el país.

Por último, había un grupo de detenidos que si bien no podían ser procesados porque no había pruebas suficientes en su contra, eran considerados peligrosos para Estados Unidos. El presidente prometió que ellos no serían liberados, sino que se buscarían todos los recursos legales para juzgarlos. Organizaciones sociales criticaron que de este modo continuarían las detenciones ilegales en Guantánamo.

Aquellos que no fueran liberados ni trasladados al extranjero serían alojados en otras prisiones de Estados Unidos, una perspectiva que también fue criticada, en particular por la oposición republicana.

Pero el plan de Obama para cerrar Guantánamo, cuando todavía una comisión trabajaba para elaborarlo y afinarlo, recibió un golpe de parte de senadores de su propio Partido Demócrata, que a principios de 2009 se negaron a votar los recursos necesarios para ejecutarlo.

El presidente ya argumentaba por entonces que ese centro de reclusión debilitaba la seguridad nacional de su país, que era una motivación para los “enemigos” de Estados Unidos, y que era más caro mantenerlo que cerrarlo. Argumentaba también que Guantánamo funcionaba como centro de reclutamiento de terroristas. Según distintas fuentes, uno de cada cinco, o uno de cada siete, liberados de esa prisión se unió luego a grupos terroristas o regresó a ellos.

Más lejos del cierre

A la oposición en el Congreso se sumaron las demoras que sufrió el grupo de trabajo encargado de afinar el plan de cierre de Guantánamo, y ya en 2009 el propio Obama reconoció que no podría cumplir con el plazo prometido. Dijo al canal Fox News que no podía establecer “una fecha exacta” para el cierre “porque mucho depende de la colaboración del Congreso”. Esa colaboración no llegó y los parlamentarios mantuvieron su rechazo a votar fondos para cumplir esta meta y siguieron sin aceptar que presos de Guantánamo fueran liberados en territorio de Estados Unidos.

La administración Obama quedó así más expuesta a las críticas de quienes reclamaban que cumpliera su promesa. También quienes se oponían a esa iniciativa encontraron desde entonces nuevos elementos para argumentar que el gobierno impulsaba una política poco firme contra el terrorismo y que no protegía lo suficiente a Estados Unidos ante la posibilidad de ataques. Alimentaron esos argumentos algunos atentados fallidos, como el de un nigeriano que intentó derribar con explosivos un avión, en diciembre de 2009, o el de un estadounidense de origen paquistaní que planeó un ataque con coche-bomba en Times Square, Nueva York, en mayo de 2010.

Pero el principal impulso a los argumentos contra el plan de Obama lo dio el primer juicio civil a un detenido de Guantánamo, Ahmed Khalfan Ghailani, a fines de 2010. Este originario de Tanzania, de 36 años, era uno de los presos emblemáticos de Guantánamo y estaba acusado de participar en los atentados cometidos por la red Al Qaeda contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia, en 1998, en los que murieron 224 personas.

Como el tribunal no admitió como pruebas los testimonios obtenidos bajo tortura, y a falta de otras pruebas, sólo se lo halló culpable de dos de los 285 cargos en su contra: de conspirar para dañar o destruir propiedad estadounidense al ayudar a comprar camiones y químicos que luego fueron usados en los ataques.

En cambio, fue absuelto de cargos como los de asesinato o conspiración para asesinar. Sin embargo, los cargos bastaron para que recibiera, el 25 de enero, una condena a cadena perpetua. La Justicia desestimó los argumentos de su defensa y concluyó que el acusado sabía para qué se utilizarían esos camiones y químicos.

Algunos actores políticos y sociales, como Amnistía Internacional, entendieron que el proceso contra Ghailani prueba que es viable un juicio justo para los detenidos en Guantánamo. Pero los críticos a la estrategia de Obama opinaron que los 283 cargos que no se pudieron probar pusieron en evidencia que son necesarios los tribunales militares para estos casos.

Muchos de quienes sostienen esta posición votan en el Congreso, que aprobó, después del juicio a Ghailani, una ley que dificulta el traslado de los detenidos de Guantánamo a territorio estadounidense, lo que reduce las posibilidades de que se los juzgue en tribunales civiles del país. Esta ley fue uno de los factores que forzaron a Obama a reactivar las comisiones militares para juzgar a algunos de los presos de esta cárcel, que por ahora promete acompañarlo durante todo su mandato.